Por primera vez, crímenes de lesa humanidad contra el colectivo travesti y trans llegan a juicio

Un hecho histórico se da para el colectivo travesti y trans que por primera vez verá llegar un poco de justicia por la violencia sufrida durante la última dictadura cívico militar. El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak procesó a decena de civiles, militares y policías retirados por por perseguir, secuestrar, torturar y abusar de personas travestis y trans.
 
Entre los procesados está Miguel Osvaldo Etchecolatz. La decisión judicial se dio en el marco de una serie de procesamientos que involucraron más de un centenar de víctimas en las causas que investigan los delitos del terrorismo de Estado sucedidos en el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes y El infierno, centros clandestinos que funcionaron en el sur y sureste del conurbano bonaerense.
 
Según consignó Página 12, es la primera vez que el ataque sistemático contra el colectivo travesti y trans es tenido en cuenta dentro del accionar del terrorismo de Estado. Se dará en un juicio oral, que ya lleva dos años.
 
En este proceso se juzgan los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención conocido como el Pozo de Banfield. El juez federal indicó que allí “se cometieron diversos crímenes que tuvieron por víctimas a personas en razón de su orientación sexual e identidad de género autopercibida al tiempo de los hechos, evidenciando una situación de palmaria discriminación que, hasta la fecha, no ha sido puesta debidamente de manifiesto en el marco de las investigaciones por los crímenes de lesa humanidad cometidos antes y durante la última dictadura cívico-militar”.
 
Por su parte, la Fiscalía federal sumó querellas que representan a sobrevivientes, familiares de víctimas y al Estado, al que se sumó personal del Juzgado de Instrucción Federal 3 de La Plata, que tuvo como objetivo completar el mapa de violaciones a los derechos humanos perpetradas en esos los centros clandestinos
 
“Incorporamos casos nuevos, sumamos responsabilidades a casos que ya integraban la causa y sumamos a un imputado. La idea es tratar todo esto en el actual debate para no tener que hacer otro más adelante”, apuntó Ana Oberlin, auxiliar fiscal que trabajó en los expedientes.
 
Se trata de 300 nuevos casos por los que la quincena de represores, entre civiles, militares y policías retirados deberán responder ante la Justicia. Uno de estos cambios fue amliar el “criterio de imputación” sobre el ejercicio de la violencia por medios sexuales que los represores llevaron a cabo contra mujeres cis, travestis y trans.
 
Oberlin destacó que esto da un apartado que es “fundacional” en el tratamiento judicial de los crímenes de lesa humanidad, que es el procesamiento de una decena de represores por secuestro, torturas y violaciones a siete travestis y trans. “Es la primera vez que en el ámbito judicial se considera al colectivo travesti y trans como objetivo a atacar dentro del Plan Sistemático”, expresó la fiscal.
 
En concreto, la fiscalía logró hallar a las siete víctimas para que contaran su historia en el marco del expediente que hoy las considera víctimas de delitos de lesa humanidad. A través de sus relatos, se pudo saber que fueron secuestradas en situación de prostitución, golpeadas y trasladadas al centro clandestino que funcionó a pocos kilómetros de Puente La Noria, en la localidad de Banfield.
 
Todas eran jóvenes que contaron que al llegar al centro clandestino las “tiraron como animales, con hambre, frío, maltrato, corte de pelo, violadas, tratadas malísimamente”, relató una de ellas. Recordaron maltratos físicos, insultos sobre su identidad de género, sometimiento a la servidumbre, abusos sexuales –eran obligadas a mantener relaciones sexuales a cambio de comida o abrigo–.
 
“Tales crímenes no resultan aislados sino que se enmarcan en un contexto de discriminación histórica y estructural, ahondada por las acciones desplegadas durante el terrorismo de Estado”, remarcó Kreplak en el documento en el que consideró responsables de esos hechos a nueve de los 14 represores procesados por los hechos del Pozo de Banfield.
 
El magistrado consideró que “el constante hostigamiento y criminalización sufrido estructural e históricamente por las disidencias sexo-genéricas (...) alcanzó niveles de intensidad y sistematicidad mayores en la época” de la última dictadura.
 
Hasta ahora, la causa que investiga los hechos del Pozo de Banfield contaba con un solo caso de la comunidad travesti trans en la lista de víctimas querellantes que llegaron a juicio: el de Valeria del Mar Ramírez. En el país, no hay otros que hayan llegado a juicio y son poquísimos los que integran un expediente judicial de lesa humanidad.