Ciudad y Nación se reúnen por los fondos de la policía, tras el duro informe contra CABA

El gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires vuelven a realizar un encuentro hoy, al filo de la última extensión del plazo para llegar a un acuerdo que determinó la Corte Suprema, ante el amparo presentado por Horacio Rodríguez Larreta ante el máximo tribunal para intentar quedarse con los fondos extra para la seguridad que le había transferido Mauricio Macri y cuestiona el Frente de Todos y la mayoría de los gobernadores.

La idea es intentar zanjar las diferencias por la quita decidida por Nación en 2020 respecto del dinero que se gira a CABA para el mantenimiento de la Policía porteña luego del traspaso. La fecha original vencía originalmente el 26 de abril, según dispuso en un primer término la Corte, pero poco antes de esa fecha ambas administraciones acordaron pedir una extensión de quince días hábiles. Vence hoy, por lo que a partir de lo que suceda en este nuevo encuentro, podría volver a prorrogarse el plazo.

Por Nación dialogaron y negociaron durante los últimos dos meses equipos encabezados por Silvina Batakis, secretaria de Provincias del Ministerio del Interior. Por la Ciudad, funcionarios conducidos por el jefe de Gabinete, Felipe Miguel. La judicialización comenzó en septiembre de 2020, cuando el presidente Alberto Fernández anunció la quita de un 1,18 por ciento de los fondos coparticipables que recibía la Ciudad para la Policía tras un aumento decretado por Macri.

Luego, a través de una ley votada por el Congreso, se estableció que Nación debía abonarle ya no un porcentaje de la coparticipación sino una suma fija a la Ciudad, en concepto de la compensación por la transferencia de la seguridad.

Días atrás, veintiún provincias aprobaron el informe técnico de la Comisión Federal de Impuestos por los fondos sobre el traspaso de la Policía a la Ciudad de Buenos Aires en 2016 y estableció en 11.000 millones de pesos el monto de esa operación. Esta cifra contradice la justificación del Gobierno porteño que fijó esa maniobra en más de 18 mil millones. La definició recibió la negativa de la propia Ciudad de Buenos Aires y de Mendoza, mientras que Nación se abstuvo y Corrientes estuvo ausente.