Informe advierte que la inversión del GCBA en la reurbanización del Barrio 31 cayó "exponencialmente"

Durante años, las organizaciones y vecinos del barrio Padre Carlos Mugica lucharon para lograr la reurbanización. Con movilizaciones y recursos judiciales lograron la ley 3.343 en 2009 que dispuso las obras que deben realizarse. Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad decidió disminuir el presupuesto para este objetivo.

Así lo demostró un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que indicó que la partida presupuestaria para la reurbanización del barrio tuvo “una creciente inversión” desde su inicio en 2016 hasta 2019, tras lo cual la asignación presupuestaria cayó “exponencialmente”.

El documento sostiene que el descenso de los montos ocurrió “cuando aún se encontraba pendiente la realización de gran parte de las conexiones domiciliarias a los servicios públicos y había gran cantidad de obras sin ejecutarse, sobre todo en las manzanas del barrio histórico”, según consignó Télam.

En el informe se detalla que entre 2016 y 2018 el presupuesto porteño destinado a villas creció de manera constante y “los montos efectivamente devengados presentaron un pico en 2019”, sin embargo, agrega que “desde 2020 la asignación presupuestaria descendió sustancialmente”.

“El presupuesto para 2020 descendió por debajo del sancionado para 2017, pasando de $8.059.608.883 a $7.318.766.462”, detalla y señala que “desde el comienzo de la reurbanización del barrio Mugica, en el año 2016, hasta el tercer trimestre de 2021, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha destinado un total de $36.630.619.985 a esa labor”.

“La percepción con respecto a los efectos que produjeron las obras de vivienda sobre su calidad de vida resulta alarmante: el 55% de quienes sí accedieron a una vivienda nueva consideraron que la calidad del inmueble es igual o peor que la de su vivienda anterior”, resalta.

Y respecto a quienes accedieron al mejoramiento de su vivienda, el 57% declaró que mejoró la calidad de la misma, mientras que el 43% sostuvo que su situación permanece igual o empeoró luego de la intervención estatal.