Las medidas judiciales contra la prohibición del lenguaje inclusivo del GCBA

El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, junto con la ministra de Educación Soledad Acuña, decidieron prohibir el lenguaje inclusivo en las escuelas de la Ciudad con el fin de "sacar las trabas y los obstáculos" en el proceso de enseñanza por parte de los y las docentes. El repudio a la medida fue masivo y ahora comienza a ser judicializada.
 
Ya se presentaron dos amparos en la justicia. Uno fue presentado por la legisladora porteña del Frente de Todos, Laura Velasco, junto a la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos (CADH), en contra de la nueva normativa que para ellos es "antidemocrática”. “La misma resolución de la ministra deja entrever que no hay ningún fundamento científico/académico que diga que algunas de las formas del lenguaje inclusivo -como la X, la E o el ‘arroba’- puedan dificultar las prácticas del lenguaje a les estudiantes”, explicó Velasco en diálogo con Télam Radio.
 
Mientras que en sus redes sociales, escribió: "El Gobierno porteño pretende, a través de esta prohibición, cambiar un fracaso educativo que no tiene que ver con la visibilidad de identidades de género sino con el sistema y la política que lleva adelante en materia educativa. La ministra Soledad Acuña debería preocuparse por no atrasar en una sociedad que avanza en igualar derechos y por gestionar su área, en una ciudad con enorme presupuesto pero que tiene escuelas sin gas, comida en mal estado en los comedores y miles de estudiantes sin vacante".
 
Según consignó El Destape, la legisladora sostuvo que este amparo "busca que les integrantes de la comunidad educativa puedan usar el lenguaje inclusivo en todas sus formas y variantes, especialmente aquellas que buscan nombrar e incluir identidades no binarias, sin que esto conlleve algún tipo de sanción o incumplimiento".
 
Por otro lado, se presentó un segundo amparo por parte de Celeste Fierro y Vanesa Gagliardi, referentes del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT-Unidad), quienes argumentaron que la medida aprobada por el Ministerio de Educación de CABA “reduce la libertad de expresión y los derechos de género”.
 
“Acuña atrasa y discrimina. En sus siete años de gestión como ministra, desde 2015 hasta hoy, redujo el presupuesto educativo del 23% al 19%. Ahora también pretende reducir autoritariamente la libertad de expresión y los derechos de género reconocido en leyes y constituciones”, advirtió Fierro.
 
“Al deterioro social, la superpoblación de aulas, el bajo presupuesto educativo y la precarización docente se suma que, durante la pandemia, Acuña y su jefe Rodríguez Larreta no garantizaron computadoras ni conectividad. Allí están las causas del retroceso en la comprensión de textos”, agregó Gagliardi.