Cruces entre Nación y Ciudad por la sobrepoblación de presos en las comisarías porteñas

Los gobiernos de Ciudad y Nación tienen un nuevo cruce. Esta vez se debe a la sobrepoblación de presos en las comisarías porteñas. La discusión fue iniciada por el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, quien aseguró que en una conversación privada con la interventora Servicio Penitenciario Federal (SPF), María Laura Garrigós de Rébori, la funcionaria le habría pedido que “deje de detener personas para no tener problemas en las comisarías”.
 
Este dato surge luego de una fuga de cuatro presos de una comisaría de Chacarita y fue negado por la propia Garrigós de Rébori. Por el contrario, desde el SPF aseguran que la mitad de los presos del país son de CABA.
 
Hoy, Jorge Macri, ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se sumó a la critica y aseguró: "Estamos sentados en una bomba de tiempo porque esas comisarías no están preparadas para tener tanta gente detenida y en cualquier momento se puede escapar un delincuente peligroso y lo va a sufrir alguien que no tenía por qué sufrir un hecho violento o tal vez la muerte de alguien", expresó el funcionario en declaraciones al canal televisivo TN.
 
Además, sostuvo que desde la Ciudad "se le pidió al Servicio Penitenciario Federal que nos de una respuesta urgente antes de que la situación sea insostenible".
 
Por su parte, la interventora del SPF aseguró que la mitad de los presos del país alojados en penales federales son de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Agregó que la última vez que habló con D’Alessandro fue en el 2020, a raíz de la emergencia sanitaria por el COVID-19, y que la Policía de la Ciudad de Buenos Aires -al igual que otras fuerzas de seguridad- tienen “un cupo para alojar 100 personas por semana”.
 
“La Ciudad es la que elige a quienes mandar (al Servicio Penitenciario Federal), si son las personas que van a salir próximamente en libertad o las que están condenadas”, sostuvo en diálogo con Radio 10.
 
En ese marco, Garrigós destacó que es “el Poder Judicial el que dispone si una persona queda en libertad o queda detenido, no el Servicio Penitenciario”. “El lugar (para los presos) no depende del Servicio Penitenciario. Las unidades tienen un cupo límite. No solo tienen que tener camas, sino inodoros y lugar para que trabajen y estudien. El Estado tiene que tener un lugar adecuado para no apilar a la gente una del lado de otra”, afirmó.
 
Además, apuntó al gobierno porteño por no contar con un servicio penitenciario propio, una condición que comparte únicamente con la provincia de La Pampa. Así responsabilizó al Gobierno porteño por discontinuar durante el gobierno de Mauricio Macri un convenio firmado con el ex ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, para construir nuevas camas en el penal de Marcos Paz, un espacio destinado para los presos porteños.
 
“La Ciudad de Buenos Aires hizo un convenio con Garavano para construir una unidad en Marcos Paz de 2200 plazas. Esa unidad está muy avanzada y la construcción se ha frenó en diciembre del año pasado. No han cumplido ese convenio. La partida fue destinada a otra cosa y no se sabe si la van a retomar”, indicó.