"Disparen sobre las pobres", por Werner Pertot

Luego de la batalla contra el lenguaje inclusivo en las escuelas, Horacio Rodríguez Larreta hizo la semana pasada otro genial acto de campaña: anunció que las familias de menores recursos, aquellas que cobran algún plan social porteño, perderán ese derecho si sus hijos o hijas no alcanzan el 85 por ciento de presentismo en las escuelas. La medida fue repudiada al unísono por sindicatos docentes, movimientos sociales, diversos sectores políticos. En la conferencia de prensa en la que la anunciaron, la ministra de Educación, Soledad Acuña, la de las frases célebres, sostuvo que el nivel de ausentismo es altísimo –dijo que hay chicos que van tres de los cinco días a la escuela-, pero no pudo explicar por qué no van esos chicos y chicas a la escuela. Jamás se preocuparon por averiguarlo. Se trata de otra medida orientada a las campañas electorales (la de presidente de Larreta, la de jefa de Gobierno de Acuña) que pensando en las y los estudiantes.

“Quienes no manden a sus hijos a la escuela van a dejar de percibir el adicional por hijo del programa Ciudadanía Porteña”, fue el anuncio que hizo Larreta, sobre un programa que apunta a la población que está apenas por encima de la indigencia. También dejó en claro que, si en seis meses no cambia esa situación, se le da de baja la totalidad del plan. Se trata de unas 40 mil personas que cobran apenas 11 mil pesos por mes. Con la tarjeta que les dan solo pueden comprar alimentos, artículos de limpieza y útiles escolares. Larreta, en plan electoral, le propuso al Gobierno nacional que tome una medida similar.

Sin modificar la ley de la que depende el programa de Ciudadanía porteña, Larreta cambió la definición de alumno regular. “Hasta hoy, ser ‘alumno regular’ significaba solo estar inscripto (en una institución educativa). Ahora, los chicos tendrán que cumplir una asistencia mínima del 85 por ciento en cada bimestre”, afirmó el mandatario. Para la mayoría de las familias de clase media, esto no tendrá ninguna incidencia (no afecta la matricula). Pero para los sectores de clase baja que reciben un plan, se suma un requisito más para poder seguir cobrando.

La ministra de Educación dijo que el 30 por ciento de los alumnos tuvieron cinco falta o más en el último tiempo. Si la Ciudad tiene unos 600 mil estudiantes, se refería a una población de 180 mil. No obstante, la medida que toman apunta a controlar la presencialidad de los 26 mil cuyas madres cobran un plan.

Tampoco está muy claro cual sería el beneficio de quitarles el sustento: “Si la derecha moderada pretende resolver el problema del ausentismo escolar privando a los niños y niñas de comida, me pregunto cómo será la no moderada”, reflexionaba Sol Prieto, directora nacional de Economía e Igualdad de Género.

No tardaron en salir los gremios docentes a recordar las miles de vacantes que faltan en la Ciudad. Larreta, en ese punto, parece tener una preocupación por el derecho a la educación selectiva: cuando se trata de dejar afuera niños y niñas de menos de cuatro años o bien de recortar el presupuesto para construir escuelas, no le tiembla la mano.

Pero la medida de Larreta no atiende los problemas concretos que la Auditoría General de la Ciudad le señaló sobre el programa Ciudadanía porteña, a través de tres informes distintos entre 2020 y 2021. A saber:

* "Desde el área competente no se llevan adelante tareas de promoción de reingreso al sistema educativo formal de niños, niñas y adolescentes hubieran desertado a través de la gestión de vacantes", indican los informes. Es decir, pese al anuncio declamado, el Gobierno porteño se viene desentendiendo de hacer un seguimiento de los menores de edad y de su acceso a vacantes. Y ni hablemos de fomentar su reingreso. Aquí mismo quedan desmentidas las “buenas intenciones” del anuncio. Y esto lo señaló la Auditoría previo a que decidieran castigar por la vía de dejar a la familia sin los ingresos (algo que la ministra Acuña llamó eufemísticamente un "incentivo" para mandar a los niños y niñas a la escuela).

* Y tampoco "se realiza seguimiento, acompañamiento y orientación a los hogares beneficiarios así como la derivación en los casos necesarios: por ejemplo, ante situaciones de repitencia y sobre-edad en educación; riesgos en salud y desarrollo nutricional y vulnerabilidad social". Lo que muestra el informe, en este punto, es que el Estado aparece al final de la película, solo para recortar planes.

* "Incumplimientos en los seguimientos a los controles de salud y de formación correspondientes a los programas".

* "Debilidades en las notificaciones a los beneficiarios de las bajas y modificaciones". Esto es lo que la titular de la Auditoría consideró una vulneración de los derechos de las personas que acceden al programa.

* "Subejecución de las metas físicas (cantidad de beneficiarios por año) programadas". Es decir, el programa lo recibían menos beneficiarios de los que estaban pautados. Otros programas como el "Estudiar es trabajar" -destinada a dar apoyo a adultos de entre 18 y 40 para que terminen sus estudios- tuvo bajas inexplicables, como 300 personas menos de un mes a otro (en febrero de 2020). O la "red primeros meses", destinada a ujeres embarazadas o madres de niños o niñas de hasta un año. Es un programa destinado a reducir la mortalidad infantil, que tiene una llamativa caída en las inscripttas. En 2021, por ejemplo, hubo una caída de 139 hogares y de 261 beneficiarios en un año.

* "Falta de transparencia en el mecanismo de la actualización de los montos de los beneficios".

Ninguna de estas falencias concretas que encontró la Auditoría en el programa fueron abordadas en el anuncio.

Y se le suma otra: un análisis del presupuesto destinado, que se reduce año a año. El recorte fue, entre 2016 y 2020, en promedio de un 29 por ciento. En 2017, cayó un 40 por ciento, igual que en 2018. Y durante 2020, un 18 por ciento. El área que se ocupa del programa fue bajada de rango: pasó de ser una dirección general a una gerencia operativa en agosto de 2021.

Esto tiene, lógicamente, un correlato en la caída de beneficiarios: desde 2014 hasta 2021, la cantidad de personas que reciben el programa cayó un 21 por ciento, lo cual es más llamativo en un contexto de crecimiento de la pobreza. Más de la mitad de las beneficiarias son mujeres.

El informe no entra en los reclamos por falta de vacantes, que crecen año a año, sobre todo en el sur de la Ciudad, donde -según las estadísticas del Gobierno porteño en 2019- el 43,3 por ciento de los menores de 18 años se encontraban en situación de pobreza multidimensional, y donde se da el mayor porcentaje de menores con percepción del programa Ciudadanía porteña era del 5,3 por ciento para el 2020.

En conclusión, la medida electoralista de Larreta no apunta a mejorar la asistencia de los estudiantes sino a acentuar la quita de planes sociales que ya estaba haciendo. En el proceso, recurre a los peores imaginarios sociales, insistiendo en que las personas pobres no mandan sus hijos e hijas a la escuela. Los números revoleados graciosamente por la ministra en la conferencia de prensa no tiene discriminación por zona, nivel escolar, nivel de ingresos. Nada que permita suponer que la medida tendrá algún efecto opositivo. Son títulos de campaña. Porque de eso se trata.