Lanzaron la campaña para declarar la emergencia urbanística, ambiental y habitacional en la Ciudad

Con actividades en quince puntos de la Ciudad de Buenos Aires, organizaciones sociales, políticas y barriales lanzaron este fin de semana una campaña para que se declare la "emergencia urbanística, ambiental y habitacional en la Ciudad" y presentarán un proyecto de ley en la Legislatura con este objetivo. Las organizaciones plantean que la Ciudad se encuentra en emergencia, entre otros puntos, por el avance inmobiliario habilitado por el nuevo Código Urbanístico (CUR), la pérdida de superficie verde pública y la falta de soluciones habitacionales para los sectores más empobrecidos de la población: "En la Ciudad más rica del país, uno de cada seis habitantes se encuentra en emergencia habitacional", advierten.
 
La campaña es impulsada por el movimiento "La Ciudad somos quienes la habitamos", que nuclea a organizaciones como el Observatorio del Derecho a la Ciudad, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA, y la CTA Autónoma. Además, adhieren organizaciones barriales como Vecinxs autoconvocados de Rodrigo Bueno, Vecinxs por Saavedra, Conciencia Urbana Comuna 11 o Basta de destruir Devoto. Durante las actividades del fin de semana las organizaciones juntaron firmas para apoyar el proyecto de ley que busca declarar la emergencia urbanística, ambiental y habitacional, informa Página 12.
 
En cuanto a la emergencia urbanística, las organizaciones apuntan principalmente contra el CUR aprobado en 2018 que, aseguran, "consolidó una planificación de la ciudad orientada a la especulación inmobiliaria". En este sentido, advierten que la planificación urbana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estimula "la sobreconstrucción de torres suntuosas" ya que "no concibe a los edificios como viviendas, sino como activos financieros inmobiliarios, destinados al 3 por ciento de la población que cuenta con los recursos necesarios".
 
Como casos paradigmáticos de este tipo de planificación, las organizaciones ubican a las leyes que habilitaron la privatización, actualmente frenada por la Justicia, de parte de los terrenos de Costa Salguero y que habilitaron al Grupo IRSA para construir torres de lujo en el predio de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, emprendimiento también frenada por la Justicia. Además, rechazan el avance de edificios en zonas de casas bajas que habilitó el nuevo CUR a través de la ampliación de las alturas y capacidades constructivas habilitadas en cada barrio.
 
"Los servicios públicos están cada vez más colapsados mientras se destruye de forma innecesaria la identidad de los barrios porteños por políticas urbanas impuestas autoritariamente sin participación de la ciudadanía", alertan y sostienen que "la construcción es una de las fuentes de contaminación más importantes a nivel mundial, por lo que la política debería estar orientada a la rehabilitación integral de viviendas existentes y a impulsar el acceso a la vivienda".
 
En este sentido, las organizaciones también plantean la necesidad de que se declare la emergencia habitacional. Entre otros puntos, advierten que, en la ciudad más rica del país, "uno de cada seis habitantes se encuentra en emergencia habitacional y uno de cada siete habita en villas o asentamientos". Hace unas semanas, organizaciones sociales presentaron un relevamiento hecho en barrios populares porteños en el que indicaron que son alrededor de 400 mil las personas que viven en villas o asentamientos en el territorio de la Ciudad.
 
"Actualmente, el 40 por ciento de la población de la ciudad es inquilina y debe destinar casi el 50 por ciento de sus ingresos a pagar el alquiler", agregan las organizaciones que subrayan que "no existe acceso al crédito hipotecario". "Hoy se necesita el equivalente a 29 años de trabajo en el sector formal, suponiendo que el salario se ahorra por completo, para comprar una vivienda de 60 metros cuadrados cubiertos en CABA, 19 años más que los requeridos en 2017", sostienen y añaden que "dejamos de ser una sociedad de propietarios/as para encontrarnos frente a una nueva división social: hogares inquilinos y clase propietaria. La oferta de inmuebles para alquilar continúa reduciéndose en Buenos Aires".
 
Por el lado de la emergencia ambiental, aseguran que "la sobreconstrucción del suelo urbano no considera la calidad de vida, el ambiente y el patrimonio". "En la Ciudad, el modelo urbano ha potenciado el fenómeno de calentamiento. La temperatura máxima anual aumentó casi un grado", agregan. Las organizaciones destacan que en los últimos trece años el oficialismo porteño privatizó más de 500 hectáreas de tierras públicas, de las cuales 150 eran superficies verdes.
 
"Los datos oficiales revelan que los valores medios de superficie verde por habitante en la Ciudad se encuentran muy por debajo de los estándares internacionales recomendados", sostienen en este sentido. Además, denuncian que el promedio de arbolado público por habitante "es inferior a la mitad de lo recomendado por la OMS" y que todos los ríos y arroyos se encuentran contaminados.