Causa Riachuelo, la histórica deuda del GCBA: qué herramientas legales tienen las familias

La causa Riachuelo, conocida también como Mendoza, es una de las deudas históricas de la Ciudad que abarca tanto lo ambiental como la situación habitacional de quienes viven en la vera de estas aguas. Marcela Millán, del Ministerio Público de la Defensa de la CABA, denunció que “el Gobierno porteño no estima prioritaria la urbanización y el acceso a los servicios de las familias afectadas en la principal causa ambiental de la Argentina”.
 
Todo comenzó en 2008 cuando la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la familia Mendoza, y otros, y ordenó al Estado nacional, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Provincia de Buenos Aires mejorar la calidad de vida de los habitantes y recomponer su ambiente. Tiempo después, en 2011, se dispuso la liberación del camino de sirga, razón por la cual devino necesario relocalizar a la población de villas y asentamientos que residían sobre la vera del Riachuelo.
 
Así, ingresa un nuevo actor que es el MPD, que asumió la defensa legal de las y los vecinos que residían en la Villa 21-24, en la Villa 26 y en los asentamientos Luján, El Pueblito, Magaldi y Lamadrid. El objetivo es garantizar que las relocalizaciones y posterior urbanización se lleven adelante respetando estándares de derechos humanos.
 
Ante la falta de políticas del Gobierno de la Ciudad en pos de lograr la relocalización, se informa que “se han relocalizado 1094 familias de las 2745 afectadas por la liberación del camino de sirga; es decir, aproximadamente el 40% de la población prevista”. Sin embargo, advierten que “las condiciones de habitabilidad de los complejos urbanos hacia donde fueron destinados han presentado diversas dificultades”.
 
En ese sentido, existió una presentación judicial del asesor tutelar de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Gustavo Moreno, en la que denunció que las familias que fueron relocalizadas en el complejo ubicado en las avenidas Fernández de la Cruz y Lacarra de esta Capital estuvieron 10 años sin gas.
 
Dentro de las denuncias sobre relocalizaciones se destacan dos problemas que pesan sobre los nuevos complejos habitacionales son la “deficiencias en la infraestructura” y la “sostenibilidad” de los créditos ya que las “familias no se encuentran en condiciones de afrontar el pago de las cuotas de crédito, de tarifas de servicios públicos o expensas demasiado elevadas para una población cuyos ingresos se encuentran por debajo de la línea de pobreza”.
 
El informe es contundente: “A doce años de la sentencia del Máximo Tribunal, aún persisten familias sin relocalizar y barrios sin urbanizar. Estos retrasos, además de mayor tiempo de exposición y vulnerabilidad de las familias a un ambiente degradado, importaron una escasez de soluciones habitacionales de calidad, tanto viviendas nuevas como mejoramientos en el barrio”.
 
Dieron una cifra alarmante: en la actualidad hay más familias viviendo en la vera del Riachuelo que las que había en 2011. En ese sentido, la Defensora General de la Ciudad, Marcela Millán, participó en julio de la primera audiencia pública presencial post pandemia de ACUMAR y actualizó la información: “A 14 años de la resolución de la Corte, los avances en materia de soluciones habitacionales en la Ciudad se han presentado de manera muy lenta y espaciada”. Y agregó que “esta dinámica propicia el crecimiento de la población y su continua exposición a las consecuencias de vivir a la vera del Riachuelo”.
 
Se presentaron diferentes medidas judiciales donde se discutió “la conducta del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) por cuanto denegó otorgar soluciones habitacionales a personas que carecen de ingresos para obtener por sí mismas la satisfacción de necesidades habitacionales”.
 
Esto se suma a la denuncia realizada el año pasado por el auditor porteño por el Frente de Todos Lisandro Teszkiewicz advirtió que “el Gobierno porteño disolvió el organismo que tenía que encargarse del principal foco de contaminación ambiental, el Riachuelo” y que “cuando se revisaron los números, quedó a la vista que más de la mitad del presupuesto destinado al saneamiento se lo utilizó en otras cosas”.
 
Según Millán, a pesar de las constantes propuestas integrales y del aporte de los afectados, “nos encontramos recién ahora, a más de 10 años del fallo, discutiendo criterios de abordaje de urgencias y prioridades, puesto que las soluciones presentadas siempre resultan parciales”.
 
Algunos incumplimientos del Gobierno de la Ciudad:
 
Villa 21-24
 
En este caso, la defensora Millán explicó que “aunque este barrio se cita como ejemplo del nuevo paradigma de intervención de ACUMAR, porque la obra se ha dado por terminada, a la fecha aún quedan sectores del barrio donde la obra no se realizó”.
 
En ese sentido, resaltó que es preocupante “la inconsistencia con lo planificado y en particular la situación de los pasillos que no cumplen con los requisitos de la normativa de AySA. Estos sectores del barrio no cuentan con tendido de red como tampoco lo tienen un gran número de familias que aún aguardan ser relocalizadas, debido al retraso de las obras de vivienda”.
 
Asentamientos Magaldi y El pueblito
 
Estos asentamientos lindan con la Villa 21-24 y los problemas son serios y persistentes. Millán indicó que “desde 2020 existen órdenes judiciales sobre obras de infraestructura para las que abiertamente el Gobierno de la Ciudad manifiesta falta de presupuesto”. Así, destacó que “es llamativo que a más de dos años de mudado complejo habitacional Alvarado no ha tomado la obra para operar el servicio de agua”.