"El conflicto educativo que nunca tendrá fin", por Werner Pertot

Al final, puede que Soledad Acuña, la de las frases célebres, acuerde con aquello de “cuanto peor, mejor”. Si no, no se explica por qué sostiene un conflicto con los estudiantes en una posición que solo multiplica las tomas y que terminó en una marcha masiva la semana pasada, al tiempo que tampoco da respuesta a los docentes por la situación salarial y sigue acumulando paros docentes y, por si todo esto fuera poco, también tiene comunidades educativas enteras protestando por haber cambiado de prepo colegios de jornada simple a jornada completa con todo lo que eso implica para la organización familiar. Incluso, por esto último, le metieron un amparo. Si de desoir se trata, la ministra ya es campeona: lo prueban los informes de la Auditoría General de la Ciudad que advierten desde 2016 sobre las viandas las mismas cosas que ahora le reclaman los estudiantes.

La marcha sumó a centros de estudiantes de los diversos colegios tomados (llegaron a ser 25 y luego fueron levantando las tomas) y de otros que no llegaron a la toma, pero igual apoyan el reclamo con asambleas y protestas de distinto tipo. Los planteos al Gobierno porteño son razonables hasta sacar lágrimas: un pedido de diálogo con las autoridades porteñas ante reformas inconsultas como la de la Secundaria del Futuro o las prácticas laborales obligatorias. En segundo lugar, un reclamo de reforzar el presupuesto educativo, que viene de recorte en recorte y de subejecución en subejecución. En tercer lugar, mejorar el sistema de comedores escolares.

Los carteles decían cosas como ”Ministra, empiece a invertir y deje de hacer marketing" o "Seguimos en lucha porque Larreta no escucha". La marcha culminó en la sede del Gobierno porteño, en Parque Patricios. La columna del Mariano Acosta era de las más nutridas: es lo que consiguieron con el hostigamiento a estudiantes –a quienes el primer día les cortaron la luz- y a padres y madres –a quienes demandaron por cifras millonarias-. La Policía de la Ciudad actuando como mensajera de Acuña o rondando las escuelas no logró el efecto disuasivo que esperaban, sino que hizo recrudecer el conflicto.

De hecho, el mismo día de la marcha hubo un segundo paro docente de UTE-CTERA y Ademys, en reclamo de mejoras salariales, de eliminar la decisión de pasar las jornadas de capacitación a los sábados y en apoyo a la lucha estudiantil. Acuña, en un punto, es coherente: no dialoga con nadie, ni con alumnos y alumnas, ni con docentes. Al mismo tiempo, ya está lanzada para ser jefa de Gobierno: ¿en serio cree que se puede gobernar así la Ciudad?

La mayoría de las tomas ya se levantaron, pero el reclamo persiste. Y lo peor es que siguen apareciendo documentos que les dan la razón a los y las estudiantes. Por ejemplo, todos los informes de la Auditoría porteña que plantean sobre las viandas serias irregularidades en el sistema, que vienen siendo arrastradas desde por lo menos 2018. Según el último informe, hay falta de control en el servicio alimentario de los comedores en las escuelas, irregularidades en las modalidades de contratación de las empresas, insuficiencia en los mecanismos de aplicación de penalidades y sanciones para los proveedores del servicio. Todo ello, advierten desde la Auditoría, en detrimento de un entorno alimentario apto para el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes.

La Auditoría había advertido que los casos por intoxicaciones y el mal estado de las viandas escolares aumentaron exponencialmente en los últimos años, con serios señalamientos de diferentes organizaciones de la sociedad civil e institucionales. Destacaban uno en marzo de 2020 cuando más de 100 chicos, entre siete escuelas diferentes, sufrieron intoxicaciones por comer alimentos en mal estado.

No es tampoco el primer informe de la Auditoría que advierte sobre la falta de control sobre el sistema tercerizado y privatizado de alimentación en las escuelas. En 2016, por ejemplo, otro informe advirtió sobre la falta de control en el servicio alimentario de los Comedores Escolares de la Ciudad (educación especial y general). Concretamente, se cuestionaba que las empresas eran las responsables de guardar muestras de comida para el control, en lugar de que el gobierno porteño ejerza un control propio. Y específicamente, la Auditoria porteña advirtió sobre los riesgos que esto representaba para los y las estudiantes.

Además de advertir sobre lo inconveniente de este sistema de autocontrol de las empresas, el informe destacó que las empresas ni siquiera hacen esas muestras trimestrales de viandas y que el Ministerio de Educación no aplica ninguna penalidad por el incumplimiento. En otro informe de 2017, sobre las escuelas de educación especial, se indicó: “Se observa una demora en el trámite de las penalidades. Así, de 24 expedientes relevados, 14 de ellos (58,33 por ciento) estuvieron inactivos entre siete y ocho meses. Del total de ellos, en ningún caso hay acto administrativo con resolución y sólo cuatro concesionarios presentaron descargo”.

En ese caso, también encontraron que un tercio de las escuelas tenían leche en polvo sin número de habilitación por las autoridades correspondientes.

Nada de lo que marcaron estos sucesivos informes fue tenido en cuenta por Acuña.

Por si todo esto fuera poco, a la ministra le siguen creciendo reclamos. Por caso, las familias de la Escuela N° 12 Ramón Castilla en Colegiales presentaron un amparo colectivo para intentar impedir el paso de jornada simple a jornada completa de esa institución.

El cambio se enmarca en una decisión del Ministerio de Educación porteño que a partir de 2023 afectaría a alrededor de 30 colegios de nivel primario y las comunidades educativas advierten que no fueron consultadas sobre la medida. ¿Cómo van a cambiar los horarios de la noche a la mañana sin consultar a las familias? ¿En qué cabeza cabe? ¿No saben lo que es la organización familiar?

En el amparo, además, indican que el edificio no están preparado para el cambio, ya que no cuentan con cocinas acordes para garantizar el almuerzo de los chicos y chicas, ni aulas lo suficientemente grandes para recibir a la cantidad de alumnos que supondría el paso a la doble escolaridad: tienen espacio para 15 estudiantes y pasarían a ser 30 por aula.

Los patrocinan desde el Observatorio de Derecho a la Ciudad, desde donde advierten que en general los colegios afectados "no cuentan con cocina y/o comedor con capacidad para todos los alumnos y las alumnas que deben almorzar en el mismo horario, para que puedan almorzar de manera segura y bajo normativa vigente de salubridad e higiene".

Con todos estos conflictos a la vez, ya no se sabe si Acuña está compitiendo por el premio limón a la peor ministra de la historia porteña o qué piensa hacer.