"Acuña puso quinta a la represión", por Werner Pertot

Dicen en el PRO porteño que Soledad Acuña corre de atrás la carrera para suceder a Horacio Rodríguez Larreta como jefa de Gobierno. Quizás a eso se deban los golpes de efecto que la ministra intenta dar permanentemente. No le alcanzó con intimidar familias en plena ocupación de las escuelas, mandándoles a la Policía de la Ciudad yendo a notificarlas de una contravención por la noche y tocando los timbres de todos los vecinos. La semana que pasó repartió otra ola de denuncias penales y civiles a 366 los padres y madres que el gobierno. La ministra también tuvo tiempo para cuestionar un supuesto ajuste educativo para lo cual tuvo que hacer de cuenta que no está al frente de un gobierno que hace más de una década que ajusta la educación. El nivel de impunidad ante el archivo ya directamente asusta.

Ni los días que se pierden por la existencia de ratas en escuelas, ni los que se van acumulando por la falta de docentes suplentes parecen generar la misma energía que las tomas a Acuña. Sin ir más lejos, la semana que pasó en la Escuela N° 26 DE 6 República de Colombia suspendieron por cuarta vez las clases por ratas. Nadie del ministerio parece estar muy preocupado por esos días que se pierden. Ahora, si es por tomas de colegio, hay una cruzada que no reconoce límites.

La nueva son estas 366 denuncias, donde calcularon “el valor correspondiente al pago diario de salarios de personal de las escuelas tomadas, para transferirles a los adultos responsables el costo laboral que implicó tener cerradas las escuelas. En este sentido, ya están en curso 21 denuncias por daños y perjuicios por los días de clase perdidos, por un monto que asciende a 50.538.442,85 pesos". Primero, es discutible que las familias tengan que pagarle al Estado por la educación pública y gratuita cuando los y las estudiantes realizan una protesta. Además, para plantear esa barbaridad debieron hacer caso omiso a que en muchas de las tomas los y las docentes apoyaron y hasta se dictaron clases. No se pudo hacer, por ejemplo, en el Mariano Acosta porque el ministerio implementó un lockout a los otros niveles (primaria, inicial) y hasta mandó una persona a dañar el panel eléctrico para que no hubiera luz.

El cálculo de costos ya había sido problemático en un primer momento cuando, tomando los números que difundía el Gobierno porteño, el legislador Juan Valdes advirtió que era más lo que pedían por día que lo que gastan diariamente en infraestructura escolar. Una señal de cuales son las prioridades.

La práctica de usar la educación como tema de campaña ya viene de largo (por lo menos, de 2020) y Acuña no pierde oportunidad para endurecer su perfil en busca de los votantes del núcleo duro del PRO, en una difícil contienda que tiene con otros postulantes, entre ellos, Jorge Macri y Martín Lousteau.  ¿Discutir lo que reclaman los estudiantes sobre las viandas, las pasantías y otros problemas? Ni hablar. La única solución es criminalizar, criminalizar y criminalizar.

La forma y la tipificación de las denuncias penales es otro problema que enfrentan, según advirtieron tanto desde el CELS como desde la CORREPI, desde donde defenestraron las bases técnicas y jurídicas del intento. Doy un ejemplo: el ministerio imputó a las familias usando el artículo 58 del Código Contravencional de la Ciudad, que habla de “ingresar o permanecer en un lugar público o privado contra la voluntad del titular del derecho de admisión”. ¿Cuál sería el derecho de admisión en una escuela para los estudiantes que cursan en ella? Lo que se ve es un intento de torcer leyes e inventar penas que no existen.

Hubo además un trabajo de inteligencia: a algunas familias le hicieron una denuncia contravencional y a otras les mandaron carta documento pidiéndoles millones de pesos. Al parecer, primero intentaron por una vía, pero ante lo descabellado de la denuncia, luego optaron por una segunda estrategia. Todo esto busca, por supuesto, hacer pelear padres con hijos. Un objetivo muy loable. Pero todo sea por que Acuña pueda ser candidata.

Pero esto no fue todo. Inmune al archivo, la ministra de Educación, Soledad Acuña, se plegó a una noticia falsa repetida en los diarios de la oposición durante el fin de semana que indicaba un recorte en Educación como parte de las negociaciones del Presupuesto 2023. La noticia fue desmentida durante el día por el bloque del Frente de Todos, pero la ministra porteña ya se había montado a la ola. "La educación no puede ser la variable de ajuste del Gobierno nacional. Después de postergarla por dos años, ahora bajan drásticamente el presupuesto", escribió Acuña, que forma parte de una gestión que viene bajando la participación del financiamiento educativo en el presupuesto porteño desde 2008. En 2021 alcanzó su mínimo histórico.

La respuesta de la oposición porteña estaba cantada. La legisladora María Bielli, por ejemplo, eligió un cuadro mostrando la caída de la inversión educativa en CABA. "Ministra, la información es falsa, además ¿con qué cara hablás de presupuesto educativo después de esto?", le espetó.

La verdad –y las leyes- por supuesto, no importan aquí. Lo que importa es que los votantes del PRO la empiecen a considerar a Acuña como la Bullrich porteña. Lástima para ella que Patricia Bullrich ya apoyó a Jorge Macri para la interna del PRO.