"El ministro de Seguridad está tan blindado que hasta cierran la Legislatura para cuidarlo", por Werner Pertot

La oposición porteña había presentado un pedido de juicio político contra el ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro, y contra el jefe de los fiscales Juan Mahiques. Tiene su lógica: los dos quedaron involucrados de forma muy explícita en la posible comisión de delitos además de que no pudieron explicar un viaje al sur todo pago por el grupo Clarín y por el empresario Joe Lewis. Ante la decisión de Larreta de no hacer nada (no abrir una investigación, no pedirle la renuncia), el juicio político era la jugada de manual de la oposición. No tienen los votos para destituirlo, habida cuenta de la mayoría larretista. Pero poder bloquear el juicio político no les alcanzó: decidieron cerrar la Legislatura para que el tema ni siquiera sea tratado en el recinto. Es decir, una situación con consecuencias institucionales en la Ciudad es democráticamente arrojada al silencio. Esto nunca se vio, ni con el escándalo del espionaje ilegal que involucraba al primer jefe de la Policía, Jorge “Fino” Palacios, ni con ninguna de las crisis que vivió la Ciudad. Y lo que demuestra es que los poderes legislativo y judicial porteños no funcionan más que como extensiones del Ejecutivo. El republicanismo a marzo.

La verdad es que desde que se presentaron los proyectos de juicio político contra D'Alessandro y contra Juan Mahique, el larretismo venía intentando negociar para que la última sesión del año no se convirtiera en una seguidilla de discursos contra sus funcionarios. Como no lo consiguieron, decidieron directamente levantarla.

Desde distintos sectores de la oposición hicieron fila para cuestionar esto. “El oficialismo suspende la sesión del jueves y decide clausurar la Legislatura hasta el año que viene para evitar la vergüenza de tener que defender lo indefendible”, indicó el legislador sobre la situación de D'Alessandro. “Está claro que el pedido de juicio político presentado por el Frente de Todos y el debate que se generaría en el recinto es la causa de esta decisión. Es absolutamente inexplicable que Larreta siga bancando a un ministro que no solo sería culpable del delito de dádivas sino también de otros delitos y amenazas cómo queda claro en los audios que se difundieron”, remarcó el dirigente. Y cominó a dar explicaciones a los otros bloques: “Es hora que los legisladores de Lousteau, Carrió, Ocaña y otros digan claramente si son cómplices de estos comportamientos o efectivamente van a ejercer su rol institucional permitiendo que el estado de derecho siga vigente en la ciudad.”

“Se dicen republicanos y levantaron la sesión para no tratar el juicio político y los pedidos de interpelación a D Alessandro y Mahiques. Presente también un pedido de interpelación a Larreta porque la defensa que ha realizado de los funcionarios involucrados, convierte al Jefe de Gobierno en responsable directo de sus acciones. Queda en evidencia también la hipocresía de sus discursos a favor de la independencia de la Justicia que suele repetir Larreta junto a otros dirigentes de la coalición macrista, que incluyen a los legisladores de la UCR y de la Coalición Cívica de Elisa Carrió”, advirtió la legisladora del FIT Alejandrina Barry, quien sumó que “no hay que dejar pasar el silencio cómplice del bloque de Milei en la legislatura, ante la actuación de una de las mayores castas del país llena de privilegios, su discurso anticasta es pura demagodía defienden siempre el poder real más reaccionario”.

Más allá del juego de no prestar un escenario para que te critiquen, acá hay una consecuencia de mayor profundidad: la política porteña ya no atraviesa las crisis ni las discute en su Poder Legislativo. Cuando fue Cromañón, no solo hubo debate sino un juicio político que terminó con la destitución de Aníbal Ibarra. Cuando fue el espionaje ilegal de Ciro James, no solo interpelaron al entonces ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, sino también al entonces jefe de Gobierno, Mauricio Macri. Y hubo una comisión investigadora legislativa que citó testigos, analizó pruebas y brindó un documento como conclusión. Es decir, el juego político se manifestó de forma institucional.

Ahora, los carriles institucionales están todos bloqueados. Larreta, sin dar demasiadas explicaciones, respaldó a su ministro y a otra cosa. Nada dijo sobre los chats donde D'Alessandro habla de "hacer cagar" a un jefe policial y Mahiques cuenta los tratos con una fiscal de Bariloche para que cierre la causa. En el medio, otros integrantes (jueces federales, directivos de medios) revolean propuestas de facturas falsas, denunciantes orquestados y mucho más. D’Alessandro maneja la Policía de la Ciudad, que volvió a reprimir en el Obelisco la semana pasada a las personas que festejaban que la Argentina llegó a la final del mundial. Mahiques maneja a los fiscales. ¿No parece algo de la suficiente gravedad como para que, al menos, merezca un debate en la Legislatura?

El presidente Alberto Fernández le había pedido al bloque del Frente de Todos que evaluara si no correspondía el juicio político y los legisladores presentaron dos proyectos para remover a los involucrados, a los que Larreta sostiene. En los fundamentos del proyecto, se dice que los grupos de chats "Operación Pagina12 y Donato contraataca confirman un entramado de jueces, fiscales, ministros y dueños de medios de comunicación dando verdadera dimensión de lo que significa el «lawfare» en la República Argentina”.  Advierten que se está ante una verdadera mesa judicial porteña que incluye “cruces de mensajes criticando dirigentes, incentivando fraguar pruebas, armado de causas, detenciones arbitrarias, promesa de 'hacer cagar' a funcionarios nacionales, etc., son solo parte de algunas de las líneas que dejaron transcender los chats del autodenominado ‘Grupo Huemul’”. Hasta aquí, era el recorrido institucional.

Pero, en una ciudad colonizada por el PRO desde los tribunales hasta las bancas, ese camino institucional no se va a recorrer. Con la sesión caída, además de no abordar una discusión sobre lo ocurrido con funcionarios porteños, también se cayeron otros proyectos, como la designación de 13 jueces de los fueros porteños y la renovación de las autoridades de la Legislatura. Algunos de esos temas puede que Juntos por el Cambio los vuelva a traer en una sesión extraordinaria, si consiguen evitar que se trate también los pedidos de juicio político. Porque ya ni la apariencia de división de poderes parecen querer conservar.