"Larreta enterró la primera iniciativa popular de la historia de la Ciudad", por Werner Pertot

Quizás algún día cuando se escriban los libros de historia se consignará que el primer proyecto de ley que llegó a la Legislatura porteña por el mecanismos de iniciativa popular fue el que proponía crear un parque en los terrenos del Costa Salguero. Es un mecanismo que prevé la Constitución porteña: se juntan firmas y se puede presentar el proyecto. La iniciativa, en este caso, había reunido 53 mil firmas, luego de una campaña extensa y de audiencias públicas donde miles de personas habían repudiado la privatización de los terrenos que el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, intenta a toda costa. Según la Constitución, tenían un año para tratar el proyecto. En ese tiempo, no lo pasaron por comisiones, no llamaron a especialistas para que hablen a favor o en contra de la iniciativa, no hubo absolutamente ningún debate, solo el silencio impuesto por el poder de los negocios inmobiliarios. Finalmente, el oficialismo impuso su mayoría para archivar el proyecto con el menor ruido posible y sin demasiados argumentos.

Fueron 21 votos afirmativos, 35 negativos y una abstención (que era otro voto negativo mal contabilizado). La gran mayoría de los responsables de sepultar la primera iniciativa popular fueron los integrantes de Juntos por el Cambio. Curiosidades para la historia: el mismo día que rechazaban la voz de los vecinos en la Legislatura porteña, la misma fuerza política bloqueaba el funcionamiento del Congreso a nivel nacional para tratar leyes con la del alcohol cero.

Quedó claro que todo el objetivo estaba en evitar el debate público, la participación social, que el tema entrara en la agenda de los medios y que tuvieran que dar algún tipo de justificación sobre por qué serían mejor torres de lujo que un parque para todos los habitantes. Por eso, la estrategia de sacarse de encima el proyecto de ley rápido y en una sesión sin paso por comisiones ni debate previo.

El Frente de Todos hizo de todo para llamar la atención sobre esto: desde reuniones previas con organizaciones que promovían el parque hasta los discursos en el recinto. Por ejemplo, el legislador Juan Valdés mostró una manzana verde y dijo: “Es la única manzana verde que conoce Larreta, quien prometió inaugurar 65 en el marco de la campaña. Tendrían que tener un etiquetado frontal porque detrás de cada obra hay un empresario amigo”.

“Lamento que el oficialismo desconozca la importancia y el valor que esta iniciativa popular representa para la sociedad y niegue a los porteños la posibilidad de tener un parque público sobre la costa. Hoy Rodríguez Larreta eligió el cemento frente a la naturaleza; prefirió construir torres frente al río cuando lo que más falta son espacios verdes para vivir mejor, para respirar aire puro y prevenir inundaciones, entre otros beneficios para la ciudadanía”, remarcó.

Pero no es solo una victoria de los negocios sobre el bien público. También lo es de los mecanismos de lobby empresario sobre los de participación popular. El PRO, que tuvo que insistir decenas de veces antes de conseguirle al grupo IRSA la ley que pedía para su barrio de lujo en Costanera Sur, se sacó de encima en un segundo un proyecto que venía con una iniciativa popular detrás.

Ahora Larreta seguirá intentando privatizar esos terrenos, luego de que la venta estuviera trabada judicialmente (solo le falta que el Tribunal Superior de Justicia le habilite la venta). Este no es el único negociado que apareció en estos días y, curiosamente, todos comparten los mismos rostros de empresarios: La renovación de las concesiones de los Bajo Autopista en la Ciudad está llena de irregularidades, según escribió Nicolás Eisler en Tiempo Argentino. Un artículo que pasó emasiado desapercibida para mi gusto.

Eisler (que supo formar parte de la redacción de Nueva Ciudad) advirtió sobre el compendio de irregularidades de la licitación del bajo autopista de la AU 25. Entre otras cosas, enumeró la existencia de compañías fundadas días antes de que salgan los pliegos, empresarios vinculados al Estado, balances truchos, millonarias sumas para impugnar una evaluación y trámites exprés.

El dato son los vínculos de una de las empresas llegan a Salguero Eventos SA, unas de las asociadas a la concesión del Costa Salguero y que, como contó este sitio cuando fue la tragedia de Time Warp, tiene en su directorio a Fernando Polledo Olivera, esposo de la entonces titular de la Legislatura y actual funcionaria larretista, Carmen Polledo. Todo queda en familia.