Trabajadores de La Litoraleña piden la expropiación del edificio de Chacarita tras orden de desalojo

Trabajadoras y trabajadores de la cooperativa "La Litoraleña", recuperada en 2016, presentarán hoy en la Legislatura porteña un proyecto para la expropiación del edificio situado en el barrio de Chacarita, sobre el cual pesa una orden de desalojo judicial. La propuesta parlamentaria será difundida a las 16.30 horas en una conferencia de prensa en el salón Jauretche del Parlamento porteño, en Perú 160, de la cual participarán también las y los legisladores del Frente de Todos.
 
La iniciativa contempla la declaración de "utilidad pública y sujetos a expropiación de los bienes muebles, instalaciones y bienes intangibles junto a los inmuebles sitos en calle Giradot 331 y 345", del barrio de Chacarita. Dispone que lo expropiado "sea destinado al funcionamiento a la Cooperativa de Trabajo La Litoraleña mientras mantenga la actividad productiva y las fuentes de trabajo".
 
La Litoraleña lleva adelante su trabajo desde hace siete años con más de 50 asociados produciendo tapas de tartas, empanadas y pastas envasadas, después de la quiebra de Deconti SA. "Habiéndonos constituidos en Cooperativa de Trabajo, solicitamos el permiso de explotación a la jueza Valeria Pérez Casado, que fue denegado. Esto demandó años de reclamos hasta que la Cámara de Apelaciones nos dio la razón dando cuenta que estaba ajustada a derecho", destacaron.
 
Sin embargo, informaron que les llegó la orden de desalojo luego que la magistrada "negara a la propuesta de los trabajadores de adquirir los bienes de la quiebra compensando los créditos laborales", por lo cual impulsaron la expropiación del inmueble. Además, remarcaron, en su propuesta, que la cooperativa "al día de hoy participa de todas las redes de distribución de productos cooperativos - tanto del ámbito público como del privado-, y mantienen un local de venta directa al público".
  
El bloque de legisladores y legisladoras del Frente de Todos acompañaran a los trabajadores y trabajadoras de la Cooperativa La Litoraleña en la presentación del proyecto de expropiación de la fábrica recuperada.
 
Fabián Pierucci, responsable de planificación de la cooperativa y hoy electo síndico lamentó a Canal Abierto que “judicialmente ya se cubrieron todas las instancias".  Y recordó que “nosotros habíamos tenido un fallo en contra de la jueza Pérez Casados, de Jugado Nacional Comercial, a fin del 2020, que ordenó el desalojo después de muchos años de gestión cooperativa de la empresa”.
 
“Esta empresa quebró en el año 2015. Obtuvimos un primer permiso de explotación, hicimos una presentación para compensar créditos, esto es con indemnizaciones, salarios caídos y otros ítems salariales, aplicar para la compra de la quiebra, que es un edificio, maquinaria, vehículos. El monto es muy importante porque somos un colectivo de mucha gente y la mayoría tiene años y años de antigüedad, en promedio están en 30 años en la antigua sociedad anónima. Por lo tanto la suma de los 50 compañeros que somos, que estamos correctivizando las acreencias laborales es importante y alcanzaría casi para comprar la totalidad de los bienes y la jueza nos lo niega”, añadió.
 
Y señaló que “lo que estamos planteando es que es una barbaridad que una empresa en funcionamiento con puestos genuinos que no tienen subsidio del Estado, que está absolutamente operativa gracias a la inversión cuantiosa que hicimos nosotros trabajadores de la fábrica para que las máquinas estén en perfecto estado no pueda seguir. Entonces pedimos una solución política”.
 
Pierucci contó que van a presentar un proyecto de expropiación ante la Legislatura porteña. “Sabemos que es bastante difícil que se pueda sancionar por la composición de la cámara, pero no obstante vamos a dar esa pelea”, destacó. Con este proyecto buscan declarar de utilidad pública el emprendimiento. “Pensamos que en la Argentina actual cerrar una fábrica en funcionamiento con 50 puestos de trabajo genuinos, que vivimos del ingreso generado por la producción de alimento va más allá de cualquier interés particular o privado”, explicó el cooperativista.
 
“La utilidad pública es que socialmente la fábrica tenga la posibilidad seguir en funcionamiento. Eso tiene un valor muy importante. Así que la idea es que la Ciudad de Buenos Aires pueda crear como sujeto de expropiación y que después la traspase con algún mecanismo a la cooperativa, ya sea un comodato, un plan de pago o lo que fuese”, agregó.
 
Y señaló que “la ley de quiebra modificada en el año 2010 da la atribución a quienes fueron víctimas de un empresario inescrupuloso, como en el caso de la empresa Deconti S.A., que dejó impagos millones y millones de pesos hacia el Estado, a los corredores y también a los trabajadores, que si nos organizamos en cooperativa, como hicimos en el año 2015, tenemos el derecho a la continuidad laboral y a la explotación con gestión obrera de la fábrica. Y eso sucedió”.
 
“Lo que pasa es que hoy el juzgado está planteando que esa experiencia debería tener fin para rematar, desguazar la fábrica y pagar aparte a nosotros mismos, a otros acreedores. Nosotros lo que estamos diciendo es que es una barbaridad tanto jurídica como socialmente. Así que hoy la lucha más fuerte es en el contra la Justicia, que no puede hacer una interpretación socialmente aceptable para solucionar el conflicto”, sostuvo.
 
“A mí en particular me parece que hay una ideología racista, clasista de quienes imparten la ley. Claramente la jueza Valeria Pérez Casado no pertenece a la clase de trabajadores y si perteneció en algún momento, porque no conozco su historia familiar, se desclasó en el transcurso de los privilegios que significa cobrar salarios recontra altos y por encima del promedio, no pagar impuestos y todos los privilegios que tienen los jueces. Entonces, decretar un fallo jurídico no significa hacer justicia. Nosotros nos amparamos en la legitimidad que corresponde a la experiencia de ocho años de haber salvaguardado una fuente laboral, de generar productos de excelencia con gestión obrera, sin patrón, y que todos los excedentes vayan al beneficio de los asociados cooperativas, de nuestras familias y de la propia comunidad”, concluyó Pierucci.