Vecinos de Palermo piden limitar la construcción en altura en dos zonas

Las casas chorizo, típicas construcciones habitacionales de principios del siglo XX, son parte identitaria del barrio de Palermo. El mes pasado, un proyecto de ley impulsado por los vecinos y vecinas fue presentado en la Legislatura porteña para modificar el Código Urbanístico (CUR), sancionado en 2018, con el objetivo de proteger este tipo de inmuebles, frenar la modificación del patrimonio del barrio, limitar las capacidades constructivas y reclamar mayores regulaciones en la ocupación del espacio público.
 
“La tiraron”, fue lo que dijo Andrés Serebrenik, vecino de Palermo desde hace más de 20 años, cuando se encontró sobre la calle Soler con un lote vacío en el lugar en el que hace menos de dos semanas había una casa de 1917. Dos árboles habían sido también extraídos de la vereda. En el barrio de Palermo abundan los terrenos baldíos, otros tapiados para nuevos desarrollos, y construcciones en altura.
 
Mientras que los vecinos y vecinas agrupados en la organización “Palermo resiste” catalogaron los cambios derivados de la entrada en vigor del nuevo código como una “mutilación de la fisonomía barrial”, el Gobierno de la Ciudad los define como “desarrollo urbano” y en el CUR se habla de “mixtura de usos”; es decir, un área residencial en la que los ciudadanos conviven con comercios de bienes y servicios.
 
Si bien el colectivo barrial subrayó que no pretende poner freno a la evolución de la Ciudad ni estar en contra de los comerciantes, sostuvo que su objetivo es “orientar el crecimiento equilibrado y sostenible al densificar y mixturar los usos en los corredores de mayor capacidad ambiental, aunque preservando pulmones residenciales que garanticen una mejor calidad de vida”.
 
“Pedimos que haya transicionalidad en las alturas. Que en las cuadras linderas a las avenidas se pase de poder construir 24 a 14 metros; y que en el interior del barrio se baje de 14 a 9 metros. Además, solicitamos que se respete el pulmón de manzana”, detalló Serebrenik, integrante de “Palermo resiste”.
 
Así, los vecinos proponen consolidar las alturas pautadas para las avenidas únicamente en las parcelas frentistas, pero, al interior del barrio, bajar la altura de construcción de manera paulatina. “En mi casa, a las 14 ya no tengo agua. Si no pongo una bomba, no hay hasta la madrugada”, señaló Serebrenik a La Nación, quien denunció que la falta de planificación deterioró también los servicios públicos del barrio.
 
En el proyecto de ley, el reclamo se tradujo en la demarcación de dos polígonos en los que los vecinos indican que se concentra “un alto nivel de preocupación y demanda ciudadana”. El sector A está delimitado por las avenidas Córdoba y Scalabrini Ortiz, y las calles Godoy Cruz y Guatemala. El sector B tiene como perímetro las avenidas Córdoba, Scalabrini Ortiz y Coronel Díaz, y las calles Guatemala y Paraguay.
 
La iniciativa impulsada por los vecinos fue presentada formalmente por la legisladora Claudia Neira, del Frente de Todos, y se encuentra en la Comisión de Planeamiento Urbano, donde tramita con el número 1242-2023.
 
“Se pidieron informes técnicos a la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno porteño. Una vez que lleguen esos resultados se tomarán las correspondientes determinaciones”, informó el diputado Daniel Del Sol (Vamos Juntos), presidente de esa comisión.
 
Por su parte, Álvaro García Resta, secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad, indicó a La Nación: “Se ha recibido el proyecto, se está analizando y, cuando tengamos la respuesta técnica, se la comunicaremos a la comisión. Todavía no hay nada definido porque recién llegó. Tendrá el mismo tratamiento que todos los proyectos de ley”.
 
En Malabia y Gorriti antes había una casa antigua de dos pisos con balcones, aberturas alargadas y una fachada con ornamentaciones estilo art decó. Hoy, en esa misma esquina, una construcción en altura convive con inmuebles residenciales de un máximo de tres pisos y establecimientos comerciales.
 
Jacinto vive hace 20 años en Gorriti al 4600, a una casa de por medio de la nueva construcción. “No nos dejan ver el cielo”, lamentó sobre el avance de los edificios. “No soy parte de la agrupación de vecinos, pero coincido con ellos. La transformación del barrio es total”, concluyó.
 
“Compramos el terreno baldío por inmobiliaria hace aproximadamente dos años. Vamos a hacer unidades de vivienda o de trabajo. Va a tener siete pisos y está proyectada para terminarse en alrededor de un año. No tuvimos que pedir excepciones, todo quedó contemplado dentro del Código Urbanístico”, indicó a La Nación el arquitecto Sergio Kulesz, desarrollador del nuevo proyecto.
 
Las leyes 2548 y 3056, de 2007 y 2009 respectivamente, obligaron al Ejecutivo porteño a evaluar el valor patrimonial y arquitectónico de inmuebles anteriores a 1941, así como de aquellos incluidos en el inventario de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural en la cateloría “Edificios Representativos”, o que hayan sido galardonados con un premio de arquitectura. Así, entre 2008 y 2015 el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) –integrado por especialistas que representan a trece instituciones y presidido por la directora general de Interpretación Urbanística de la Ciudad– analizó todas las construcciones con estos criterios, un total aproximado de 104.000 en los diferentes barrios.

Marina Vasta, gerenta operativa de Patrimonio Arquitectónico y Urbano del Gobierno porteño, explicó a La Nación los tres criterios para determinar la protección patrimonial de un inmueble. “Que tenga valor urbanístico ambiental (singularidad para el entorno), estético arquitectónico y/o histórico testimonial (que allí haya vivido o haya acontecido un evento de relevancia histórica)”, detalló la funcionaria. Sin embargo, aclaró que si solo responde al criterio histórico patrimonial no se protege. “Debe estar acompañado de valor arquitectónico y urbanístico”, precisó.
 
Vasta señaló que, para que se puedan poner en consideración inmuebles que no aplican a los criterios de las normas 2548 y 3056, el propietario tiene que presentar un proyecto de ley en la Legislatura. Después de solicitar los informes técnicos específicos, la Dirección de Patrimonio de la Ciudad evalúa la solicitud.
 
Para demoler un inmueble, se inicia un expediente de solicitud de demolición en la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Ahí, se chequea con la base patrimonial y se identifica en qué estado está. Si ya fue evaluado por el CAAP, se identifica cuál fue la resolución y se procede o se frena la demolición. Si no fue evaluado, se avanza para darle una respuesta al solicitante.