Peligra la continuidad de los bachilleratos populares

En la Ciudad hay alrededor de 60 bachilleratos populares, cada uno tiene sus programas de estudio, su equipo docente y cumplen una función única: brindar un programa educativo al servicio de las clases populares. Estas escuelas están pensadas como una organización social y es mucho más amplia que una institución educativa tradicional. Son escuelas públicas que otorgan títulos oficiales expedidos por la cartera educativa porteña, dependientes del Área de Educación del Adulto y Adolescente.
 
“Estamos muy preocupados porque ahora la ministra Acuña pone en peligro la continuidad de los bachilleratos”, señala en diálogo con Tiempo Ignacio Moñino, profesor del Bachillerato Popular Chilavert N°4 DE 19, del barrio de Pompeya. Esta es una escuela que  pertenece a la Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares (CEIP), y que integra, junto a otras organizaciones, la Coordinadora de Bachillerato Populares en Lucha.
 
En los últimos días se filtró un documento del Ministerio de Educación, que ataca la financiación de los bachilleratos y amenaza su continuidad. Desde los bachilleratos, aseguran que, este nuevo avance sobre el sector es inconsulto y eliminaría muchos derechos adquiridos.
 
“Nos enteramos de casualidad de esta resolución que viene a imponer un nuevo reglamento orgánico en todos los bachilleratos populares, y modifica las condiciones que tenían hasta el momento estas escuelas”, explica Moñino. “El nuevo reglamento dice explícitamente que el Ministerio de Educación de la Ciudad, no financiaría necesariamente las experiencias educativas”, agrega el docente.
 
Se trata del artículo 7 del reglamento que detalla: “Los Bachilleratos Populares y UGEE  reconocidos como tales serán “Conveniados” con las Organizaciones que los nuclean y podrán ser con o sin financiamiento del Ministerio de Educación (…) el Gobierno podrá financiar parte o la totalidad de la Planta Orgánica  necesaria para su funcionamiento”, y agrega que “la Planta Orgánica  de los Bachilleratos Populares y UGEE podrá ampliarse o reducirse de un ciclo lectivo a otro, en razón del crecimiento o disminución de la matrícula”.
 
Además el documento señala que “todos los trabajadores y trabajadoras pasan a planta transitoria, salvo el director”, suma el profesor del bachillerato, haciendo referencia al artículo 10 del nuevo reglamento. Entre otros puntos polémicos, el documento establece una terna de selección de docentes y de todo el personal de la escuela. “Todos quedan a cargo de la Dirección de Adultos y Adolescentes, o sea del Ministerio, y no pueden ser designados los docentes por las organizaciones sociales, cómo lo era hasta ahora, ya que nos basamos en nuestro principio de autogestión”, agrega.
 
Por último, el documento revela que hay nuevas cláusulas que atentan con fuertes restricciones de continuidad en cuanto a la habilitación de los bachilleratos: “Si una escuela no cuenta con un buen espacio o funciona en un centro cultural, comedor o fábrica recuperada, es probable que el Ministerio de Educación no habilite esos espacios”, agrega Moñino al referirse al artículo 8 que dice: “deberán contar con una sede principal para comenzar a funcionar. La misma deberá cumplir con los requisitos de habilitación establecidos en la legislación aplicable y/o que establezca la unidad ejecutora del programa “Escuelas Seguras” y presentar constancia fehaciente para dar inicio a cualquier módulo, curso o actividad curricular”.
 
Quienes lucharon por el reconocimiento de los bachilleratos populares, aseguran que, de pasar a ser parte de una planta transitoria, cambiaría muchos derechos estatutarios adquiridos y la posibilidad de que el Ministerio decida a fin de año rescindir el contrato.