Vecinos de Palermo pidieron frenar la construcción de una torre con un "cacerolazo"

Vecinos y vecinas del barrio de Palermo protestaron el miércoles pasado contra el inicio de la construcción de una torre de 20 pisos en la zona, al considerar que el emprendimiento inmobiliario será perjudicial porque "generará una disrupción morfológica" y "un colapso de la infraestructura de los servicios públicos".
 
El reclamo ocurrió en las inmediaciones de la torre proyectada en la calle Lafinur al 3100 y que fue autorizada por una ley de la Legislatura, que avaló el convenio urbanístico alcanzado entre la desarrolladora Proyecto 43 con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 
En rigor, el acuerdo urbanístico data del 2021 y dispuso una extensión a 60 metros la altura permitida para la edificación prevista y, a modo de compensación, la empresa otorgaría al Estado porteño una cifra que ronda los 6 millones de dólares.
 
Frente a ello, los vecinos y vecinas de Palermo, junto al Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), radicaron un amparo colectivo ante la Justicia porteña para frenar la obra "por incumplir con las regulaciones vigentes en este tipo de emprendimientos urbanos de alto impacto".
 
Lucía Ferreti, una de las vecinas de Palermo, dijo a Télam que están "muy enojados porque hace dos años que venimos reclamando la nulidad del convenio que convirtió un proyecto original de un edificio de 11 pisos en un mamotreto de 20 pisos y cinco subsuelos que nos afecta negativamente en muchos aspectos".
 
Desde el grupo vecinal advirtieron que en las últimas semanas observaron el ingreso de camiones con materiales al predio, por lo que reiteraron su pedido para que la Justicia se expida ya que, señalaron, "la torre que generará una disrupción morfológica en la trama urbana e incrementará la densidad poblacional del barrio incrementando el colapso de la infraestructura de servicios públicos".
 
Jonatan Baldiviezo, del ODC, dijo a Télam la torre de Lafinur forma parte de "Quince excepciones inmobiliarias a través de las cuales empresas desarrolladoras compran normativa urbanística al Gobierno porteño y a la Legislatura sin generar beneficios ambientales a la Ciudad, sino que la única compensación son las prestaciones económicas".