Brutal protocolo anti-piquetes de Patricia Bullrich para anular el derecho a la protesta

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció hoy el nuevo protocolo que utilizarán las fuerzas de seguridad ante las protestas que produzca el ajuste brutal que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. Así, aseguró que “se empleará la fuerza suficiente y será graduada en función de la resistencia”.

Bullrich informó que las cuatro fuerzas federales del Estado (Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria) estarán habilitadas por el nuevo protocolo de seguridad para intervenir en caso de bloqueo de caminos, piquetes o protestas que impidan, total o parcialmente, la circulación de los ciudadanos. Los piquetes serán tomados así como “delitos in fraganti”, según explicó la funcionaria.

“Es necesario que los argentinos sean liberados de los sectores que los extorsionan”, dijo Bullrich y agregó: “El propósito de este protocolo es cumplir la ley. Como dice el Presidente: ‘el que las hace las paga’”.
 
También aseguró que harán vigilancia preventiva para evitar que los grupos logren agruparse para protestar. “En estaciones de trenes, aquellas personas que vayan con materiales serán incautados: palos, caras tapadas o formas para no ser reconocidos”, dijo Bullrich.
 
En caso de haber detenciones, desde el Ministerio se pedirá la intervención de la Justicia. “Los datos de los autores, partícipes, cómplices o instigadores será remitidos a las autoridades competentes. Se le dará aviso al juez competente en caso de daño ambiental, algo que sucede es la quema de cubiertas que genera una situación dañina al ambiente y a la gente”, agregó.
 
Por otro lado, en caso de participación de niños y adolescentes, se dará intervenciones a los organismos competentes y se sancionará a los tutores o quienes los lleven. “Los niños que deben estar en la escuela”, dijo la funcionaria.
 
También aseguró que “por todos los costos vinculados a los operativos de seguridad, se les enviará la factura las organizaciones o a los individuos responsables. El Estado no va a pagar por el uso de las fuerzas de seguridad. Tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos. En caso de tratarse de extranjeros con residencia provisoria, se mandará la información a la Dirección Nacional de Migraciones”.
 
Bullrich habló de una lista donde se anotarán las organizaciones que participen en este tipo de hechos y que sistemáticamente son los que hacen de voceros de estas manifestaciones.