El Gobierno porteño eliminó la autonomía del Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes

Una de las primeras medidas que tomó Jorge Macri como jefe de Gobierno fue modificar el organigrama del Ejecutivo de la Ciudad. En el flamante documento, se incluye al organismo de infancia de la Ciudad llamado “Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes” como dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Más de una veintena de organizaciones nucleadas en la Asamblea por las Infancias y Adolescencias de Buenos Aires (APIABA) rechazan esta decisión.
 
La nueva estructura gubernamental fue publicada en el Boletín Oficial, en el Decreto 387/23 (Boletín nro. 45656278) a las pocas horas que el ex intendente de Vicente López asumiera su nuevo rol.
 
El Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue creado por mandato constitucional y en el artículo 39 de la carta magna porteña, ordena: “Una ley prevé la creación de un organismo especializado que promueva y articule las políticas para el sector, que cuente con unidades descentralizadas que ejecuten acciones con criterios interdisciplinarios y participación de los involucrados. Interviene necesariamente en las causas asistenciales”.
 
En ese marco se votó la ley 114 de Protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes donde se diseña el organismo especializado de infancia, y se lo coloca en el ámbito de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, a fin de darle principal jerarquía y transversalizar y articular las políticas públicas.
 
“Eliminar la autonomía y autarquía que tenía el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es una decisión inconstitucional. Este órgano de control de los derechos de la niñez en el ámbito porteño está en la Constitución de la Ciudad como ente autónomo y autárquico, que solamente tiene relación con la Jefatura de Gobierno. Pero mediante un decreto, Jorge Macri reformuló el organigrama y puso al Consejo bajo el ala del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat”, explicó en diálogo con Tiempo José Machain, integrante de la Asamblea por las Infancias y Adolescencias de Buenos Aires (APIABA).
 
El Consejo de NNyA tiene un rol principal a través de un Plenario compuesto por las distintas áreas de Gobierno y otros equipos interdisciplinarios en realizar el control y seguimiento de los programas de infancia y adolescencia, tema en el cual fue perdiendo el perfil deseado.
 
“Al realizar esta modificación, el organismo de control depende de quien tiene que ser controlado por este organismo, de quien dependen las áreas de políticas de niñez. Una vez más el PRO, en cinco mandatos de gobierno que lleva en la Ciudad, tomó otra decisión arbitraria y que rápidamente tiene que ser revertida porque está violando la propia Constitución de la Ciudad, que además lo especifica la ley 114 sancionada en 1998 que le da sus funciones y su conformación”, agrega Machain.
 
“El Gobierno tiene que asumir la responsabilidad rápidamente de respetar lo que significa la instancia de control, sino no hay forma que en el ámbito de la Ciudad las políticas públicas destinadas a la niñez tengan su debido seguimiento, control y evaluación y no puede depender de quién tiene que ser controlado”, grafica.
 
Entre las organizaciones y organismo que integran APIABA se encuentran la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Juventud de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Capital ; el Comité Argentino de Seguimiento de la Convención por los Derechos del Niño (CASACDN); la Asociación Civil Amanecer; la Comisión de Niñez y Adolescencia de Primero La Patria; la Comisión de Salud del Instituto Patria; la organización política El Hormiguero; y el Foro de Instituciones Profesionales por la Salud mental CABA – APGCABA; entre otros.
 
La Asamblea por las Infancias y Adolescencias de Buenos Aires, se manifestó en conjunto mediante un fuerte comunicado de rechazo a la eliminación de la autonomía del Consejo de la Niñez y Adolescencia: “Colocar el organismo en el área del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat después de haberse concretado la transferencia de los programas y servicios que en el mismo existían hace dos años, constituye un retroceso en materia institucional y expresa un profundo desinterés en una temática de particular importancia”, advierte el documento.
 
“El traspaso realizado anteriormente impide llevar adelante las funciones de control y seguimiento que la Constitución y la ley confirieron al Consejo de los Derechos de niños, niñas y adolescentes, al quedar subsumido al mismo organismo que debería controlar. Y por ende resulta una decisión inconstitucional”.