"Jorge Macri va por la expulsión de los extranjeros", por Werner Pertot

¿Por qué un jefe de Gobierno se tiene que ocupar de la expulsión de los extranjeros? Si no se lo entiende como una estrategia política, no tendría mucho sentido que un intendente esté centrando su discurso en que hay personas que vienen a la Argentina a delinquir y que hay que echarlas. “En el mundo, si un extranjero es ilegal y comete un delito es deportado, automáticamente”, fue el argumento que utilizó Jorge Macri en una campaña a la que rápidamente se sumaron funcionarios del Gobierno nacional: especialmente, la ministra del Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro del Interior, Guillermo Francos. Ahora bien, las estadísticas no acompañan tanto fervor por perseguir extranjeros: la realidad es que los delincuentes de otras nacionalidades y los delincuentes argentinos representan porcentajes similares de la población. El factor para entender el crimen no parece ser la nacionalidad. Poner el eje ahí pone a quienes lo hacen como precursores de una nueva ola de xenofobia en la Argentina.

Por supuesto, Jorge Macri intentó despegarse de la idea de que está liderando una campaña xenófoba: “Acá lo que está en discusión es delito o gente honesta”, fue su argumentación. “Si un extranjero comete un delito en un país es deportado inmediatamente. No importa quién hizo la toma, quién hizo la venta Ilegal. En el caso de La Matanza fue un enfrentamiento entre gente de otros países. En el año 2017 Mauricio Macri siendo presidente, a través del decreto 70, estableció un mecanismo expreso para que ese trámite que ya está previsto en la ley sea más rápido. El gobierno pasado de Alberto Fernández lo derogó. En cuanto pasó la pandemia y terminaron de sacar a todos los detenidos de la cárcel con excusas de la enfermedad, uno de los primeros decretos quedó en exceso. Y no es un dato menor”, afirmó el jefe de Gobierno.

Tampoco es un dato menor los argumentos que utilizó el Gobierno de Alberto Fernández para derogar el cuestionado decreto de Mauricio Macri: señaló que tenía aspectos “que resultan irreconciliables con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos, entre los que cabe mencionar la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias”.

En efecto, durante la presidencia de Macri se llegó a pensar en una cárcel especial para migrantes y también en ese trámite sumarísimo con escaso derecho a la defensa.

No se puede dejar de notar que los delitos que menciona Jorge Macri son particularmente vinculados a la pobreza: la “toma de tierras” tiene que ver con la emergencia habitacional que el PRO, que gobierna la Ciudad hace más de 16 años, no hizo nada para solucionar. La “venta ilegal” está vinculada a la persecución a los vendedores ambulantes que, según denuncian los migrantes senegaleses, es mucho peor si tu color de piel es oscuro.

Jorge Macri buscó estadísticas para apoyar su planteo de expulsión de extranjeros: “Yo quiero detenerme un segundo en algunos datos que por ahí la gente no conoce. Solamente el año pasado tuvimos cuatro mil delitos cometidos en la Ciudad de Buenos Aires. Cuatro mil… Más de diez por día cometidos por delincuentes que son extranjeros e ilegales en la Argentina. Son extranjeros que vienen a cometer delitos, no vienen de buena fe, no vienen a trabajar, no vienen a trabajar como lo hace la buenas gente, son sicarios, es gente contratada que es parte de organizaciones”. Es interesante que el jefe de Gobierno no contó cual es la cantidad total de delitos, ni dio detalles del porcentaje que representan los extranjeros en esa cantidad.

Quienes analizan la incidencia de los extranjeros en el delito por su presencia en las cárceles, suelen coincidir en dos cosas: los porcentajes son muy bajos, similares en términos poblacionales a los delincuentes argentinos, y además se mantienen estables hace años. Según este informe de ACIJ, apenas el 5 por ciento de quienes permanece detenidos en cárcele son extrajeros (datos de fines de 2022, última estadística disponible). Según los últimos informes disponibles en el Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena, más del 50 por carece de condena firme y la acusación más común es haber infringido la Ley de Estupefacientes.

Vamos a los números: en diciembre de 2022 había 5.089 internos e internas extranjeras en cárceles federales y provinciales sobre un total de 105.053. Pero también es interesante la comparación estadística en función de la totalidad de la población que representan: “Si la población migrante en la Argentina asciende a 3.033.786 de personas, según la Dirección Nacional de Población en agosto 2022, entonces sólo aproximadamente el 0,2 por está en conflicto con la ley penal. Se trata de una proporción casi idéntica a la de la ciudadanía argentina, donde el 0,26 por de la población total está implicada en delitos penales”.

Es decir: el porcentaje de extranjeros que cometen delitos es casi idéntico al de argentinos que comenten delitos. Pensado de otra forma, no hay desde la estadística algo que indique que concentrarse en la nacionalidad sea una necesidad, salvo política o ideológica.

Pero Jorge Macri mencionó lo que pasa en otros países con los migrantes. Según esta nota de Chequeado, la Argentina no se diferencia de otros países de la región en su cifra de migrantes que delinquen. El artículo cita un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) de 2017 (que es el último año que permite una comparación con otros países) y señala que la Argentina tiene un 5,8% del total de la población carcelaria con extranjeros. En América, los extranjeros detenidos representaban el 6 por ciento de la población carcelaria (en cambio, en Europa llega al 10 por ciento). El promedio mundial es superior al 6 por ciento.

Entonces, sin una particularidad local, ni un cambio en los datos, lo que están haciendo tanto el jefe de Gobierno, como los ministros nacionales es construir un chivo expiatorio. “La Justicia debería proceder a echarlos del país de manera inmediata”, afirmó Bullrich, sin citar en base a qué normativa un juez decidiría eso. La ministra de Seguridad no tuvo pruritos para atacar a los extranjeros que habitan en la Argentina: “El que viene a usurpar, a matar, debe ser expulsado. Esa es una medida correctiva que hay que hacer de manera inmediata”. El ministro del Interior se mostró en reuniones para avanzar en esta normativa como si hubiera una emergencia nacional en el tema.

La realidad es que las cuestiones urgentes están en otra parte.