Las familias afectadas por el derrumbe en Caballito se reunieron con funcionarios

El jueves 8 de febrero a las 12:48 ocurrió la tragedia que afectó a varias familias del barrio de Caballito luego de que se derrumbara una vivienda lindante a una obra en construcción sobre Pedro Goyena 555, y no solo se cobrara la vida de dos personas sino todas las pertenencias, objetos de valor y demás, del resto de los vecinos del PH quedó bajo escombros.
 
En este contexto, ayer lunes las familias afectadas fueron recibidas por funcionarios del Gobierno de la Ciudad y analizaron la posibilidad de exigir a la empresa a cargo del proyecto inmobiliario que financie una “solución habitacional” temporal hasta que puedan recuperar sus casas.
 
Dicha reunión tuvo lugar en la sede del Ejecutivo porteño en el barrio de Parque Patricios, donde estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Néstor Grindetti y el ministro de Justicia local, Gabino Tapia.
 
Una de las personas damnificadas que vivía en el complejo de PH afectado, identificada como Ingrid Varela, aseguró a Télam que “A once días del derrumbe, sentimos que es la primera vez que toman el tema con mayor responsabilidad”. La mujer es licenciada en Recursos Humanos y madre de dos hijos de 8 y 23 años. Con ellos almorzaba el día del incidente cuando, después de un corte repentino de luz, escuchó un violento estruendo que la dejó sin aliento. Lo que siguió fue un completo caos.
 
Desde aquel día son 13 las familias que están sin hogar, ya que el derrumbe afectó un complejo de viviendas de la zona. En este contexto aún permanecen sin regresar a su domicilio por el peligro que representa el estado del edificio.
 
“Queremos entrar a sacar las cosas básicas”, explicó la mujer que formó parte del grupo que concurrió a la sede de Gobierno y que contó que estimaron que demorarán unos ocho meses en regularizar su situación habitacional.
 
Se destacaron dos temas abordados en la reunión: “Las necesidades de las familias y las formas en que se podía llegar a una solución”, y en manos de quién quedará la problemática a la que se le dará periódico seguimiento. De esta forma designaron a la coordinación de la Dirección General de Asistencia a la Víctima, que depende de la cartera de Justicia.
 
Indicaron, también, que establecieron un cronograma para que las familias puedan acceder a retirar sus pertenencias de las viviendas siniestradas, para lo cual trabajarán en conjunto la Fiscalía y Defensa Civil para desplegar una pasarela que posibilite el acceso a los inmuebles.
 
Se dio a conocer una información muy delicada para las familias afectadas, que es que sus propiedades deberán ser demolidas del todo. En este lapso de tiempo en el cual no tiene donde habitar, se barajó la idea de que la constructora que provocó el desmoronamiento de los suelos se haga cargo del financiamiento de la cuestión habitacional de los damnificados.
 
“El Gobierno porteño planteó que van a exigirles que nos den una vivienda o que nos paguen un alquiler. Se tienen que hacer cargo porque nosotros no elegimos estar en esta situación”, manifestó Varela.
 
A causa del derrumbe, perdieron la vida dos hermanos: Nélida, una mujer de 75 años, y Ramón, un hombre de 82, ambos habitantes de la misma vivienda. Según informaron fuentes del Gobierno porteño, el jefe de Gobierno, Jorge Macri recibió a los hijos de Nélida el viernes pasado, en la sede de la calle Uspallata y, durante la reunión, “se puso a disposición” de ambos.
 
Además, ese mismo día, el fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, instruyó a la Fiscalía 22 para que investigue si existieron “irregularidades en la inspección y habilitación de la obra” en construcción.
 
Dicha labor es ejecutado por la Agencia Gubernamental de Control, que depende del Ministerio de Justicia, organismo encargado de inspeccionar las obras y sus instalaciones eléctricas, sanitarias, mecánicas, electromecánicas, de elevación vertical, térmicas, inflamables, incluyendo sistemas de prevención de incendios través de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras.
 
En tanto, se hizo especial hincapié en que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad denunció el mismo día del derrumbe, que ya había advertido al Gobierno porteño sobre “irregularidades de la obra lindante a las viviendas” que se derrumbaron.