Reclaman que la regulación tarifaria “sea acorde a las economías familiares”

La Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, María Rosa Muiños, opinó que “el acceso a las fuentes de energía, agua potable y cloacas hace al ejercicio de los derechos humanos”, por lo que remarcó que la regulación tarifaria debe ser “acorde a las economías familiares”, en medio de un contexto con salarios atrasados y jubilaciones a la baja.

Muiños participó de la audiencia pública, convocada por la Secretaria de Energía de la Nación, que determinará los criterios por los cuales un hogar recibirá o no subsidios parciales o totales a los servicios de gas y luz. En esa línea, explicó que la función del organismo es “proteger, promover y defender los derechos de las personas, en este caso de los usuarios”.

Respecto a las complicaciones que traería los nuevos valores propuestos por el gobierno nacional, señaló que “el precio estacional de la energía les quitó todos los subsidios a los organismos públicos que prestan servicios de salud y educación”, por lo que “el costo de la energía se elevará en un 194% en esos establecimientos”.



“Además se producirán fuertes subas en los usuarios comerciales. Según cálculos no oficiales, un pequeño comercio que consume alrededor de 212 kWh pasará de pagar una boleta mensual promedio de $8100 a una de $39.500, una suba del 389%. Asimismo, un comercio grande que consume 3900 kWh pasará de pagar un promedio de 150 mil pesos a uno de 590 mil pesos, una suba de 293%”, argumentó.

Por ello, Muños mencionó que la decisión final se tome teniendo “especialmente en cuenta la necesidad de contribuir a la paz social” y acudió a las palabras del Papa Francisco, quien deslizó: "La paz social es trabajosa, artesanal. Integrar a los diferentes es mucho más difícil y lento, aunque es la garantía de una paz real y sólida. Esa paz social que es responsabilidad de todos nosotros, pero primeramente del propio Estado”.