Tras los derrumbes, un informe advierte que hay 5400 edificios en riesgo

El viernes pasado se cumplió un mes del derrumbe en Caballito que se cobró la vida de dos personas de 75 y 80 años. Una obra en construcción mal ejecutada y con falta de controles provocó el desmoronamiento de un edificio lindero. Las 13 familias que habitaban se sienten abandonadas y exigen respuestas a las autoridades locales. Están a la espera de varias promesas incumplidas por parte del Gobierno porteño, como el acceso a la propiedad para poder retirar sus pertenencias, pero es una promesa que no se concretó.
 
En estas últimas semanas ocurrieron dos derrumbes más en la Ciudad: uno en Caballito y otro en Palermo. Éste último sucedió el viernes 1° de marzo, cuando colapsó  una obra ubicada en la esquina de las calles Uriarte y Costa Rica. La construcción se desmoronó encima de dos obreros que fallecieron en el lugar. El de Caballito ocurrió el miércoles pasado, cuando una pared de una obra en construcción de la calle Río de Janeiro, entre Querandíes y Venancio Flores, se desplomó y pegó en un supermercado lindero.
 
Tres derrumbes en menos de un mes que provocaron la muerte de cuatro personas y decenas de heridos. Un informe desarrollado por la Asociación Civil Defendamos Buenos Aires asegura que “en la Ciudad de Buenos Aires hay 5400 viviendas en peligro de derrumbe, entre departamentos, edificios, casas y obras en construcción”. El relevamiento, además, hace hincapié en la falta de controles sobre las obras en construcción y en edificios antiguos.
 
“El Gobierno porteño debería controlar las obras objetivamente. En esta Ciudad si sos amigo de Larreta o de Macri los controles no existen y la obra sigue adelante. Pero si sos un tipo que sale a criticar parte de la gestión porteña como hacemos desde Defendamos Buenos Aires, te caen inspecciones de todos lados”, contó a Tiempo el abogado Javier Miglino, titular de la ONG que elaboró el relevamiento sobre obras y viviendas en peligro de derrumbe.
 
Las propiedades en riesgo están representadas por una mayoría de casas tomadas o usurpadas, hoteles en pésimo estado y edificios con falta de mantenimiento, y varias de esas propiedades son linderas de obras donde levantan nuevos edificios. Según el relevamiento, los diez barrios donde se encuentran la mayor cantidad de viviendas con posibilidades de derrumbe son: Belgrano, le siguen Núñez, Palermo, Almagro y Constitución. La lista se completa con Liniers, Flores, Floresta, Villa Crespo y Villa Devoto.
 
Miglino asegura que sobre este tema alertó en varias ocasiones al gobierno de Rodríguez Larreta y también a la actual gestión de Jorge Macri, y recordó que “el Gobierno porteño viola el artículo 34 de la Constitución de la Ciudad que establece que ‘la seguridad pública es un deber propio e irrenunciable del Estado'”.
 
La Ley N° 3562, aprobada en septiembre de 2010, establecía la obligación de inspeccionar toda obra en construcción durante las etapas de demolición y excavación. Esta norma fue derogada por la Ley N° 4268 aprobada en 2012, que mantuvo el sistema de inspecciones y agregó la obligatoriedad de la presencia permanente durante las tareas a cargo de la empresa excavadora de su representante técnico o del profesional calificado que lo asista en su función.
 
Pero en 2019 “el Ejecutivo decidió que no se requerirá la presencia permanente en la obra durante la excavación del responsable técnico de la demoledora a cambio de que estos presenten informes de avance periódicos al GCBA”, resume a Tiempo el diputado porteño de Unión por la Patria Matías Barroetaveña.
 
En ese sentido, el legislador sostiene que no son casuales los derrumbes que ocurren cada año en la Ciudad: “Claramente todo esto está íntimamente relacionado con una gestión que le ha brindado a los sectores concentrados de la corporación inmobiliaria todo tipo de concesiones, con el fin de generar ganancias y rentas desmesuradas. El aumento de la constructibilidad que generó el Nuevo Código Urbanístico, la sanción convenios urbanísticos a medida del sector y una gran cantidad de excepciones normativas vía interpretación urbanística son algunas de las políticas llevadas a cabo por la Ciudad”.
 
Ante este hecho, desde Unión por la Patria exigieron la creación un comité de crisis para evitar futuros derrumbes de viviendas y obras en construcción. El pedido fue realizado por la legisladora Claudia Neira. La función de este comité será la de reunir a los actores más representativos de la actividad, para abordar una profunda actualización de los requisitos y procedimientos de ejecución, fiscalización y control de obras.