Las prepagas dilatan la devolución del dinero extra tras la medida para retrotraer precios

Las empresas de medicina prepaga lograron dilatar 10 días más (estaba previsto para este lunes 20 de mayo) la devolución del dinero que se cobró por encima de lo estipulado a los clientes en los primeros meses del año.

Si bien resta definir la forma de pago, la justicia, a instancias del Gobierno nacional, obligó a las empresas a poner topes en las tarifas mensuales correspondientes con los índices de inflación y, de esa manera, recalcular el máximo de incrementos permitidos.

En el fallo, la justicia de la Ciudad de Buenos Aires determinó “hacer lugar a la medida cautelar y ordenar a las demandadas que se abstengan de efectuar aumentos de las cuotas en todos los planes prestacionales sin excepción, y retrotraigan el monto de los valores a las cuotas vigentes al mes de diciembre de 2023, los que deberán actualizarse de conformidad con el Índice de Precios al Consumidor que elabora mensualmente el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos”.

Por otra parte, consideró necesario “establecer que en caso de que los afiliados hubieran abonado las facturas con los incrementos dejados sin efecto por esta decisión, la diferencia resultante entre dicho importe y el cálculo de actualización fijado, constituye un crédito a favor de cada uno de ellos”, menciona en el punto más determinante del edicto.

“Fijar el plazo de cinco (5) días para que cada Agente del Sistema de Salud demandado presente un plan de acción para efectivizar la restitución dineraria que en el punto anterior se ordena, bajo apercibimiento de tomar las medidas necesarias tendientes a lograr su cumplimiento”, determinó la justicia porteña.

Como contrapartida, luego del conflicto que protagonizaron con la gestión nacional, las prepagas advirtieron que la medida tendrá “un impacto que pone en riesgo el funcionamiento mismo del sistema de salud privado” en la Argentina.

Según las empresas, “los incrementos no fueron resultado de una decisión cartelizada, sino de la necesidad imperiosa de recomponer los honorarios de los prestadores afectados por decisiones del gobierno anterior”.