"Manteros no, torres sí", por Werner Pertot

Hay una tendencia que es imposible no notar en la nueva gestión PRO: la decisión de ir en contra de los sectores más vulnerables de la sociedad. Comenzó casi al principio con una campaña contra las personas sin techo, que luego se moderó con el anuncio de un enfoque más social y de contención para esta población (lo que no quita que hoy esté experimentando niveles de violencia históricos, como consignaremos más abajo). Y siguió por los manteros: el caso de Parque Centenario fue notorio, porque no generó solo quejas de los damnificados que se quedaron sin las ventas del Día de la Niñez, sino que también hubo protestas de las personas que iban a comprar a la feria. Pero sobre todo es un golpe en los riñones a un sector social que ya estaba en la lona y se las estaba rebuscando para subsistir. En paralelo, comienza la discusión del Código Urbanistico y ya la empresa IRSA planteó que no piensa resignar su barrio de torres de lujo. Son postales de una argentina absolutamente desigual.

La noticia impactó al comienzo de la semana pasada: el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires festejó el desalojo de alrededor 2 mil manteros del Parque Centenario y el cierre de la feria que se desarrollaba en el lugar. Pasó por alto que la feria era la fuente de trabajo de cientos de artesanos, motorizaba una economía de subsistencia de personas que iban a vender lo poco que tenían y, encima, funcionaba como un atractivo turístico. Nada de esto fue escuchado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien presentó la decisión como un intento de darle "más tranquilidad a los vecinos y también ser justos con los comerciantes de la zona que pagan sus impuestos".

“Estamos haciendo lo que hicimos en Parque Patricios o en otras plazas de la Ciudad que es ordenar el espacio público. Hoy en este parque, por ejemplo, tenemos un operativo de castración de animales que no lo hubiéramos podido hacer porque era una zona que estaba copada por manteros que, por lo general, no son de acá. Vienen de lejos, en colectivo y hay organizaciones que los traen”, aseguró. Las dos cosas fueron desmentidas por los manteros: i vienen de provincia de Buenos Aires, ni vienen en micros especiales.

La realidad es que dejar a esa gente sin las ventas del Día de la Niñez en el contexto social actual es sumar un factor más de presión a la olla que se va gestando y empujar a esas personas a prácticas cada vez más ilegales. No obstante, lo más probable es que la mayoría no salga a robar, sino que se disperse e intente seguir vendiendo en cualquier esquina de la Ciudad. Hay una realidad económica que no se estaría pudiendo tapar con policía.

Pero lo complejo es que estos climas sociales generan mayores situaciones de violencia. La semana pasada también se conocieron los resultados de un relevamiento que hace la UBA y la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle sobre la violencia que sufren las personas en situación de calle. Se llama Registro Unificado de Violencias (RUV) y es una medición nacional, no solo porteña, pero no deja de tener su impacto local. Lo que dice el informe es que los casos de violencia institucional sobre personas en situación de calle crecieron un 500 por ciento respecto de la medición anterior.

Los números hablan por si solos: 125 casos entre agosto de 2021 y agosto de 2022, 233 casos entre agosto de 2022 y agosto de 2023 y 320 casos entre agosto de 2023 y agosto de 2024. El informe advierte que hay "un hecho de violencia hacia personas en situación de calle cada 27 horas". No obstante, advierte que estos números son menores a la realidad: hay un subregistro porque muchos hechos quedan sin denunciarse.

La pregunta es, si en este contexto, la responsabilidad de las autoridades que lanzaron campañas de odio sobre las personas en situación de calle no debería llevarlos a hacer un mea culpa y tomar los recaudos para que esos números no sigan creciendo.

Para completar el panorama social hay que decir que Jorge Macri está impulsando un nuevo Código Urbanístico que, en algunas cosas, implica dar marcha atrás con las políticas históricas del PRO de meter torre y más torre por todos lados. No obstante, cabe aclarar que hay puntos oscuros que destacan desde la oposición y que deberán ser tratados por la Legislatura.

En medio de esos, el Grupo IRSA aclaró que piensa seguir adelante con su barrio de torres de lujo en lo que fue la ciudad deportiva de Boca Juniors en Costanera Sur. Así lo anunció el Grupo IRSA, quien indicó que comenzará las obras de infraestructura del barrio ahora renombrado como Ramblas del Plata, que incluirá más de diez edificios con 6400 unidades en el terreno de 72 hectáreas ubicado a orillas del Río de la Plata y frente a la Reserva Ecológica. Pero le podemos decir “Barrio IRSA”.

Hay que recordar que ese proyecto ya pasó por la Legislatura en 2021 –luego de más de una década de lobby a través de distintos gobiernos- y solo le queda una audiencia pública por el impacto ambiental, que se hará el 4 de septiembre. Así que vamos camino a una ciudad donde a los más pobres se los echa y se los violenta mientras se levantan torres de hasta 145 metros de alto a pocas cuadras de Puerto Madero, con precios a partir de 4 mil dólares el metro cuadrado, para que vivan los más ricos.

Nada que no imaginemos con el rumbo de la economía, pero no deja de ser chocante como vamos hacia una sociedad cada vez más desigual. Ahora, ¿alguien puede creer que esto no va a generar más violencia?