La Justicia declaró la nulidad del aumento del subte, pero las tarifas se mantendrán

La justicia declaró la “nulidad absoluta e insanable” de la resolución por la que se determinó el aumento y nuevos cuadros tarifarios del Servicio de Subterráneos de la Ciudad. A pesar del fallo judicial, la tarifa continuará siendo la misma, ya que el gobierno porteño apelará la medida. En ese sentido, desde el 1° de octubre, el viaje en Subte vale $757 y en el Premetro, $264,95 con SUBE registrada, y $859,07 y $300,67 respectivamente si no tienen la tarjeta nominalizada.

El fallo fue dictado por la jueza en lo Contencioso Administrativo Tributario de la Ciudad, Elena Liberatori, en el que se advierte que “la determinación tarifaria realizada por SBASE mediante Resolución 5/SBASE/2024 adolece de falencias no subsanables”.

Desde el gobierno porteño explicaron que por tratarse de una sentencia definitiva, la interposición de un recurso de apelación “suspende los efectos de la resolución”. Esto es que mientras esté apelado el fallo, la tarifa actual no se modifica.

El amparo fue presentado por los legisladores Myriam Bregman, Alejandrina Barry, Patricio del Corro, y Claudio Dellecarbonara, con el patrocinio de Alberto Platkowski, Lilen Camila Reyes y Agustina Ferro contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), a fin de que se declare la nulidad de la Resolución 5/SBASE/24.

La jueza cuestionó la forma de la determinación tarifaria, ausencia de reglamentación del procedimiento a seguir para el aumento de tarifa del servicio, la reticencia en la entrega de la información pública, entre otros puntos.

“Existe un delicado balance donde la mesura debe primar en el aumento de la tarifa en favor de la ecuación económica de los usuarios. Aquí no se discute la necesidad de recomponer la tarifa de forma justa y razonable, sino los actos, los procedimientos y la información que llevaron a concebir este cuadro tarifario como una serie de tarifas que cumplan con los supuestos de justicia y razonabilidad exigidos por la Ley”, concluyó la jueza.