Yamil Santoro propuso declarar el transporte público como servicio esencial en la CABA

El diputado de la Ciudad de Buenos Aires por Republicanos Unidos Yamil Santoro presentó un proyecto de ley para declarar el transporte colectivo de pasajeros y el subterráneo como servicios públicos esenciales en el distrito. Esta iniciativa surge posterior a la medida de fuerza que distintos sindicatos impulsaron este miércoles contra el Gobierno nacional en reclamo por mejoras salariales. 

Según explicaron desde el sector que representa el legislador liberal, la medida busca asegurar la prestación continua de estos servicios, considerados de vital importancia para la vida cotidiana de millones de porteños, especialmente en momentos de conflicto laboral.

"El ejercicio del derecho de huelga es legítimo, pero cuando afecta a los derechos de otros, como la movilidad de la ciudadanía, debemos encontrar un equilibrio", argumentó Santoro. 

El proyecto establece que, en caso de interrupciones derivadas de conflictos de trabajo, se deberán garantizar servicios mínimos para evitar que la población quede sin alternativas de movilidad. 

Según el diputado porteño, la paralización del transporte público afecta de manera significativa la vida de los ciudadanos, quienes dependen de estos servicios para desplazarse a sus lugares de trabajo, estudios y otras actividades fundamentales. 

La propuesta también contempla que la autoridad de aplicación establezca sanciones para quienes incumplan con la prestación de los servicios mínimos durante las interrupciones, con el fin de asegurar el funcionamiento continuo de este servicio estratégico para la economía y la vida social de la Ciudad.

"Este proyecto busca aplicar el mismo criterio: garantizar un mínimo de operatividad en un servicio esencial para el desarrollo de la vida diaria y la economía de la Ciudad", explicó.

Santoro recordó que otras jurisdicciones, como la Provincia de Córdoba, ya han implementado normativas similares, con el objetivo de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos en situaciones de conflicto. 

Por último, subrayó que esta iniciativa respeta el derecho de huelga y la libertad sindical, al tiempo que prioriza la necesidad de que los servicios públicos esenciales continúen operando, en línea con la Constitución Nacional y tratados internacionales. "El equilibrio entre derechos es la clave; la ciudadanía debe estar protegida ante los conflictos y no puede ser la más perjudicada en cada medida de fuerza", sentenció.