- Sociedad
- 27.05.2026
El Gobierno liberó fondos para el Banco Nacional de Datos Genéticos tras la presión judicial
Una transferencia de $590 millones permitió destrabar la crisis presupuestaria que amenazaba con paralizar estudios clave para las causas de apropiación de menores durante la última dictadura. La decisión llegó luego de una cautelar impulsada por el juez federal Alejo Ramos Padilla y de fuertes advertencias de organismos de derechos humanos.
El Gobierno nacional transfirió una partida extraordinaria de 590 millones de pesos al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), luego de que la Justicia advirtiera que el organismo estaba al borde de la paralización por falta de recursos. La medida desactivó, al menos de manera provisoria, una crisis que amenazaba con frenar análisis de ADN vinculados a investigaciones por delitos de lesa humanidad y restitución de identidad de hijos de desaparecidos.
La intervención judicial estuvo encabezada por el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla, quien había ordenado al Ejecutivo garantizar el funcionamiento del organismo mediante una cautelar dirigida a la Jefatura de Gabinete. El magistrado sostuvo que el deterioro operativo del Banco ponía en riesgo tareas esenciales vinculadas al derecho a la identidad y al cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de derechos humanos.
El conflicto se profundizó después de que autoridades técnicas del BNDG advirtieran que el presupuesto asignado para este año apenas cubría poco más de la mitad de los recursos necesarios para sostener las actividades habituales. Entre las áreas afectadas figuraban la compra de reactivos para estudios genéticos, el mantenimiento de equipamiento de laboratorio, la conservación de muestras biológicas y hasta servicios básicos vinculados a seguridad y limpieza.
Según trascendió en distintas presentaciones judiciales, la situación ya había comenzado a impactar en la recepción de nuevas muestras y en el desarrollo de pericias vinculadas a investigaciones sobre apropiación de niños durante el terrorismo de Estado. La advertencia encendió alarmas entre fiscales especializados y organismos de derechos humanos, que reclamaron medidas urgentes para evitar una interrupción de las tareas del Banco.
El Banco Nacional de Datos Genéticos fue creado en 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, a partir del impulso de Abuelas de Plaza de Mayo. Su función principal es preservar información genética y realizar análisis que permitan determinar vínculos biológicos en causas relacionadas con desaparición forzada de personas y apropiación de menores. A lo largo de casi cuatro décadas, el organismo se convirtió en una pieza central en la restitución de identidad de nietos apropiados durante la dictadura.
En los últimos meses, el BNDG había quedado envuelto en una fuerte discusión política luego de la reestructuración impulsada por el Gobierno nacional mediante el decreto 351/2025, que modificó su esquema administrativo y lo integró a la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología dependiente de la Jefatura de Gabinete. Desde organismos de derechos humanos cuestionaron que esos cambios redujeran la autonomía del Banco y afectaran su capacidad operativa.
Tras la transferencia de fondos, Ramos Padilla dejó sin efecto la cautelar que obligaba al Ejecutivo a actuar de inmediato, aunque el expediente continuará abierto para monitorear la situación presupuestaria del organismo. Desde el oficialismo defendieron la reasignación de partidas, pero también cuestionaron la intervención judicial y rechazaron que existiera intención de desfinanciar el Banco.
La intervención judicial estuvo encabezada por el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla, quien había ordenado al Ejecutivo garantizar el funcionamiento del organismo mediante una cautelar dirigida a la Jefatura de Gabinete. El magistrado sostuvo que el deterioro operativo del Banco ponía en riesgo tareas esenciales vinculadas al derecho a la identidad y al cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de derechos humanos.
El conflicto se profundizó después de que autoridades técnicas del BNDG advirtieran que el presupuesto asignado para este año apenas cubría poco más de la mitad de los recursos necesarios para sostener las actividades habituales. Entre las áreas afectadas figuraban la compra de reactivos para estudios genéticos, el mantenimiento de equipamiento de laboratorio, la conservación de muestras biológicas y hasta servicios básicos vinculados a seguridad y limpieza.
Según trascendió en distintas presentaciones judiciales, la situación ya había comenzado a impactar en la recepción de nuevas muestras y en el desarrollo de pericias vinculadas a investigaciones sobre apropiación de niños durante el terrorismo de Estado. La advertencia encendió alarmas entre fiscales especializados y organismos de derechos humanos, que reclamaron medidas urgentes para evitar una interrupción de las tareas del Banco.
El Banco Nacional de Datos Genéticos fue creado en 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, a partir del impulso de Abuelas de Plaza de Mayo. Su función principal es preservar información genética y realizar análisis que permitan determinar vínculos biológicos en causas relacionadas con desaparición forzada de personas y apropiación de menores. A lo largo de casi cuatro décadas, el organismo se convirtió en una pieza central en la restitución de identidad de nietos apropiados durante la dictadura.
En los últimos meses, el BNDG había quedado envuelto en una fuerte discusión política luego de la reestructuración impulsada por el Gobierno nacional mediante el decreto 351/2025, que modificó su esquema administrativo y lo integró a la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología dependiente de la Jefatura de Gabinete. Desde organismos de derechos humanos cuestionaron que esos cambios redujeran la autonomía del Banco y afectaran su capacidad operativa.
Tras la transferencia de fondos, Ramos Padilla dejó sin efecto la cautelar que obligaba al Ejecutivo a actuar de inmediato, aunque el expediente continuará abierto para monitorear la situación presupuestaria del organismo. Desde el oficialismo defendieron la reasignación de partidas, pero también cuestionaron la intervención judicial y rechazaron que existiera intención de desfinanciar el Banco.
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