Mejor no hablar de ciertas cosas

Tres chicos accidentados. Uno muerto. Dos en grave estado. El edificio era responsabilidad del Gobierno de la Ciudad. Había dos fallos judiciales que lo obligaban a repararlo. Esos son los datos duros de la noticia que obligó al PRO a hacer lo que mejor hace: salir a cambiar el eje de la información en los medios. Mientras tanto, los vecinos de Soldati se quejan de que ni siquiera repararon la baranda suelta y oxidada por la que terminaron cayendo los tres adolescentes.

El viernes a los vecinos de Soldati el Estado porteño le falló dos veces: no hizo los arreglos mínimos para garantizar su seguridad y la ambulancia del SAME nunca llegó cuando los chicos cayeron al soltarse la baranda. El Complejo Habitacional Soldati tiene 3.200 viviendas. Viven unas 70 mil personas. Muchos llegaron expulsados de la Villa 31 a partir de fines de los setenta. Las obras estaban en manos del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), que dirige el joven gerente Emilio Basavilbaso.

Habían pasado unas pocas horas desde que los chicos habían caído al vacío cuando entró a las casillas de correo de los periodistas el primer mail del IVC. Era un despacho corto en el que aseguraba que sus autoridades “lamentan profundamente el accidente, se solidarizan con las familias de las víctimas y se ponen completamente a su disposición”. También indicaba que había comenzado un “exhaustivo análisis de toda la documentación”. Pronto quedó claro cuál era el fin: dirigir la responsabilidad hacia otro lado. Un segundo correo del IVC enumeró una serie de obras que se hicieron, según los macristas, y que incluyen renovación de escaleras, barandas, cañerías y cableado.

Una simple recorrida por el predio desmiente esta versión optimista: los vecinos señalan que la principal obra fue pintar los frentes, en lo que se gastaron casi 50 millones de pesos. El comunicado no se privó de señalar que existen consorcios y que “un 40 por ciento de unidades se niegan a pagar expensas”. Se empieza a ver una estrategia de culpabilización, que ya fue implementada por Mauricio Macri cuando hubo muertos en la represión del Parque Indoamericano y, en lugar de responder por sus políticas de vivienda, se refirió a la “inmigración descontrolada”.

El segundo paso de la acción evasiva estuvo a cargo del jefe de Gobierno electo, Horacio Rodríguez Larreta, que dio la cara por el silente Macri. El candidato a presidente mantendrá el silencio todo lo que pueda, como ya hizo con el affaire de Fernando Niembro o con los chicos muertos en un conventillo de La Boca. “Hay un plan de obras en marcha, que venía avanzando bastante bien”, sostuvo Larreta. Ya lo había dicho en abril de este año cuando fue en campaña a inaugurar obras a ese complejo. Macri incluso posteó en Facebook una foto del antes y el después de las obras que “restauraron” los edificios.

Lo que no contó es que el Gobierno porteño se viene negando desde hace seis años a cumplir fallos judiciales que lo obligaban a arreglar ese lugar. Una ley de 2001 declaró la emergencia edilicia del complejo habitacional. En 2003, el Gobierno se comprometió a arreglar todos los vicios de construcción. En 2009, dos vecinas iniciaron una demanda por la ausencia de obras. La gestión PRO respondió en el expediente que las obras corrían por cuenta de los propietarios. El juez Hugo Zuleta sentenció al Gobierno de Macri a hacer las obras en 2011, pero los macristas apelaron. Perdieron también ante la Cámara, que les ordenó hacer las obras en abril de 2014.

En mayo de este año, la Defensoría del Pueblo porteña publicó un informe en el que alertaba sobre la falta de avance de las obras. A raíz de estos fallos, ahora pesa sobre los funcionarios responsables una intimación de la jueza Patricia López Vergara para que den explicaciones y una posible causa penal por presunto homicidio culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El procesado jefe de Gobierno la tendrá difícil para explicar los actos de su Gobierno: según datos de la Auditoría porteña, recabados por el equipo del auditor Eduardo Epszteyn, el año pasado invirtieron poco más de 41 millones de pesos –la gran mayoría en pintura, como contaron los vecinos- mientras que este año recortaron el presupuesto para arreglar esas viviendas sociales a 28 millones de pesos. Durante la primera mitad de este año sólo ejecutaron el 29 por ciento de ese dinero disponible.

Este es, sin dudas, el último caso resonante sobre el que el macrismo intentará hacer maniobras evasivas con la inestimable ayuda de algunos medios de comunicación. Pero esta situación se desprende de un panorama más amplio, que es la política sistemática de reducción del presupuesto para Vivienda que ha llevado adelante la gestión PRO. Se calcula que hay medio millón de personas en situación de crisis habitacional. En 2014, los habitantes de las villas llegaban a 275 mil personas. El macrismo considera que el mercado debe resolver esos problemas, no el Estado. Quizás por eso el presupuesto para viviendas (y, en particular, el de villas) viene cayendo en forma vertical.

Repasemos algunos datos:

• En 2006, las partidas de vivienda representaban el 5,6 por ciento del presupuesto. Este año, sólo llegan al 2,4 por ciento.

• En el presupuesto general también cayó la participación del dinero destinado a las villas, del 1,1 por ciento se redujo a un 0,7 por ciento en 2014.

• La participación del presupuesto del IVC sobre el total se reduce año a año: en 2008 era del 3,65 por ciento y fue bajando hasta llegar a ser el 1,6 el año pasado.

• En sus primeros seis años de gobierno, Macri utilizó sólo el 46 por ciento del dinero que tenía disponible para urbanizar las villas. Son más de 1.000 millones de pesos que les fueron negados a los barrios más carenciados.

Para los que se preguntan por qué ocurre esto, es bueno recordar lo que dijo Macri durante la toma de terrenos en Soldati en 2010: “Pareciera que la Ciudad de Buenos Aires se tiene que hacer cargo de los países limítrofes y eso es imposible. Todos los días llegan entre 100 y 200 personas nuevas, que no sabemos quiénes son, de la mano del narcotráfico y la delincuencia”. Las familias de los jóvenes que cayeron al vacío vivían en Soldati hace muchos años. Para ellos tampoco hubo un Estado presente.