Pensando la escuela pública

La semana pasada, nos ocupamos de la campaña de afiches publicitarios que el gobierno de la Ciudad está haciendo a favor de la educación pública, sin ningún propósito específico ni datos que avalen que su gestión ha sido, en estos ocho años, consecuente con este repentino fervor por “lo público”.

Hace unos meses, el Ministerio de Educación de la Nación ha publicado el Anuario Estadístico 2014 sobre el sistema educativo de todo el país, el cual se puede consultar aquí. Como se puede apreciar de su lectura, más allá de las particularidades de cada provincia, hay cuestiones que atraviesan todas las jurisdicciones, lo que obliga a pensar los problemas educativos desde una perspectiva nacional. Diría más: estos datos actualizan el debate sobre la necesidad de revertir el proceso de provincialización de la política educativa iniciado por la Dictadura militar y perfeccionado por el menemismo, a favor de una nueva gestión y planificación de la educación (en sus 3 niveles: inicial, primaria y secundaria) a cargo del Estado nacional, con intervención de las provincias básicamente en aspectos de administración y de gestión de la infraestructura. 

Casualmente, esta semana el diario Clarín publicó un resumen del Anuario en el que da cuenta de la pérdida de alumnos de las escuelas primarias públicas a favor de las privadas.

Estas dos cuestiones nos dan pie para referirnos a un reciente trabajo de Mercedes Romera, Sofía Mercader y Giselle Arena, del Laboratorio de Políticas Públicas, en el que recogen la opinión de diferentes especialistas en educación con experiencia en distintos ámbitos (educativos, académicos, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos) y con perfiles ideológicos y políticos diversos, acerca de la situación actual de las políticas educativas en la Ciudad de Buenos Aires y de los modos posibles que proponen para avanzar en la ampliación del ejercicio efectivo del derecho a la educación.

Es interesante resaltar que todos los entrevistados están de acuerdo con que: el pleno acceso al derecho a la educación es una cuestión de resolución política; el Estado es la garantía para su realización; hace falta una instancia común que asegure la plena realización del derecho para todos.

En sentido contrario, coinciden en que la fragmentación educativa aumenta la distancia social entre los alumnos, según su pertenencia a un grupo social determinado y configura circuitos institucionales que producen diferentes tipos de experiencias educativas (por ejemplo entre una escuela prestigiosa o de élite y una escuela “para pobres”). La escuela se ofrece “abierta para todos” pero selectiva y desigual en el modo en que incluye a los niños y niñas, en virtud de las desiguales oportunidades de acceso a ciertos recursos, perfiles docentes y tipo y calidad de los conocimientos que distribuye. En el mejor de los casos, la masificación de la educación supone un crecimiento y expansión de la matrícula (más alumnos, más docentes, recursos y establecimientos) que conviven con crecientes procesos de diferenciación interna, de segmentación y de devaluación académica y social de los grados o títulos que la escuela generaliza.

Así, el acceso a la escuela constituye una condición necesaria pero no suficiente para asegurar el derecho a la educación. Se necesitan escuelas que enseñen conocimientos significativos para todos, más allá del origen social de sus estudiantes. Para ello “es imprescindible transformar la escuela”, afirman. Ok, pero ¿cómo?

Pablo Gentili, doctor en Educación por la UBA y secretario ejecutivo de CLACSO, entiende que “la escuela pública tiene que poder administrar las desigualdades, ofreciendo una escuela heterogénea y garantizando un piso común de conocimiento para todos. Democratizar la escuela es ofrecer un sistema educativo publico y abierto, que asegure que todos vayan a la escuela pública, salvo que tengan opciones particulares(religiosas o ideológicas). Algunos van a pedir que la comida sea buena porque en su casa no comen bien y otros van a reclamar más deportes, o más horas de arte. El problema de la escuela publica no es que haya conflictos, siempre va a haber tensiones en relación con las desigualdades, eso es lo bueno que tiene la escuela publica, que puede administrar esas desigualdades, porque propone el acceso de todos a un piso común de conocimientos socialmente significativos”.

En la misma línea, aunque en un tono más provocador, Mariano Narodowski, ex ministro de Educación del primer gobierno de Mauricio Macri, propone que “la escuela pública empiece a aparecer como una escuela más diversa, más heterogénea, más flexible, que haya distintos tipos de escuela pública que se puedan elegir, que haya distintos proyectos, que haya distintos criterios de innovación; pero esto es imposible si no hay un proyecto general con cuatro o cinco consensos básicos”.

Por su parte, Mara Brawer, diputada nacional del FPV y especialista en temas educativos, coincide al decirnos que “todas las escuelas públicas deberían garantizar los conocimientos y aprendizajes que les permitan a las personas desarrollarse en sus estudios y en sus trabajos. En este sentido deben ser igualadoras, pero eso no quiere decir que sean idénticas. Un caso interesante de diversificación de la oferta en la CABA son las escuelas primarias con intensificación curricular en Artes, Lenguas Extranjeras, Educación Física, Actividades Científicas y Tecnología. Estas escuelas, que resultan de una innovación de gestiones anteriores, buscan enriquecer las experiencias escolares de los niños y niñas, ofreciéndoles más tiempo, más espacios y diversidad de propuestas didácticas para vincularse con diferentes campos del saber. Y no casualmente han sido altamente elegidas por las familias”.

Sin embargo, para Romera-Mercader-Arena, “el elemento democratizador que tuvo la expansión del sistema educativo y que implicó la incorporación de nuevos grupos sociales a la escuela, hoy exige ser revisado. Necesitamos replantearnos si tal como se presenta la oferta escolar, la escuela puede garantizar aprendizajes igualitarios para todos los alumnos”.

En definitiva, si queremos que “creer en la escuela pública” no sea un mero acto de fe o una excusa de marketing electoral, es fundamental que podamos materializar estos acuerdos transversales, que sucintamente expusimos aquí, en políticas públicas robustas y sostenidas en el tiempo. De lo contrario, “el sistema educativo confirmará la correspondencia entre pobreza social y pobreza educativa” con los resultados conocidos.