Macri recusó a la jueza que le exigió medidas en Soldati

La jueza Patricia López Vergara estaba a cargo de la causa por la ejecución de las obras previstas para el complejo habitacional de Soldati, donde falleció Cristian Crespo al caer de un balcón en mal estado. Ayer el gobierno porteño y el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) recusó a la jueza y puso a cargo de la causa a Martín Converset, “quien accedió a la magistratura gracias a su estrecha vinculación con Daniel Angelici, mandamás macrista de Boca Juniors”, según denunció el legislador porteño, Jorge “Quito” Aragón.

López Vergara, titular del juzgado N° 6 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, había determinado medidas para obtener información sobre el grado de ejecución de las obras que fueron ordenadas por la Justicia en dos ocasiones.

Los argumentos para la recusación de la jueza son los incisos 6 y 9 del artículo 11 del Código CAyT. “Haber sido el/la juez/a defensor/a de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado”, y “tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos conocidos”, según dice el texto elevada por la propia magistrada a la Cámara de Apelaciones.

El resentimiento que acusa el gobierno porteño está dado por el “seudo allanamiento” que se realizó en el IVC con acompañamiento de la Policía Federal Argentina, lo que implicaría “una enemistad manifiesta y un desprecio por las instituciones de la Ciudad”.

“Teniendo en cuenta la colaboración del macrismo hace unos meses en el allanamiento ordenado por el juez de la servilleta Claudio Bonadío en Santa Cruz y de su defensa del uso de la Policía Metropolitana como auxiliar de justicia, estos argumentos del macrismo no son más que otra muestra del doble estándar que caracteriza al PRO y su dirigencia”

López Vergara rechaza tales argumentos porque sostiene que su actuación se limitó a la “verificación de su cumplimiento” y en ese sentido, remarcó que el fallo de realización de obras fue dictado por “el entonces juez subrogante Hugo Ricardo Zuleta”. Por otra parte, la jueza indicó que la información requerida al IVC fue entregada “voluntariamente” y “sin que resultase necesaria la ejecución de fuerza alguna” y rechazó la crítica de la utilización de la Policía Federal.

“De acuerdo a las normas procesales del CCAyT el juez es el director del proceso y el encargado de elegir qué fuerza lo auxiliará en la realización de los procedimientos que crea convenientes para el cumplimiento de una manda judicial como la cuestionada”, afirmó la magistrada.

La causa ahora quedó en manos de Martín Converset, titular del Juzgado Nº5, hasta tanto la recusación sea resuelta por Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario. El legislador Aragón denunció: “Teniendo en cuenta la colaboración del macrismo hace unos meses en el allanamiento ordenado por el juez de la servilleta Claudio Bonadío en Santa Cruz y de su defensa del uso de la Policía Metropolitana como auxiliar de justicia, estos argumentos del macrismo no son más que otra muestra del doble estándar que caracteriza al PRO y su dirigencia”.