La relocalización de familias en el Barrio Carlos Mugica

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en su mandato ineludible como protector de políticas públicas y articulador de recursos o instancias de gestión social urbana y con la aceptación como Amicus Curie en la Causa Mendoza, ha sido convocada por el Juez Torres para abordar la multiplicidad de dimensiones y aspectos concurrentes en la Causa.

Una de las líneas a las que se refiere este encargo es la relocalización de las familias que habitan en el camino de sirga. Este plan ha tenido diversas resoluciones geográficas y habitacionales. Una de ellas tuvo más errores que aciertos y ha devenido en un problema en sí mismo “el Conjunto Habitacional Barrio Padre Mugica”.

Este Conjunto, ubicado en General Paz y Castañares, alberga familias relocalizadas del camino de sirga, como así también familias con problemas habitacionales provenientes de otros sectores de la Ciudad con distintas experiencias de marginalidad social y urbana y con años de espera para el acceso a una vivienda digna.

Los relevamientos realizados y los testimonios de sus habitantes reflejan que la nueva relocalización, en lugar de ser la solución esperada para estas familias se convirtió en un nuevo problema para ellos, tanto por sus condiciones urbanas como constructivas.  Filtraciones en las viviendas habitadas, servicios de infraestructura deficitarios, falta de equipamiento urbano, falta de movilidad urbana y usos no previstos. Estas condiciones y la relocalización llevada a cabo sin un proceso adecuado de acompañamiento, agregan, a los avatares y a la incertidumbre de cada familia en particular, un universo de conflictos convivenciales y sociales.

La trayectoria del “Barrio Mugica”, en sus dimensiones física, social y urbana, revela que no se han logrado, hasta el momento, los resultados esperados en cuanto a las distintas problemáticas que las obras y acciones previstas se proponía resolver. Menos aún se han resuelto aquellas cuestiones que son propias de este tipo de procesos y que no han sido contempladas en el plan de relocalización de familias, el proyecto en ejecución y los sucesivos ajustes o modificaciones del mismo.

Debido a ello, y dando cumplimiento a la convocatoria del Juez Torres, la  Defensoría del Pueblo tomó el compromiso de  articular, a través de una “Mesa de Seguimiento”, con el conjunto de actores estatales y sociales involucrados,  con el fin de que funcione como instrumento o espacio de interacción hasta el fin de las obras y los procesos a desarrollar.

Este espacio atiende las distintas problemáticas que se suscitan en relación a las obras, al proceso de formalización del conjunto en unidades de propiedad horizontal, y al uso de espacios o áreas comunes.

La trayectoria del “Barrio Mugica”, en sus dimensiones física, social y urbana, revela que no se han logrado, hasta el momento, los resultados esperados en cuanto a las distintas problemáticas que las obras y acciones previstas se proponía resolver.

Asimismo, se creó una “Unidad de Gestión de Conflictos”, en el marco de la Mesa de Seguimiento para que atienda la convivencia entre vecinos, la recepción de los nuevos vecinos en orden a la evolución del conjunto (adjudicación de nuevas unidades), y a las relaciones sociales urbanas. En este abordaje trabajamos junto al Instituto de la Vivienda (IVC) en reuniones con los residentes del Conjunto con el fin de comenzar a delinear un mapa de conflictos a resolver.

Las reuniones  se realizan en la sede de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad con la participación de representantes de la Subsecretaría de Obras Públicas de la Nación, del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC),  la Empresa Sentra S.A (actual contratista a cargo de la obra y de las reparaciones pendientes), la Universidad de Buenos Aires, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), Defensoria General de la Nación, Ministerio Publico de la Defensa de la CABA y son coordinadas por la Arq. Bárbara Rossen, Subsecretaria de Derechos Urbanos, Espacio Público y Medio Ambiente de nuestro organismo. Cabe mencionar que los consensos alcanzados y los grados de avance van siendo informados quincenalmente al Juzgado interviniente.

En términos generales, y atento a este recorrido, cabe señalar que los procesos de urbanización en las últimas décadas, se han caracterizado, por “habitar primero y luego -en el mejor de los casos- construir ciudad y ciudadanía”. Lamentablemente, esta lógica se reproduce -frecuentemente- en las experiencias de nuevos conjuntos de vivienda. Es por ello que nosotros preferimos utilizar el concepto de integración socio urbana, tal como lo fijamos en el proyecto de ley que presentamos en la Legislatura Porteña meses atrás, y que contempla a todas las villas de la Ciudad.

El trabajo que llevamos adelante con el Barrio Mugica es, de algún modo, un intento de desandar este “camino perverso” para transitar un “camino virtuoso”: un trabajo inter-institucional con un fuerte compromiso por parte de todos los actores.

En esta ocasión fue la Justicia la que puso a andar el proceso, pero no debería ser así. Cuando llega la Justicia es la revelación de que falló la política, las instancias de gestión de la ciudad y el territorio.

Los problemas complejos requieren de respuestas complejas, esto implica un abordaje integral, y estratégico, que incluya pero que trascienda los problemas puntuales, en la coyuntura y en prospectiva, con una propuesta que garantice un hábitat digno y la autonomía de los residentes en el barrio.

Esperamos que este esfuerzo conjunto se convierta en un logro compartido, entre las instituciones y las familias a las que se les han vulnerado sus derechos por tan largo tiempo. De ser así, el proceso podrá, a la vez que celebrarse, resultar una guía para que la ilusión de muchos que hoy padecen la injusticia social urbana, sean sujetos de políticas públicas adecuadas para cancelar la deuda histórica del derecho a la vivienda, al hábitat digno, y a la ciudad. 

Reafirmamos nuestro compromiso de ser garante en la construcción de este camino.