Las formas y el fondo

El gobierno de Mauricio Macri se ha movido rápido. En sólo doce días nombró dos jueces de la Cortes Suprema por decreto y sin votación del Congreso (algo que ningún presidente democrático había hecho), eliminó las retenciones a la exportación de carne, anunció una devaluación del peso frente al dólar, una liberalización de las condiciones para comprar dólares, la eliminación de las medidas para regular el ingreso y egreso de capitales del país, anunció un complemento de 400 pesos para cada beneficiari@ de la AUH, reprimieron con hidrantes y balas de goma una manifestación de trabajadores despedidos por una empresa de alimentación en quiebra probablemente fraudulenta y anunciaron una intervención pro parte del Ejecutivo de un organismo autárquico del Estado, el AFSCA.

El propósito de esta columna es discutir brevemente la idea de que las medidas de éste o de cualquier gobierno pueden dividirse entre aquellas que son “sustantivas” y aquellas que tienen que ver con “las formas” o “las instituciones”. En este sentido, medidas de directa incidencia como las decisiones de política macroeconómica o de política social serían políticas “sustantivas” y decisiones como las tomada por Poder Ejecutivo Nacional que inéditamente decidió nombrar mediante decreto dos jueces de la Corte Suprema tienen que que ver con las “formas”.

Sin embargo, en una democracia liberal como la que rige la Argentina hoy las cosas no son tan sencillas. Una democracia liberal es una especie de Frankenstein en donde se combinan dos elementos que hasta el siglo diecinueve estaban en guerra entre ellos: lo democrático y lo liberal. En nuestros regímenes, el elemento democrático se contrapesa con lo liberal, y lo liberal le pone límites a lo democrático: lo liberal como define los procedimientos mediantes los que se toman las decisiones; lo democrático busca ampliar la participación en la toma de decisiones. Esta combinación ha sido tal vez uno de los más grandes logros de las democracias modernas.

Esto significa que la relación entre sustancia y formas es más compleja, ya que ambas cosas se relacionan y envuelven mutuamente. Lo liberal protege a la democracia porque define asegura, por ejemplo, que ninguna minoría pueda recortar derechos a la mayoría, o viceversa. Cuestiones institucionales “liberales” como una Corte Suprema que sea razonablemente independiente de los designios del Poder Ejecutivo es importante porque si no ese Poder Ejecutivo podría tomar cualquier decisión “sustantiva” sin ningún contrapeso; que el Congreso funcione razonablemente es democrático porque, se supone, allí se representa la voluntad del “pueblo” en su pluralidad.  Las formas resultan de crucial importancia para determinar o no determinar contenidos: medidas económicas de profundo impacto sobre la vida cotidiana de las personas tal como, por ejemplo, las reformas de leyes laborales las privatizaciones de empresas del estado pueden ser mucho más extremos si se sabe de antemano que cualquier cosa que el Ejecutivo decida será aprobado por la Corte Suprema, como pasaba con la mayoría automática de la Corte Suprema en el decenio menemista, o si se legisla por decreto y sin Congreso, como hicieron las sucesivas dictaduras de facto en nuestro país.

El denostar a las “cuestiones institucionales” como algo separado de la economía o las condiciones de vida de las clases populares era un error de larga data en las izquierdas latinoamericanas, pero a partir de la década del ochenta los partidos de izquierda y centroizquierda valorizaron los aspectos liberales y abandonaron la vía revolucionaria como la mejor manera de lograr cambios. Sin embargo, continúa el desafío de explicar cómo y por qué los temas institucionales son necesarios para construir y sostener procesos de mejoramiento de la vida cotidiana de las mayorías, para eliminar el riesgo de caer en un procesualismo vacío.