¿Qué habría pasado si...?

La primera medida de alto impacto del nuevo gobierno fue el intento de nombramiento de dos jueces de la Corte Suprema por decreto. Se presentaron tres argumentos: que era urgente suplir de integrantes a la Corte Suprema que estaba funcionando sólo con tres miembros plenos; que hacerlo mediante el trámite institucional era imposible porque el Congreso no estaba en funcionamiento, y finalmente que el gobierno no podría sacar estos nombramientos dada la mayoría que tiene el peronismo en la cámara alta y el carácter obstruccionista del mismo. Hagamos entonces un ejercicio contrafáctico.
La primera razón, la Corte incompleta, es verdadera, aunque resulta difícil pensar que la Corte no pudiera continuar funcionando con conjueces sólo o algunos meses más.

La segunda razón, que el nombramiento por decreto de jueces de la Corte Suprema era necesario porque el Congreso está en receso, no resiste el análisis por cuanto es justamente el Poder Ejecutivo quien puede llamar a sesiones extraordinarias, como lo hicieron Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Fernando De La Rúa al asumir.  

Vayamos a la tercera. Imaginemos qué hubiera pasado si el gobierno de Mauricio Macri enviaba la postulación de Fernando Rosenkrantz y Horacio Rosatti al Congreso. Al contrario del discurso público del macrismo, consideró muy probable que estos nombramientos hubiesen sido aprobados en el Senado.

El peronismo (sobre todo el no kirchnerista) históricamente ha sido concesivo con los presidentes recientemente electos y por lo tanto populares; sin ir más lejos, le concedió sin disputa a Cambiemos la presidencia de la Cámara de Diputados y la Presidencia Provisional del Senado. Es dudoso que los senadores peronistas, todavía sacudido por una durísima derrota y con fuertes divisiones internas, hubiesen tenido la resiliencia necesaria para desaprobar a dos candidatos con buenos pergaminos, enviados por un gobierno recién asumido y con alto apoyo popular. (Miguel Ángel Pichetto por su parte avisó que su bloque está dispuesto a negociar en el Senado las leyes que el gobierno quiera y que no se optará por una estrategia de obstrucción total.) Y si el PJ efectivamente hubiese bloqueado a estos dos candidatos, ¿no hubiese sido acaso una buena ocasión para que el PRO esgrima el  argumento de “no nos quieren dejar gobernar”?   Vayamos a otros dos casos, el encarcelamiento de Milagro Sala y la relación con los organismos de derechos humanos. El gobernador Gerardo Morales detuvo a Milagro Sala con un cargo de sedición y tumulto y el juez actuante le a Sala negó el habeas corpus y la excarcelación. Este encarcelamiento ocasió respuestas y protestas de la filial argentina de Amnesty  International, una nota en su contra del director para América de la Human Rights Watch, protestas del CELS, de ATE, una carta de varios diputados del Europarlamento, la elevación de una queja a la CIDH y varias marchas y plazas en su contra.

Es cierto, seguramente el gobierno considera que estos son costos bajos que pueden y deben ser pagados si ayudan a limitar la protesta social, que ellos mismos deben pensar será inevitable dado el impacto que tendrán medidas como el aumento de los precios eléctricos, despidos y un pico inflacionario. Sin embargo, pensemos un contrafáctico. ¿Qué hubiese sucedido si el arresto de Milagro Sala se producía por algunos de los cargos de mal uso de fondos públicos de los que -supuestamente- el gobierno jujeño tiene pruebas? ¿O si se le concedía la excarcelación luego de unos días de arresto? El costo de tener a organizaciones internacionales como Amnesty o Humans Rights Watch elevando protestas puede ser bajo pero no es igual a 0, sobre todo cuando el gobierno considera a su buena imagen internacional un capital para su relación con los mercados financieros. ¿Por qué asumir estos antecedentes?   Lo mismo con el trato dado a las organizaciones vernáculas de Derechos Humanos, entre ellas Madres y Abuelas de Plaza de Mayo e HIJOS, a las cuáles el presidente Mauricio Macri se negó a recibir hasta la fecha (el único presidente, según dijo Estela Carlotto, en años democráticos que no se manifestó interés en reunirse con ellas.) Otra vez, el gobierno debe pensar seguramente que el público apoyo de algunas figuras relacionadas con los derechos humanos al gobierno anterior minimiza los costos de un enfrentamiento con estos organismos. (No de todas, por cierto; no de Nora Cortiñas, por ejemplo, y tampoco de sectores de HIJOS que estaban más cercanos a la izquierda.

Por su parte el CELS fue un áspero crítico de la política carcelaria del kirchnerismo y del gobierno de Daniel Scioli en particular. ) Pero, hagamos otro contrafáctico: que hubiera pasado en el primer mes de gobierno, Mauricio Macri hubiese recibido a Madres, Abuelas y ONGS de derechos humanos. Les convidaba un café, las escuchaba por media hora y las despedía sin asumir ningún compromiso claro. ¿Cuál hubiese sido el problema? ¿Por qué exponerse a estas críticas?
En conclusión: a diferencia de su discurso de campaña que habló de “unidad” y “saldar la grieta”, antes que optar por el compromiso y la negociación, en estos tres casos el gobierno eligió el curso de mayor conflicto aún cuando otras trayectorias podrían haber sido igualmente efectivas. Hay aquí decisión, no condicionamiento de las circunstancias.