Informe Especial: El traspaso de la Justicia a la Ciudad

Desde que Buenos Aires es Ciudad Autónoma, conviven dos instancias judiciales: los fueros creados en el ámbito porteño y los nacionales ordinarios. Luego de la transferencia de la Policía Federal, en el Gobierno nacional y el porteño trabajan en un proyecto de ley que traspasará los fueros nacionales a la Ciudad, junto con los delitos que investigan. Quedarán excluidos aquellos que son de incumbencia federal. El proceso se hará en etapas: en la primera planean incluir el fuero laboral, el penal y el de familia. En Nación, calculan que la primera transferencia podría hacerse efectiva a mediados del año próximo. El costo global de la transferencia es de alrededor de 8 mil millones de pesos, según un cálculo que hizo ante Nueva Ciudad el subsecretario de Justicia porteño, Jorge Enríquez.
 
El traspaso tiene un alto consenso entre juristas y algunas dificultades que señalan los especialistas: entre ellas, la diferencia entre el sistema nacional, donde el que investiga es el juez (se llama inquisitivo), y el porteño, donde el peso de la pesquisa recae en el fiscal (acusatorio). También cómo se compatibilizarán los juzgados penales nacionales con los contravencionales porteños y qué será de la Cámara de Casación Penal ordinaria. La idea del macrismo es disolverla. Desde la oposición porteña reclaman mayor participación en las conversaciones. 
 
“Vamos a transferir los fueros ordinarios nacionales. La justicia de la Ciudad ahora tendrá el funcionamiento de una justicia provincial. La Ciudad recibirá el fuero laboral, comercial, civil y el fuero penal local”, anunció hace algunas semanas el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Martín Ocampo. El plan, que será plasmado en un proyecto de ley, incluye un traspaso en etapas, dada la cantidad de juzgados, fiscalías, secretarías, inmuebles y recursos que implicará. Para graficarlo, el subsecretario de Justicia porteño señaló: “Hoy tenemos aproximadamente alrededor de 137 jueces.  Y cuando finalice el traspaso vamos a tener una cantidad que va a superar el millar”. En concreto, serán 286 juzgados los que se van a traspasar, con sus secretarías, más unas 66 salas de segunda instancia, cada una integrada por tres camaristas.
 


Tanto el ministro de Justicia nacional, Germán Garavano, como su secretario de Justicia, Santiago Otamendi –que es juez porteño en uso de licencia-, estuvieron sondeando a los magistrados en los brindis de fin del año pasado. Percibieron algunos núcleos de resistencia que irán desarmando de a poco.  Para la primera parte del traspaso, en el Ministerio de Justicia nacional piensan aprovechar que el hecho de que muchos juzgados penales están vacantes: son, en total, unos 23 tribunales. No es lo mismo transferir una estructura y luego nombrar el juez que tener que convencer al magistrado de que acepte el cambio sin poner trabas. “El traspaso va a ser progresivo, gradual y vamos a aprovechar las vacantes existentes para la dinámica de este proyecto institucional”, confirmó a Nueva Ciudad el secretario de Justicia nacional, Santiago Otamendi. “La idea es hacerlo con una sola ley que determine el traspaso de las competencias y los juzgados a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero lógicamente esto no se puede hacer mágicamente de la noche a la mañana así que va a llevar una serie de etapas”, completó Enríquez.
 
Esto significa que, durante el tiempo de traspaso, muchas causas se seguirán tramitando en los juzgados nacionales. Inclusive, con la mitad de los jueces nacionales penales, en el Ministerio de Justicia tienen la idea de crear un equipo de jueces interjurisdiccionales, que se ocuparía de casos de delitos complejos, como narcotráfico o trata de personas. Esto implica sacarle a los juzgados federales de Comodoro Py las causas en las que podría intervenir más de un juez  federal y puede haber conflicto de competencias. La otra mitad de los jueces nacionales penales quedaría a cargo de las causas residuales.
 
En los planes del macrismo está transferir primero el fuero penal, el laboral y el civil no patrimonial o de familia. Como el proceso incluye la aprobación de leyes y convenios interjurisdiccionales –que deben ser aprobados por el Congreso y por la Legislatura porteña-, imaginan que el traspaso se podría concretar a mediados de 2017.
 
 
El traspaso en debate
 
El traspaso de más de 200 juzgados tiene diversas complejidades. La primera es la equiparación de sueldos, jubilaciones y obras sociales. La segunda es poder compatibilizar a jueces que vienen acostumbrados a ser los que manejan una causa a un código de procedimientos que le da más protagonismo al fiscal. “Nosotros tenemos un sistema acusatorio que viene ya desde la Constitución. El sistema que tiene la Justicia nacional es un sistema inquisitivo, producto de la herencia borbónica. Hay que acoplar varios sistemas. Hay que cambiar la mentalidad de jueces que están acostumbrados a trabajar con un sistema inquisitivo”, destacó Jorge Enríquez, subsecretario de Justicia porteño.
 
“Se resuelve fácilmente: pasás la estructura nacional y cambiás el funcionamiento. En el sistema de la CABA, quien tiene la carga de llevar adelante el proceso es el fiscal. También se mantiene la parte querellante”, consideró el jurista Andrés Gil Domínguez. Para Jorge Boerr, del  Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), no es tan simple: “Veo dificultades técnicas: en el caso de la Justicia penal, tenés un código local acusatorio y otro nacional. En la Ciudad, tenés una organización de jueces que es muy diferente a la nacional. Tenés jueces en la Ciudad que tienen función como jueces de garantía y de juicios. Tienen competencia para delitos menores y competencia criminal de mediana gravedad. En la Justicia nacional, con el nuevo código, es de jueces de instrucción  y otros jueces de tribunal oral criminal, que son los que intervienen en los juicios orales. Tenés marcada la diferencia por etapas de intervención. Fusionar esos dos conglomerados de jueces hay que ver cómo se equilibra”.
 
Otra dificultad es cómo se fusionarán los fueros penales de la Ciudad y la Nación. En el Gobierno porteño, existe la idea de dejar a algunos jueces con las competencias de faltas y contravenciones, una perspectiva que genera ruido entre los magistrados porteños. Otra posibilidad es sumar los juzgados y que queden todos al mismo nivel. 
 
Una de las medidas que causa controversia es la disolución de la Cámara de Casación Penal ordinaria, que integran jueces como María Laura Garrigós de Rebori, de Justicia Legítima. Esta cámara, destinada a revisar los fallos de primera y segunda instancia, no tendría lugar –según explicaron los macristas- en el esquema judicial porteño. Sus funciones las absorbería tanto la cámara de apelaciones como el TSJ.  El presidente de ese tribunal, Luis Lozano, se mostró a favor de esta alternativa: “Hacer una casación no parece más que prolongar un proceso que podría ser conformado razonablemente bien con menos órganos”. “Esa es una cuestión que se va a resolver en el plano más político. Esa cámara se hizo para no recargara la Corte Suprema. Creo que no sería necesaria”, coincidió Enríquez, desde el Gobierno porteño. Esta disolución implicaría reasignar a sus nueve camaristas.
 
Desde la oposición porteña, en cambio, consideran que la razón para disolver esa cámara es que algunos de los jueces forman parte de Justicia Legítima. “Evidentemente, es una decisión de carácter político y que parte de quienes son sus integrantes, que son participantes de Justicia Legítima y tienen una definición de políticas judiciales que no es del agrado de las autoridades del Gobierno de la Ciudad ni del Gobierno nacional”, sostuvo el jefe de la bancada kirchnerista, Carlos Tomada. El legislador indicó también que “en los últimos ocho años fue notable el poco interés en transferir competencias y poner en marcha las obligaciones constitucionales. Esto no se puede hacer como una transferencia entre amigos, como fue la de la Policía Federal. Debe tener un análisis y una participación en la que deberemos estar todos involucrados. No puede ser que siempre el marketing sea lo que fije los tiempos de las decisiones políticas” . Entre las propuestas para pensar el traspaso Tomada señaló que “a la par de la transferencia, debería desarrollarse la Justicia vecinal, una Justicia más cercana a la gente. El otro tema que podría estar en marcha es el juicio por jurados. Ha habido poca voluntad política”.
 
“Es un poco como el traspaso de la Federal: todo en la nebulosa. No se está discutiendo con los otros bloques. Yo había presentado un proyecto de traspaso, con el que nunca pudimos avanzar”, indicó la legisladora del FpV María Rosa Muiños. “Habría que estudiar si se presentan dificultades en lo operativo. Por ejemplo, el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes y la problemática de menores. Porque la Ciudad estaría recibiendo institutos carcelarios que se superponen. Hay que armar una comisión y ponerse a trabajar sobre la transferencia”, consideró. El debate está abierto.