Informe Especial: Algo de historia sobre la cuestión de la Justicia

Con la reforma de la Constitución nacional de 1994 y la constituyente porteña, la Ciudad pasó a ser un distrito autónomo. En 1998, la Legislatura dictó la ley 7, que creó el sistema judicial porteño: lo componen dos fueros, el contencioso administrativo y el penal, contravencional y de faltas. Cada fuero tiene jueces de primera instancia, cámaras de apelación y el sistema converge en el Tribunal Superior de Justicia, el equivalente local a la Corte Suprema de la Nación. Su presidente actualmente es Luis Lozano, quien se mostró a favor del traspaso: “Me parece altamente positivo. En primer lugar, porque es el recupero de derechos políticos que los porteños perdimos. Los perdimos hace mucho. Es una ventaja que todos los argentinos tengamos los mismos derechos políticos. Si en todas las provincias se eligen los jueces, le da una impronta que tiene que ver con el medio en el que se desenvuelve. Hoy los porteños son una proporción muy pequeña dentro de la Nación. Los jueces terminan siendo elegidos por las provincias. Esto no es natural”.
 
Volvamos a 1998. Se creó una justicia porteña en paralelo con la nacional ordinaria. La ley Cafiero limitó las competencias de la Justicia porteña solo a contravenciones. Sin embargo, hubo un primer intento de transferencia entre los gobiernos de Carlos Menem y de Fernando de la Rúa, que fue el primer jefe de Gobierno. Así lo recuerda  el subsecretario de Justicia porteño, Jorge Enríquez, que en ese entonces era su secretario de Gobierno: “Me acuerdo que en el mes de diciembre de 1996  hubo un momento en que nos llamaron de urgencia a Graciela Fernández Meijide, Eduardo Rollano y Juan Octavio Gauna. Nos pusimos de acuerdo en todos los puntos, menos en uno: los puntos de coparticipación federal que le tenía que transferir la Nación a la Ciudad”.  Ese primer intento fracasó.
 
En 2000, con Aníbal Ibarra como jefe de Gobierno y Fernando de la Rúa ya de presidente, se firmó el primer convenio, con el que se transfería el delito de portación de armas. En ese acuerdo, participó el jurista Andrés Gil Domínguez: “A partir de ese primer convenio, que nosotros armamos, se fueron celebrando distintos convenios de transferencia de competencias. Ahora lo que viene no es sólo la transferencia de competencias, si no de juzgados”, indicó. “Es muy favorable para la consolidación de la autonomía y los derechos de las personas, para que puedan tener el mismo nivel de Justicia que las provincias. No puede ser que en Avellaneda haya una Justicia provincial y en la Ciudad no existe. Esto va a mejorar el acceso a la Justicia”, sostuvo. “A partir de la transferencia, el Consejo de la Magistratura que va a entender en las competencias es el porteño y no el nacional. Y el Tribunal Superior de Justicia porteño va a ser el tribunal de alzada. Y se va a aplicar la Constitución de la Ciudad, que es una de las más progresistas del país”, señaló.
 
El segundo convenio se firmó en 2004, e incluyó la transferencia de 14 delitos. Entre ellos, violación de domicilio y amenazas. El subsecretario de Justicia porteño indicó que este último delito tuvo un tratamiento más veloz desde que pasó a la Ciudad, dado que en el 60 por ciento de los casos se soluciona con una mediación.

Hubo una tercera transferencia de otros delitos en 2010 que fue aprobada por el Congreso nacional, pero no por la Legislatura, por lo que no se concretó hasta ahora. Se incluían lesiones, abuso de armas y una serie de delitos contra la administración pública local, como abuso de autoridad y malversación de caudales públicos. El autor del proyecto que dio lugar a esta ley fue el entonces senador kirchnerista Daniel Filmus. “En ese momento, planteamos transferir 27 delitos que no involucraba traspaso de juzgados. Lo importante en este caso es hacerlo en consenso con los autores que van a intervenir”, indicó Filmus.