A buen puerto

El Gobierno porteño trabaja ya en el traspaso del puerto de Buenos Aires a la órbita de la Ciudad. Si alguien imaginaba un avance gradual de las transferencias de competencias que todavía mantiene la Nación (las otras son: la Policía, la Justicia, el juego y los terrenos fiscales), es que no lo conoce a Horacio Rodríguez Larreta. “Vos viste cómo es Horacio”, comenta un ministro a Nueva Ciudad: “Con él, es lo quiero ya”. La impronta a lo Luca Prodan del jefe de Gobierno aceleró el inicio del traspaso de la Policía Federal y lleva a que las otras transferencias se hagan en simultáneo, más que con una lógica etapista.

El debate sobre el puerto –que tiene ribetes históricos- ya despertó algunas discusiones por parte de los gobernadores, pero desde el oficialismo imaginan que esas protestas de las provincias se acallarán con la llegada de los créditos internacionales.
“Estamos trabajando en un proyecto sobre el traspaso del puerto. No se va a presentar en un año. Va a ser ya”, indican en el Gobierno porteño, donde detallan que los primeros borradores estarán en las próximas semanas.

El puerto de Buenos Aires se mantiene en manos del Gobierno nacional prácticamente desde su consolidación como Estado en el siglo XIX, cuando llevó a enfrentamientos armados entre unitarios y federales (si es que esas categorías aplican a los distintos grupos de poder). Por tomar sólo el final de ese siglo, el gobierno del entonces presidente Nicolás Avellaneda debió enfrentar a las fuerzas militares sublevadas por el gobernador de Buenos Aires, Carlos Tejedor, quien se oponía a la federalización de la Ciudad de Buenos Aires, pero sobre todo defendía no entregar a la Nación la aduana del puerto de Buenos Aires.  El enfrentamiento incluyó combates en Olivera, Puente Alsina, Barracas y en los Corrales (donde ahora está Parque Patricios e, irónicamente, la sede del Gobierno porteño). Las tropas de Tejedor fueron derrotadas y en 1880 se creó la Capital Federal y se empezaron a construir las dársenas del puerto (se inauguró en 1889 y en 1909 se hizo el Puerto Nuevo).

Su caída impuso también la derrota de un sector que había apoyado antes a Juan Manuel de Rosas:  “Los liberales del decenio de 1850-60 eran una camarilla urbana de comerciantes y funcionarios locales (…) Su concepción del orden futuro se asemejaba a la ciudad-estado de la Antigüedad: la ciudad-puerto gozaría de completa primacía política y económica, usando a las provincias como mercados, una fuente de productos alimenticios exportables o locales y esencialmente como tributarios para ser explotados o ignorados a voluntad”, escribió el historiador David Rock.  

Un siglo después, y tras la creación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -en cuya Constitución dice: “El Puerto de Buenos Aires es del dominio público de la Ciudad, que ejerce el control de sus instalaciones, se encuentren o no concesionadas”- el puerto volvería a la órbita porteña en forma plena con un nuevo convenio entre el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno. Cuando se escuchó la primera versión de esto, el ex gobernador de San Juan, José Luis Gioja, planteó que no se podía volver a las discusiones de unitarios y federales. Luego el tema salió de la agenda, mientras los gobernadores cuestionaban el aumento de la coparticipación porteña y pedían la devolución del 16,9 por ciento de fondos.

No obstante, es probable que esta discusión vuelva: el área portuaria, integrada por Buenos Aires y Dock Sud, es por donde pasa el 90 por ciento del tráfico de contenedores del país. El valor de las instalaciones ya permite ver qué es lo que se está discutiendo: las áreas administradas por el Puerto de Buenos Aires suman alrededor de 280 hectáreas y el valor de la infraestructura instalada hasta hace unos años atrás era de u$s 1.250 millones.

“No hay discusión posible, porque está en la Constitución”, argumentan desde el Gobierno porteño, en donde se muestran confiados en que no habrá fuertes quejas de los gobernadores, que se verán beneficiados por el aumento anual de la coparticipación que les ofreció el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y también por el ingreso de créditos internacionales, después del pago a los fondos buitres. Esta es, por lo menos, la estimación que hacen en Parque Patricios.

La lógica de las transferencias en simultáneo viene de la mano con la impronta de trabajo que impuso Larreta. La hiperkinesis es la nueva regla, cuentan en el Gobierno porteño. “Patricia Bullrich nos había ofrecido purgar a la Federal y luego iniciar el traspaso, pero Horacio no quiso. Dijo que el trabajo prefería hacerlo él”, relata un funcionario porteño.

Las otras transferencias avanzan cada una con sus complejidades: el juego viene siendo motivo de negociaciones que merecerían un capítulo aparte –sobre todo en medio del conflicto abierto entre el macrismo y el holding de Cristóbal López, que ya tiene un capítulo porteño con un nuevo reclamo de cobrarle ingresos brutos por cuatro mil millones de pesos-, mientras que el traspaso de la Policía Federal hizo sentir su primer cimbronazo con la renuncia del jefe de la Federal, Román Di Santo. “Fue parte de la interna con Calviño: entre ellos estaba todo mal. Calviño había sido sumariado por Di Santo”, advierten en el Gobierno porteño. Calviño es el comisario general Guillermo Calviño, nuevo jefe de la parte de la Federal que fue transferida a la Ciudad y que ahora reporta al ministro de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo. Con la salida de Di Santo, Calviño ganó su primera batalla, aunque el sabor de esa victoria debió agriarse con el llamado a indagatoria por parte del juez Sebastián Casanello. El magistrado lo citó a Calviño por el presunto encubrimiento a policías que habrían pedido coimas. La segunda batalla que deberá presentar Calviño es por quién conduce el año próximo la policía unificada que debería surgir de la Federal y la Metropolitana. Allí sus oponentes son los ex federales que hoy conducen la fuerza porteña: Horacio Giménez y Ricardo Pedace. En esa pelea, Calviño cuenta con el apoyo que podría brindarle el presidente de Boca Juniors, Daniel “El Tano” Angelici.

Las tensiones entre Angelici y el actual ministro de Justicia nacional, Germán Garavano, también podrían influir en el traspaso judicial que Garavano impulsa. El ministro nacional tuvo la astucia de pensar en iniciar la transferencia de los juzgados por aquellos del fuero penal que tienen al juez vacante, pero podría presentársele un escollo cuando intente crear el grupo especial de jueces para el crimen organizado que le restaría influencia a Comodoro Py, algo que quizás Angelici no acompañe. Los jueces federales tienen una tendencia a no aceptar esos recortes en su poder y de hacérselo saber al Ejecutivo de las formas menos agradables.