Los presidentes comunales utilizan el presupuesto a su gusto

En las Comunas de la Ciudad de Buenos Aires hay un simbólico agujero negro con el tema de la ejecución presupuestaria, porque es poco transparente. Según un informe de la Revista Qué, los presidentes de las 15 Comunas de la Ciudad de Buenos Aires facturaron millones de pesos en contratos de locación que no fueron puestos a consideración para el resto de los miembros de las juntas comunales.
 
“Es un sistema feudal”, así calificó el auditor de la Coalición Cívica, Facundo del Gaiso, al funcionamiento actual de las Comunas, “Todo pasa por el presidente y a los juntistas no les dan nada. Está armado para que no funcionen como establece la ley”, explicó a Revista Qué. Las declaraciones del funcionario, cercano a Lilita Carrió, tienen que ver específicamente con los gastos millonarios ejecutados por los titulares de las 15 Comunas en materia de contratos de locación durante el año 2015.
 
A partir de una investigación, Del Gaiso rastreó las facturaciones en el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) del Gobierno de la Ciudad, al que sólo tienen acceso funcionarios oficialistas y, en su caso, como auditor, de manera restrictiva.
 
Con dicha información se puso de manifiesto que los presidentes comunales gastaron, en total, $ 43.391.229,57 en servicios profesionales, técnicos y operativos; es decir, en personal que no forma parte de la planta permanente de las Comunas. En promedio, cada comuna facturó dos millones y medio de pesos para contratar desde placeros, inspectores y operarios en general hasta abogados y choferes.
 
“No hay placeros, ingenieros agrónomos e inspectores suficientes para controlar la poda y los parques, pero manejan casi 400.000 pesos por mes en contratos de locación”, señaló a Revista Qué el auditor.
 
Como si fuera poco, este tipo de contratos no pasan por el resto de la Junta Comunal, como establece la ley 1.777 de Comunas. Al respecto, Facundo Carrillo, ex presidente de la Comuna 2,  argumentó a Revista Qué “Es parte de la administración general, que por ley la ejerce el presidente”. Sin embargo, la ley detalla en las “Atribuciones y obligaciones de la Junta Comunal”, expresamente se deja en claro “ejercer la superintendencia del personal de la Comuna. Nombrar y remover a su personal de acuerdo con la legislación vigente”.
 
Todos los presidentes comunales consultados por la Revista Qué confirmaron haber gastado la suma de dinero detallada en el informe, sólo en servicios profesionales, técnicos y operativos. Algunos coincidieron en que debieron incurrir en ese gasto para hacer frente al poco personal que había en los ex Centros de Gestión y Participación Comunales (CGPC).
 
Jorge Apreda, presidente de la Comuna 4, dice que “nosotros no tenemos jurisdicción para ejecutar el presupuesto”. El que manejó todo el dinero fue el por entonces secretario de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, Eduardo Macchiavelli, quien era el encargado de repartir el dinero a las Comunas.
 
Un funcionario comunal reveló a Revista Qué que la distribución del dinero a las comunas se realizó de “manera discrecional” y no en relación con la necesidad de cada barrio y cantidad de habitantes, como fija la ley. “¿Cuánta plata recibió cada una? La diferencia es notable. Recoleta recibió mucho más que la Comuna 4, a pesar de que tiene menos habitantes. Los que más recibieron fue porque ‘arreglaron’ con Macchiavelli”, apuntó.
 
Para el auditor Facundo del Gaiso, la única vía para avanzar en este sentido es la judicial: “El juntista tiene que hacer la denuncia. Tengo dictamen de auditoría que los presidentes podrían estar en situación de denuncia penal. Si siguen así van a terminar todos en la Justicia”.