A la defensiva

El Gobierno porteño se pasó toda la semana haciendo control de daños. Envió al titular de la Agencia Gubernamental de Control, Matías Alvarez Dorrego, a dar la versión oficial a la Legislatura. Cuando sus palabras no convencieron a los opositores, utilizó su mayoría –y la conveniente abstención de algunos aliados, como Graciela Ocaña- para bloquear la formación de una comisión investigadora y una interpelación al jefe de Gobierno. Los allanamientos que ordenó el juez Sebastián Casanello -para obtener información que le había requerido al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y omitieron mandarle- no deja bien parado al jefe de Gobierno, que decidió pasar toda la semana en Estados Unidos. En el Gobierno porteño, aseguran que Alvarez Dorrego seguirá en su cargo.

Esto es lo que sabemos: murieron cinco jóvenes en la fiesta Time Warp, organizada en el complejo Costa Salguero, un lugar que tiene múltiples lazos con el macrismo y al que se ha beneficiado por décadas con un canon irrisorio. Otros cuatro asistentes a la fiesta siguen graves. En la primera semana, el juez Casanello y el fiscal Federico Delgado avanzaron sobre las responsabilidades de los organizadores, pero también pusieron el ojo en los controles del Gobierno porteño y en el accionar de la Prefectura Naval.

El principal golpe a la credibilidad de la AGC, no obstante, se lo dio el dato que surgió de la investigación que desmintió la cantidad de asistentes a la fiesta que el Gobierno porteño dio públicamente. Habían afirmado que tenían corroborado que a las tres de la mañana en la fiesta había 10.900 personas, lo que no superaba el máximo permitido de 13 mil.

Alguien en la sede de Parque Patricios debe haber agradecido en secreto que la fuerza que custodiaba la fiesta fuera prefectura, que depende del Gobierno nacional. Si hubiera sido la Federal, con el traspaso anunciado en enero, el círculo se cerraba exclusivamente sobre el Gobierno porteño. Las peleas de esta semana de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con el juez Casanello distrajeron un poco el foco de los controles del Gobierno porteño. El magistrado llegó a acusar a la ministra de entorpecer la investigación.

Pero, tarde o temprano, la atención se volverá hacia los controles que realizó (o no) el Gobierno porteño. Según la habilitación de la fiesta, hay diversas direcciones que deberían haber intervenido y no lo hicieron, como la de Higiene y Calidad Alimentaria. Eso es algo que está siendo investigado por el juez. El principal golpe a la credibilidad de la AGC, no obstante, se lo dio el dato que surgió de la investigación que desmintió la cantidad de asistentes a la fiesta que el Gobierno porteño dio públicamente. Habían afirmado que tenían corroborado que a las tres de la mañana en la fiesta había 10.900 personas, lo que no superaba el máximo permitido de 13 mil.

No obstante, Casanello encontró comunicaciones por Whatsapp entre los organizadores que elevan el número de asistentes por encima de 20 mil. Concretamente, de los celulares que secuestró –en particular el IPhone 6 de Adrián Conci, el responsable de Dell Producciones, que sigue prófugo- surge que a lo largo de la noche iban pasándose la cantidad de asistentes. “Ingreso final 20.513”, indicó uno de los organizadores. Ante este dato, el Gobierno porteño empezó ayer a cambiar su versión, lo que mina aún más su credibilidad. Dijo que en un momento estimaron “que se pasó el pico máximo de ingreso de asistentes” y que en ese momento le preguntaron a Facundo Gonzáles, de Dell Producciones, cuánta gente había y les respondió que 10.950 personas. También que tres inspectores hicieron un conteo y les dio 11.800 personas. Estas nuevas versiones aparecieron recién cuando el juez encontró las comunicaciones de los organizadores.

Otra situación que se ventiló (y que continúa complicando el rol del Gobierno porteño) fue la omisión de determinadas áreas de la administración de Larreta de entregar información requerida por el juez. Esto motivó los allanamientos que ordenó Casanello el viernes a la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental, la Dirección General de Limpieza y la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria. La necesidad de recurrir a esta medida deja en el aire la idea de que se buscaban ocultar datos, aún cuando no haya sido así.

(SPara la defensa pública de lo actuado en la sesión de la Legislatura de la semana pasada, los macristas no tuvieron mejor idea que elegir a Carmen Polledo, esposa de uno de los accionistas de Costa Salguero S.A., que administra los pabellones en los que ocurrió la fiesta.(S) Polledo planteó que su marido tiene solo el 10 por ciento de las acciones y defendió los controles del Gobierno porteño. Sin embargo, la defensa de su situación personal mezclada con la de su rol como vicepresidenta primera de la Legislatura puede no haber sido la mejor estrategia. Aún si sus argumentos fueran convincentes, su exposición pública no hacía más que resaltar las relaciones que existen entre el PRO y Costa Salguero.

Quien se sustrajo de la escena pública fue el jefe de Gobierno. Larreta viajo a Estados Unidos el sábado mismo de la fiesta. En la Legislatura, hubo voces que pidieron a los gritos la presencia del jefe de Gobierno y la renuncia del titular de la AGC. En el Gobierno porteño, aseguran que nadie renunciará y seguirá la táctica de no exponer públicamente a Larreta.

Quien se sustrajo de la escena pública fue el jefe de Gobierno. Larreta viajó a Estados Unidos el sábado mismo de la fiesta, pero al enterarse de la magnitud de lo ocurrido decidió volver. El domingo recorrió hospitales y tuvo reuniones con sus funcionarios, pero optó por no mostrar ninguna foto. Esto contrasta con la decisión comunicacional del PRO en otras ocasiones, como los derrumbes de un gimnasio en Villa Pueyrredón o del boliche Beara, donde Mauricio Macri –entonces jefe de Gobierno- aparecían de inmediato en el lugar de los hechos y, de ser posible, con una pechera y un casco. Con esto buscaban evitar los cuestionamientos que recibió Aníbal Ibarra cuando fue el incendio en el boliche República Cromañón.

Larreta intentó no repetir ese error al volver de inmediato de Estados Unidos, pero luego tomó la decisión de regresar al gran país del norte y continuar allí con su viaje de búsqueda de inversiones durante toda la semana, de lo que recién se informó el martes pasado ante las constantes consultas periodísticas sobre el paradero del mandatario. Se trata de una decisión que llama la atención: ¿lo beneficia haber estado fuera de la escena o lo puede perjudicar? Sólo el tiempo lo dirá con claridad. En la Legislatura, hubo voces que pidieron a los gritos la presencia del jefe de Gobierno y la renuncia del titular de la AGC. En el Gobierno porteño, aseguran que nadie renunciará y seguirá la táctica de no exponer públicamente a Larreta.

Hubo incluso quien reclamó un juicio político al jefe de Gobierno. En ese sentido, Larreta puede dormir tranquilo: a diferencia de lo que ocurrió con Ibarra, cuenta con un bloque de 28 legisladores capaces de bloquear cualquier intento en ese sentido, más varios aliados que correrían a defenderlo. El problema de Larreta no es ese: es poder sortear una crisis política sin que melle una carrera que para él no termina con la jefatura de Gobierno sino en Balcarce 50.