La ley de Larreta

La semana que pasó en Estados Unidos tras la muerte de cinco jóvenes en el complejo Costa Salguero no parece haberle acarreado un costo político alto, máxime si recordamos las críticas a Aníbal Ibarra tras el incendio a Cromañón y su reunión con la Cámara de boliches. No obstante, el jefe de Gobierno tiene en claro que las víctimas en una fiesta que debía ser controlada por su administración -y que aparecieron en un sitio que tiene claros vínculos con el PRO- lo obligan a mostrarse activo, retomar la iniciativa. Lo hizo con una prohibición de fiestas electrónicas y enviando un proyecto de ley a la Legislatura que establece controles que, en muchos casos, ya existen. Los sorprendió sobre el final de la semana un fallo de juez Andrés Gallardo –anulado en menos de 24 horas- en el que le pedía que le explicara por qué prohibía las fiestas electrónicas y no los boliches bailables, como si los dealers fueran a discriminar entre unos y otros.

Cuanto más se investiga sobre la concesión de Costa Salguero y los controles de la fiesta Time Warp, más queda expuesto el Gobierno de la Ciudad. Tal vez por eso el PRO y sus aliados de ECO bloquearon la creación de una comisión investigadora en la Legislatura porteña y también la posibilidad de que la Auditoría General de la Ciudad hiciera un informe especial sobre esa fiesta. Quien está seguro de que los papeles lo acompañan no habría frenado esas investigaciones. En política rige la máxima de la mujer del César, que además de ser honesta, debe parecerlo.

"El proyecto de ley que envió Larreta plantea un nuevo protocolo de emergencia, que las actividades sean al aire libre, garantizar la hidratación para todos".

Vale la pena dejar registro de algunos comportamientos de estos días: la vicepresidenta primera de la Legislatura, Carmen Polledo, cuyo marido forma parte de una de las subconcesionarias, votó en defensa propia para que no se investigue; la incorruptible Graciela Ocaña se abstuvo. En la Auditoría, la representante de Martín Lousteau ayudó a evitar que se audite la fiesta. La acompañaron los tres auditores macristas, entre ellos Raquel Herrero, quien dijo que sólo podía opinar sobre el tema “como madre y abuela”. Son dirigentes que se mueven con la idea de que la discusión nacional cubrirá sus acciones tras un manto de olvido y no tendrán costo político alguno.

Sin embargo, no todo fue trabar investigaciones y hacer silencio. Esa fue la regla en la primera semana, en la que Larreta había decidido volver de Estados Unidos al día siguiente de la tragedia y –sorprendentemente para alguien que tiene la experiencia política que lleva acumulada él- luego había vuelto a viajar hacia el gran país del Norte. Larreta retomó el viaje el mismo domingo en el que publicó sus condolencias, pero recién lo informó el martes, tras un día entero de preguntas de los periodistas sobre su paradero. Nada de esto parece haberle traído un costo político alto.

Pero un silencio prolongado quizás se lo traería. Por eso, el jefe de Gobierno retomó la iniciativa al anunciar que iba a prohibir todas las fiestas electrónicas hasta que se aprobara una nueva ley. Los legisladores opositores –entre ellos el radical Hernán Rossi e Inés Gorbea- le marcaron que entre eso y una admisión de que no había habido suficientes controles en Time Warp mediaba una distancia escasa. Las consecuencias de la prohibición sobre la actividad cultural parece remedar el cierre de espacios para el rock posterior a Cromañón, como explicó en detalle Eduardo Fabregat en una columna.

El proyecto de ley que envió Larreta a la Legislatura parece hecho a las apuradas, según señaló el legislador Adrián Camps, quien advirtió que muchos de los controles que propone ya existen. El proyecto plantea un nuevo protocolo de emergencia, que las actividades sean al aire libre, garantizar la hidratación para todos. No incluye otras medidas de reducción de riesgos que se aplican en otros pagos, como la instalación de laboratorios móviles que permitan que los asistentes sepan qué contiene lo que van a consumir. Camps advirtió que el proyecto se refiere sólo a fiestas electrónicas y no contempla otros espectáculos de igual tipo.

"Larreta no tendrá que dar explicaciones sobre cómo discriminan los dealers entre boliches y fiestas electrónicas, incluso en el caso de algunos boliches que son de los mismos dueños que organizaron la fiesta de Time Warp, como Pachá, en donde se habían encontrado irregularidades a comienzos de este año".

Ese criterio poco claro quedó en evidencia con el fallo del juez Andrés Gallardo, que prohibió la actividad en boliches bailables hasta que el Gobierno porteño explicara cuál era la lógica de esa prohibición y diera información sobre la cantidad de inspectores y la habilitación de los locales. “Resulta imposible conocer cuáles son los datos que el jefe de Gobierno tiene en cuenta para distinguir fiestas ‘masivas’ de las que no lo son, saber los registros que él conoce en cuanto a qué música es la que se vincula con la venta de estupefacientes y cuál no”, advirtió el magistrado, cuyo fallo fue removido en menos de 24 horas. Quienes hayan leído otra columna en Nueva Ciudad no se sorprenderán con la velocidad con la que actuó la Justicia macrista. El juez Lisandro Fastman –se ahorran bromas con su apellido- levantó la cautelar luego de una reunión con el fiscal general, el macrista Gariel Astarloa, y el director de la Agencia Gubernamental de Control, Matías Alvarez Dorrego. De todas formas, reclamó al Gobierno porteño que le brinde un informe “pormenorizado de las fiscalizaciones de la AGC en los boliches bailables”.

Larreta no tendrá que dar explicaciones sobre cómo discriminan los dealers entre boliches y fiestas electrónicas, incluso en el caso de algunos boliches que son de los mismos dueños que organizaron la fiesta de Time Warp, como Pachá, en donde se habían encontrado irregularidades a comienzos de este año. “Hay miles de personas que se divierten sanamente todas las noches y nosotros vamos a defenderlas”, aseguró Larreta. Los malpensados podrían interpretar que lo que se estaba defendiendo, en este caso, era el sano negocio de la Cámara de boliches.