Una puñalada en La Boca

“Y los otros respondieron sepultando sus puñales
en el cuerpo valeroso del paisano que gritó.”
(Dios te salve m’hijo. Tango. 1933)

Había pasado en silencio. Casi sin que se notara. Después de años de intentar arrebatar los terrenos de Casa Amarilla al destino que tenían originalmente, el de construir viviendas sociales, la gestión PRO había conseguido que la venta de esas tierras a un precio irrisorio al Club Boca Juniors pasara casi desapercibida en febrero, en medio del vendaval de devaluación, despidos, suba de tarifas y cuentas offshore. Sin embargo, el ataque de una patota a un grupo de vecinos que reclamaba por ese negociado puso de nuevo el tema en escena. Y le produjo un nuevo dolor de cabeza al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que puso a cargo de la investigación al ministro de Justicia, Martín Ocampo, que responde al presidente de Boca, Daniel “El Tano” Angelici. Con el fiscal Marcelo Munilla Lacassa –cercano al PRO y acusado de ocultar crímenes de violencia institucional- a cargo de la causa el éxito está garantizado.

"En 1981, los terrenos pasaron a la Ciudad. El intendente Carlos Grosso le cedió una parte a Boca Juniors. Durante las gestiones de Fernando de la Rúa e Ibarra, la Legislatura votó una ley para que se construyeran allí 4000 viviendas sociales".

El ataque en la sede de la Comuna 4 al grupo de vecinos dejó, como se sabe, dos personas internadas. Uno es Matías Scinica, que pertenece a la agrupación “Boca es pueblo”, de Jorge Ameal, y que reclaman para que se mantenga el estadio histórico de Boca. A Scinica le clavaron un tramontina en el cuello. El otro es Fernando Abal Medina, hermano del ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina. A Abal Medina le pegaron con un fierro en la cabeza y cuando cayó al piso lo molieron a patadas.

¿Quiénes fueron los atacantes? Los agredidos los identificaron como una patota del PRO, sostuvieron que hubo “zona liberada” para que actuaran y los vincularon al titular de la junta comunal, Héctor Apreda. Desde el Gobierno porteño, intentaron vincularlos al kirchnerismo: sostuvieron que la madre de uno, Alicia Esther Cariglio, fue candidata a comunera por el Frente para la Victoria. Las dos cosas bien pueden haber sido ciertas, tratándose de punteros que no tienen lealtades políticas perdurables.

Larreta tuvo que salir a despegarse: “Nosotros no tenemos ninguna patota de ningún tipo. Es insólito, una vergüenza, una barbaridad que una reunión de vecinos que discutía un proyecto termine de esa manera”, aseguró el jefe de Gobierno. No obstante, luego se supo que dos de los agresores son empleados del Gobierno porteño. Como reveló Nueva Ciudad, el que aparece con un tramontina en la mano es Rodolfo Corzo, empleado del Gobierno porteño que ingresó en 2013, durante el segundo mandato de Mauricio Macri. El cuchillero Corzo fue suspendido y se le inició un sumario administrativo, se ocuparon de aclarar en Parque Patricios.

El Gobierno porteño recibió el año pasado una nueva propuesta de Boca para quedarse con esos terrenos y se llamó a una licitación. Curiosamente, se presentó un solo oferente: Boca Juniors.

  

Otro de los atacantes es el padre de Corzo, Rodolfo “El Cordobés” Corzo. Los vecinos lo identifican como un puntero del barrio que solía trabajar para el radicalismo, tuvo sus tratos con el gobierno de Aníbal Ibarra, con el PJ porteño y ahora reporta al PRO. Los macristas intentan poner distancia y sostienen que es un puntero que está en La Boca desde hace 30 años. Deberían explicar, en ese caso, por qué tiene desde 2011 un cargo de agente de la policía comunal. Sobre el resto de los atacantes, desde la agrupación La Boca Resiste y Propone advirtieron que “son parte de la Cooperativa Solidaria, que trabaja en tareas de mantenimiento del espacio público en el barrio de La Boca, contratados por el Gobierno de la Ciudad”.

La discusión sobre el ataque y las consecuencias judiciales que pueda tener no debería hacernos perder de vista cuál es la discusión de fondo. Quienes sigan esta columna no se sorprenderán con los detalles de la venta de los terrenos de Casa Amarilla que estaban destinados originalmente a viviendas sociales (de las cuales se construyó un puñado). El macrismo dio indicios de lo que iba a ocurrir finalmente a lo largo de todos sus años a cargo del Gobierno porteño:

* En 1981, los terrenos pasaron a la Ciudad. El intendente Carlos Grosso le cedió una parte a Boca Juniors. Durante las gestiones de Fernando de la Rúa e Ibarra, la Legislatura votó una ley para que se construyeran allí 4000 viviendas sociales.

* Macri, como presidente de Boca, le envió una carta a Ibarra para pedirle esos terrenos. No los obtuvo en ese momento.

* En 2008, ya con Macri como jefe de Gobierno, el proyecto de las viviendas sociales se trabó, pese a que había una ley. En la Legislatura, Facundo Di Filippo le preguntó al entonces presidente del IVC, Roberto Apelbaum, si habían recibido una nueva propuesta de Boca para comprar los terrenos. Contestó que “no todavía”, pero mentía: ya habían recibido esa oferta y lo más sorprendente es que habían contestado que, pese a que existía una ley en contra, consideraban que era posible.

* Se inició una causa judicial, en la que el juez Andrés Gallardo intentó por todos los medios que se avanzara en la construcción de las viviendas. El Gobierno porteño apeló todas los fallos en contra y se resistió a cumplir la ley todo lo que pudo. Finalmente, cambió de estrategia: aceptó construir una cantidad mucho menor de viviendas (ya no 4000, sino 438). Cuando estuvieron terminadas, el Gobierno porteño tercerizó la entrega de las viviendas en la Asociación Civil “Casa Amarilla”. El resultado –comprobado por el diario barrial Sur Capitalino- fue que entre los beneficiarios aparecían miembros de la misma familia repartiéndose distintas viviendas y hasta barrabravas de Boca.

* Y allí fue cuando se aceleró el operativo para vender el resto de las tierras: Macri le cambió el destino por decreto en 2010 y se los transfirió a la Corporación del Sur, que tenía entre sus facultades venderlos. En 2014, el vicepresidente de Boca, que también era legislador macrista, Oscar Moscariello, presentó un proyecto para rezonificar esos terrenos con el nombre de “Estadio y Complejo Deportico del Club Atlético Boca Juniors”. Fue uno de los indicios de lo que se quería hacer con los terrenos: una nueva Bombonera para 80 mil personas.

* El ex legislador Rafael Gentilli publicó en ese momento una carpeta de Boca en la que Angelici mostraba que previsto construir un nuevo estadio en esos terrenos: “Una nueva Bombonera en el barrio”, se titulaba.

El Gobierno porteño recibió el año pasado una nueva propuesta de Boca para quedarse con esos terrenos y se llamó a una licitación. Curiosamente, se presentó un solo oferente: Boca Juniors. Consiguió los terrenos codiciados por 180 millones de pesos, de los que pagará sólo el 5 por ciento al contado y el resto será financiado sin intereses a 10 años por la Corporación del Sur, es decir, por los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Así fue como Boca se quedó con 3,2 hectáreas de Casa Amarilla que debían haberse destinado a viviendas sociales y probablemente terminen siendo un nuevo estadio. Eso fue lo que se defendió a punta de cuchillo en la sede comunal.