La gran barata

Hace ya algunos años, cuando comenzaron las ventas de tierras públicas y edificios, que se decidían en extensas sesiones en la Legislatura, escribí algo que molestó a algún jefe de bloque. Dije en ese momento que ya era hora de que bajaran la bandera argentina del recinto y colgaran otra, que dijera: “Gran barata”. Me pareció ver esa bandera flameando otra vez en la sesión de esta semana. El PRO tuvo un triunfo al conseguir que parte del bloque kirchnerista (el más pejotista, para ser precisos) lo acompañara con su proyecto de Agencia de Bienes. También sumaron los votos de Graciela Ocaña y de buena parte del radicalismo y el sector de Martín Lousteau, que cada vez más se perfila para competir en una interna macrista. El éxito fue parcial, no obstante, porque los macristas pretendían un cheque en blanco para vender terrenos a piacere sin tener que negociar los votos cada vez y la versión final supone que cada venta tendrá que pasar por la Legislatura.

El plan original era aprobar la Agencia de Bienes en diciembre pasado, pero como era una ley de doble lectura (se vota dos veces) la negociación se complicó con el recambio de bancas. En diciembre, habían obtenido 44 votos. Seis meses de negociación le llevó al PRO conseguir su inmobiliaria estatal, para la que necesitaba 40 votos. Ayer logró 42, gracias a la muñeca política del vicejefe Diego Santilli, el jefe de bloque Francisco Quintana y la vicepresidenta primera Carmen Polledo. El organismo tendrá como fin “coordinar las relaciones entre la actividad pública y la inversión privada”, pero el artículo principal es que le permite enajenar bienes públicos. Entre las modificaciones que debieron introducir los macristas, sacaron de los bienes a vender el edificio El Dorrego e incluyeron que cada venta deberá pasar por la Legislatura y “especificar el destino de los fondos”.

"El éxito fue parcial, no obstante, porque los macristas pretendían un cheque en blanco para vender terrenos a piacere sin tener que negociar los votos cada vez y la versión final supone que cada venta tendrá que pasar por la Legislatura".

 

Esto no será un problema para el PRO: cuando vendieron los terrenos de Catalinas Norte especificaron que los fondos eran para la infraestructura de las escuelas. Luego, subejecutaron esa partida: el resultado fue que financiaron el gasto corriente con la venta de inmuebles. Ahora, con esta iniciativa, prometen que urbanizarán villas.

La Agencia de Bienes también les aseguró un nuevo organismo del Estado para repartir cargos: tendrá un directorio integrado por siete personas, de las cuales el Ejecutivo designará al presidente, al vice y a tres vocales, mientras que los otros dos serán elegidos por el Legislativo en representación de la oposición.

Una pregunta válida en este punto es: ¿por qué el Gobierno porteño necesita un ente específico para vender terrenos?

La respuesta viene de la mano de la rosca legislativa. El PRO buscaba la manera de deshacerse de las farragosas negociaciones cada vez que quería vender un bien público o concesionárselo a un privado, como hicieron con Plaza Houssay o el Centro de Exposiciones. Ya habían tenido una estrategia similar con el impuesto inmobiliario y el ABL. Antes debía votarse año a año e implicaba cada vez un costo político y una difícil negociación. Luego de una votación similar a la de ayer, consiguieron que aumentara en forma automática, como todos habrán visto en las boletas que reciben en sus casas.

La sesión de esta semana también requirió una ingeniería de votos, en la que el PRO picoteó un poco de cada bloque opositor, luego del fracaso de la sesión del 7 de abril que los llevó a reservar el proyecto en secretaría. Para ganar, el PRO debió sumar a sus 28 votos seis del bloque de Lousteau y la UCR, cuatro del Frente para la Victoria y afines, tres del bloque de Ocaña y uno del Frente Renovador.

"Cuando vendieron los terrenos de Catalinas Norte especificaron que los fondos eran para la infraestructura de las escuelas. Luego, subejecutaron esa partida. Ahora, con esta iniciativa, prometen que urbanizarán villas".

 

Varias conclusiones se pueden sacar de esto: sobre Ocaña, los radicales y los legisladores de Lousteau, queda claro que cada vez afianzan más su rol de aliados PRO, lo que pone al embajador en Washington en el camino a jugar en la interna macrista para jefe de Gobierno en 2019. Se comenta que Ocaña tendría, en cambio, un destino nacional reservado. Sobre el kirchnerismo, queda claro que el PRO operó con éxito sobre la grieta que presenta la bancada entre los más acuerdistas y los más opositores y que, hasta ahora, el jefe de bloque Carlos Tomada venía surfeando con cierto éxito. Ayer votaron todos divididos: los que responden a UPCN, al sindicato de taxistas o al PJ Capital como María Rosa Muiños, Silvia Gottero y Claudio Heredia votaron a favor, junto a Claudio Palmeyro, que tiene su propio monobloque (Sindical Peronista). En cambio, los de La Cámpora, Nuevo Encuentro y afines se pronunciaron en contra. Tomada optó por abstenerse, al igual que Gabriel Fuks.

En contra también votaron los legisladores de izquierda, del Partido Socialista Auténtico, Bien Común y la Coalición Cívica. Adrián Camps cuestionó "la transferencia de tierra pública a las corporaciones con lo que se constituyen en el cuarto poder de la ciudad". El legislador dijo que cuando se designen las autoridades por la oposición quedará más claro cómo fueron los arreglos para conseguir los votos. El legislador del FIT Patricio Del Corro denunció “un nuevo pacto PRO-K para rematar la Ciudad” y destacó que entre los empresarios beneficiados estarían Eduardo Elsztain (IRSA) y Nicolás Caputo. Los dos legisladores de la Coalición Cívica dejaron en claro que siguen en Cambiemos, pero que no entregarán sus ideales.

La primera consecuencia concreta de esta votación es que perderá sus terrenos el Tiro Federal. Allí se armará el Parque de la Innovación, un lugar que –según prometen en el Ministerio de Modernización- alternará espacios públicos con empresas y universidades. Esto fue muy cuestionado por los socios del Tiro Federal, quienes querían conservar el club que funcionaba en Nuñez desde 1891. Sostienen que, más allá de las promesas, el proyecto macrista sólo fomentará los negocios inmobiliarios.