Veinte familias lograron frenar un desalojo en Constitución

Al menos veinte familias, con más de 17 niños, iban a ser desalojadas hoy miércoles del edificio del hotel Edén donde viven, en el barrio de Constitución, a pesar de que la defensoría de menores dictaminara que la medida profundiza el estado de vulnerabilidad. Anoche comenzaron una vigilia que logró frenar el desalojo estipulado para hoy por la mañana.
 
La vivienda está ubicada en Brasil 1517, esquina Sáenz Peña, y viven 21 familias, entre las cuales hay 17 niños y niñas y tres discapacitados. El juicio de desalojo del ex hotel familiar comenzó hace siete años pero la sentencia firme con fecha de desalojo -dispuesta por el Juez Basavilbaso del Juzgado Nacional en lo Civil N°34- está pautada para hoy miércoles a las 8 horas. El Gobierno de la Ciudad no dio ninguna respuesta a los reclamos.
 
Los inquilinos pagaban regularmente el alquiler hasta que en 2008, cuando se venció el contrato de sub-alquiler, el administrador desapareció dejando deudas e irregularidades y la dueña inició acciones legales. Aunque las familias quisieron continuar el vínculo contractual directamente con ella, la propietaria quiso disponer de la propiedad.
 
Organizados en asamblea, con compañía de organizaciones políticas y sociales, los vecinos y vecinas decidieron resistir y buscar las soluciones que el Gobierno porteño no les otorga. Susana, vecina del hotel, dijo “nos organizamos para que se cumpla nuestro derecho a la vivienda digna. Acá viven chicos, ancianos, embarazadas, familias trabajadoras que vamos a quedar en la calle. Desde el comienzo estamos tratando de negociar la mejor salida para todos, pero no nos abrieron las puertas.”
 
Augusto Spinelli, militante de Patria Grande –una de las organizaciones que viene acompañando a los vecinos- expresó que “ellos no pretenden quedarse ahí sin pagar sino que buscan una solución habitacional definitiva para no caer nuevamente en otro hotel donde puede volver a sucederles lo mismo. Es por esto que la intención es armar una cooperativa y pedir líneas de crédito al IVC (Instituto de Vivienda de la Ciudad)”.
 
A su vez, Denise Brikman, socióloga especialista en vivienda y urbanismo y referente de Patria Grande afirmó que “es necesario entender que este desalojo no es un hecho aislado sino que es parte de las políticas públicas excluyentes del macrismo, que deja en las calles a las familias sin garantizar el derecho a la vivienda digna. En la ciudad son más de 300 mil los inquilinos formales e informales que no tienen ningún amparo del Gobierno de la Ciudad, librados al juego de las inmobiliarias y de dueños de alojamientos.”
 
"Somos familias que fuimos de hotel en hotel; de habitación en habitación, estamos cansados de haberle creído al gobierno. Queremos alquilar pero no nos dan los requisitos. Lo único que pedimos poder acceder a una solución habitacional más estable y de largo plazo", indicó Susana.  
 
"Hace muchos años en la Ciudad no hay un programa real y verdadero para solucionar este problema. Somos siempre las mismas familias que estamos dando vueltas y ahora vamos a quedar en la calle. Queremos pagar, no queremos que nos regalen nada", agregó la vecina.
 
 "El desalojo se suspendió dos veces porque hay menores involucrados, pero ahora el juez, desoyendo al asesor de menores sobre la inconveniencia de llevar adelante la medida, fijó fecha para hoy", indicó a Télam Pablo Vesentini, abogado de las familias."El gobierno de la Ciudad nunca tomó intervención. La realidad es que no puede haber un desalojo sin que se tome algún tipo de medida para que esta gente no quede en situación de calle", añadió el abogado.