El gobierno más corrupto de la Historia

Hace unos días, en plena madrugada, José López, exsecretario de Obras Públicas de la Nación durante los tres períodos kirchneristas, fue arrestado por la policía mientras intentaba ocultar cerca de 9 millones de dólares en un convento de la provincia de Buenos Aires. El aparente estado de pánico del ex funcionario agregó aún más asombro a toda la historia, no desprovista de la sospechada participación de los servicios de inteligencia.

De inmediato, los medios se hicieron eco de la noticia. Un periodista concluyó que eso probaba lo que él mismo venía afirmando desde hace años, sin la ayuda de López: que el gobierno de CFK fue el más corrupto de la Historia. Otro exigió excusas de los simpatizantes kirchneristas “por apañar corruptos” y un tercero, al contrario, pidió que tuvieran la decencia de guardar silencio.

Cuando estalló el escándalo de las escuchas telefónicas en la CABA y fue detenido el jefe de la Metropolitana, Jorge “Fino” Palacios y luego su segundo, Osvaldo Chamorro, acusados de espiar a legisladores porteños de la oposición, esos mismos medios no exigieron ningún acto de contrición a quienes apoyaban a Mauricio Macri, entonces Jefe de Gobierno. No les exigieron que pidieran disculpas por Palacios, con argumentos como “todos sabemos que el Fino es Macri” o “se los dijimos desde un principio”. Tampoco lo hicieron cuando el propio Macri fue procesado en la misma causa -procesamiento que duró milimétricamente hasta que asumió como presidente- y se negó, con razón, a renunciar pese al pedido de algunos opositores.

El gobierno kirchnerista y, sobre todo, sus simpatizantes, no disponen de esa prerrogativa. Los actos de corrupción de un funcionario implican la corrupción del gobierno e incluso la de quienes lo apoyaron. Pero sobre todo, y ahí radica el truco mayor, implican que también las políticas llevadas a cabo por ese gobierno fueron corruptas, como sus ideas, sus alianzas regionales, sus principios y sus prioridades.

Como escribió Pedro Biscay, ex integrante la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC): “Si un funcionario público cometió un delito, entonces todo lo que rodea a ese funcionario público también es delictivo. Es la lógica de la asociación ilícita aplicada a la organización de la política”. 

Los medios, con la histórica participación de los servicios, son como un guía que nos conduce por las catacumbas de la política, pero evitando con cautela los recovecos del poder económico. En lugar de prender las luces para que veamos todo, nuestro guía ilumina con una pequeña linterna aquello que quiere que descubramos. Es inevitable indignarnos con las imágenes de fajos de dólares ocultos en un convento o con el paseo mediático de un hombre de mirada alocada portando un casco de guerra. Pero así como conocemos hasta las preferencias capilares de Fariña, nada sabemos de otro arrepentido, Hernán Arbizu, ex gerente del JP Morgan acusado de fraude en EEUU, que presentó a la justicia argentina un listado de empresas y personas físicas que habrían fugado 6.000 millones de dólares con la ayuda de su ex empleador. El fiscal Marijuan, tan activo en otros casos, nada investigó en 8 años y Arbizu será finalmente extraditado a EEUU. No veremos fajos de billetes, ni cascos, ni escucharemos lamentos indignados. Nadie calculará cuantas escuelas se podrían haber construido con esa plata ni exigirá disculpas al directorio del JP Morgan por contratar al fraudulento Arbizu. La linterna del guía evitará ese rincón de la catacumba.

La corrupción pública-privada y el financiamiento negro de la política son temas crónicos de nuestro país (aunque no sólo del nuestro), que el kirchnerismo no quiso o no pudo resolver. Creer que la solución puede venir del gobierno de los contratistas del Estado puede parecer candoroso, pero en el fondo no es lo que realmente cuenta.

Lo que realmente importa, lo que debería concentrar nuestra limitada capacidad de indignación con este o cualquier otro gobierno, son nuestros otros y más graves dilemas, que siguen siendo los mismos aún después de Niembro, de los Panamá Papers o de López. Y sólo pueden resolverse con política, no con indignaciones digitadas bajo la luz de una pequeña linterna.