Mano negra, clandestina

El taller funcionaba en la calle Luis Viale 1269, en Caballito. Allí vivían 65 personas, muchas de ellas inmigrantes. Vivían en condiciones infrahumanas: en un espacio de un metro cuadrado, separado por tela o cartón, con un solo baño para todos. No tenían agua caliente. Trabajaban 18 horas por día. Supuestamente, cobraban 70 centavos por prenda. Luego les dijeron que pagaban cada tres meses. Nadie vio un peso. Este es el rostro de la esclavitud del siglo XXI. El 30 de marzo de 2006 se desató un incendio. Seis personas murieron: cuatro eran niños, uno tenía 15 años y la mayor, de 25 años, estaba embarazada. Murieron quemados. El resto quedó con secuelas. Luego de diez años de demoras, esta semana condenaron a dos capataces a 13 años de prisión por “incendio culposo seguido de muerte en concurso con reducción a la servidumbre” e iniciaron una segunda investigación judicial sobre los dueños del taller, los policías y los inspectores del Gobierno porteño que deberían haber controlado. El caso del taller de Luis Viale no es aislado. Es una realidad que se repite en la Ciudad de Buenos Aires. Y, según un informe de Nuevo Encuentro, se mantiene por inacción de los controles del Estado.

El fallo llegó 10 años después y se dice que la Justicia lenta no es justicia. Sin embargo, se trata de una sentencia que no tiene precedentes y que avanza sobre la responsabilidad penal de los empresarios en este tipo de situaciones. Incluso, si se sigue por ese camino, tarde o temprano se terminará llegando a las marcas de ropa, que también podrían quedar involucradas si utilizan talleres clandestinos. No olvidemos que la marca Cheeky - vinculada a la familia de la primera dama, Juliana Awada- fue denunciada ante la Defensoría del Pueblo por la ONG La Alameda, de Gustavo Vera, durante el gobierno de Jorge Telerman. La ONG presentó filmaciones de las condiciones infrahumanas en los talleres.

"Trabajaban en condiciones infrahumanas. En un espacio de un metro cuadrado, separado por tela o cartón, con un solo baño para todos. No tenían agua caliente. Trabajaban 18 horas por día. Supuestamente, cobraban 70 centavos por prenda".

 

No obstante, la marca fue sobreseída por el juez Guillermo Montenegro, luego Ministro de Justicia de Macri y hoy embajador en Uruguay. En otra causa, en 2015, también se sobreseyó a Cheeky, Kosiuko y Portsaid por su vinculación a otro taller clandestino, en la calle Pola 1995. La jueza María Fontbona de Pombo entendió que las marcas no tenían responsabilidad sobre lo que ocurría en los talleres. En el caso del incendio de Luis Viale, los condenados fueron los capataces Luis Sillerico Condori y Juan Manuel Correa, pero los jueces ordenaron avanzar sobre los dueños Jaime Geiler y Daniel Fischberg y sobre el sistema de controles del Gobierno porteño. El incendio en ese taller está lejos de ser un caso único. De hecho, el año pasado hubo otro incendio en Flores, en un taller en Páez y Terrada. Allí murieron dos niños.

Todas las miradas se posan aquí sobre el sistema de controles porteño. La Agencia Gubernamental de Control se defiende y afirma que están clausurando un taller clandestino cada cuatro días. Señalan que el año pasado hicieron 1153 inspecciones a talleres textiles y clausuraron 286, de los cuales 51 violaron la clausura. En el primer cuatrimestre de 2016, la AGC inspeccionó 131 talleres y clausuró 32. Desde el Ministerio Público Fiscal, en tanto, indicaron que hicieron 110 allanamientos a talleres, secuestraron 340 máquinas y 2500 bultos de mercadería. La pena por la contravención se sanciona con una multa que va de cinco mil a 60 mil pesos y hasta 20 días de arresto.

"La marca Cheeky - vinculada a la familia de la primera dama, Juliana Awada- fue denunciada ante la Defensoría del Pueblo por la ONG La Alameda, de Gustavo Vera, durante el gobierno de Jorge Telerman".

 

En La Alameda, en tanto, calculan que existen tres mil talleres clandestinos en la Ciudad, que son usados por 113 marcas de ropa. Unas 30 mil personas trabajarían en condiciones infrahumanas, según los cálculos de la ONG de Gustavo Vera. Un informe del legislador José Cruz Campagnoli, de Nuevo Encuentro, apunta a la inacción del Gobierno porteño para controlar los talleres. En este informe, el legislador porteño advirtió que las respuestas del oficialismo a sus pedidos de informe sobre el tema no hacen más que “aportar nueva evidencia”. Indicó que, según respondieron funcionarios del Gobierno PRO, la cantidad de clausuras de 2015 supera la de los tres años anteriores seguidos “lo cual constituye una admisión de la profunda inacción a la que estaba sometida el área”. Sobre el caso del taller de la calle Páez, Campagnoli recordó que no fue inspeccionado porque, según el Gobierno porteño, “estaba siendo investigado por la Justicia, donde aparentemente se había realizado una denuncia”. Sin embargo, en octubre de 2014, la procuraduría de Trata y Explotación de Personas les había advertido que allí podía estar funcionando un taller clandestino. En el Gobierno porteño, en ese momento, se defendieron argumentando que no les pidieron explícitamente una inspección.

"La AGC afirma que están clausurando un taller clandestino cada cuatro días. Señalan que el año pasado hicieron 1153 inspecciones a talleres textiles y clausuraron 286, de los cuales 51 violaron la clausura".

Según el informe de Campagnoli, el trabajo no registrado se concentra en la zona sur de la Ciudad, donde el porcentaje de trabajadores en negro era en 2013 del 32,2 por ciento contra un 22,8 por ciento en la zona norte, según las estadísticas oficiales. El legislador advierte que las cifras del trabajo no registrado se mantuvieron estables en los últimos cinco años. “El debilitamiento de la inspección laboral y la notable incapacidad del Gobierno porteño de reducir el trabajo ilegal en su jurisdicción se relaciona claramente con la insuficiencia de personal abocado a realizar dichas tareas –sostiene Campagnoli- En efecto, para el año 2013 la dotación de inspectores para normativa laboral era de 31” para más de 1000 establecimientos.

Sobre este tema, tampoco hay que olvidarse, el presidente Macri hizo una reflexión cuando era jefe de Gobierno: "En la desesperación la gente se agarra de estos trabajos y encima se enoja con uno cuando va y los clausura. Uno dice: ‘La gente no puede trabajar en estas condiciones', y la gente te contesta: '¿Usted qué se mete? Si yo quiero trabajar así, déjeme' ". Laissez faire, laissez mourir.