NEGOCIADOS

La escuela que no fue

Por ley el Gobierno porteño debía construir una escuela junto al Club Atlanta. Sin embargo, el terreno fue ocupado por un microestadio en una maniobra en la que se sospecha de negociados con amigos del presidente. Un juez intimó a la gestión PRO a que informe sobre el avance de la obra.

Werner Pertot
En 2004 se aprobó una ley en la Legislatura para expropiar los terrenos del Club de Atlanta y destinar una parte a construir un polideportivo, otra a hacer una escuela y el resto a un centro cultural y un espacio verde. Sin embargo, la escuela nunca se construyó. En su lugar, un microestadio ocupó todo el terreno, en un negociado que arroja sospechas sobre ex funcionarios porteños, funcionarios nacionales y amigos del presidente Mauricio Macri. El auditor Facundo del Gaiso presentó un amparo y el juez Pablo Mantaras intimó al Gobierno porteño a que explique qué está haciendo para cumplir con la ley que los obligaba a construir una escuela.

Durante el gobierno de Aníbal Ibarra, se votó en la Legislatura con el apoyo de 43 de sus diputados la expropiación de los terrenos, luego de que los hinchas de Atlanta hicieran sucesivas marchas. El predio del club se encontraba en mal estado, cubierto de malezas y abandonado. La expropiación se concretó durante la breve gestión de Jorge Telerman, tras una reyerta judicial por el precio a pagar. El Gobierno porteño tomó posesión de los terrenos en diciembre de 2006. Ya en el gobierno porteño de Macri, en septiembre de 2010, se firmó un comodato con el Club Atlanta para que pudiera avanzar con las obras. En el convenio se estableció que el club debía dejar 2500 metros cuadrados para la construcción de una escuela primaria, cuya ejecución estaba a cargo del Ministerio de Educación porteño. Otro 10 por ciento debía ser destinado como espacio verde. Por supuesto, nada de esto ocurrió. 

"En 2004 se aprobó una ley en la Legislatura para expropiar los terrenos del Club de Atlanta y destinar una parte a construir un polideportivo, otra a hacer una escuela y el resto a un centro cultural y un espacio verde. Sin embargo, la escuela nunca se construyó".



A partir de ese momento, se avanzó en la construcción de un microestadio de 17 mil metros cuadrados para 10 mil personas, con la idea de traer artistas internacionales allí. No bien se firmó el convenio con el Gobierno porteño, Atlanta hizo un acuerdo con Lugones Center S.A. para avanzar con la obra, que se basaba en un expediente de 1969 que -según la normativa vigente- había caducado en 1971. Eso no le impidió a la empresa Lugones Center S.A. conseguir un préstamo del Banco Ciudad por 107 millones de pesos. Según el acuerdo que hicieron con el club, esta empresa explotará el Atlanta Arena Center (también conocido como el Luna Park de Villa Crespo) por 20 años, cuando se trataba de terrenos expropiados por el Estado para que el Club Atlanta tuviera su sede social y deportiva. 

"La empresa Lugones Center S.A. explotará el Atlanta Arena Center por 20 años, cuando se trataba de terrenos expropiados por el Estado para que Atlanta tuviera su sede social y deportiva. La empresa tiene inscripto en la ANSES la totalidad de 1 (un) empleado, una cifra exigua para una compañía que recibió 107 millones del Banco Ciudad para construir un microestadio".

 

¿Quiénes son los dueños de esta empresa? El auditor de la Coalición Cívica Facundo del Gaiso hizo una productiva investigación sobre esa sociedad. Según pudo establecer en base a las actas de las asambleas de la empresa del 8 de agosto y 4 de noviembre de 2014, el director suplente paso a ser Osmar Rubén Alza, quien tuvo el cargo de de director del área legal y técnica de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) porteña y de director de Planeamiento y Relaciones Institucionales del Teatro Colón. Los dos cargos fueron de la mano del paso por esas dos áreas del Gobierno porteño de Javier Ibañez, el ex director de la AGC, recordado por las imágenes que lo muestran con un cinturón en la mano en una pelea entre la barra brava de Atlanta y la de Chacarita. Ibañez era vocal del club Atlanta y actualmente el presidente Macri lo designó al frente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Según pudo comprobar Del Gaiso, la empresa Lugones Center tiene inscripto en la ANSES la totalidad de 1 (un) empleado, una cifra un tanto exigua para una compañía que recibió 107 millones del Banco Ciudad para construir un microestadio. 

"La empreas Arena MKT fue creada para comercializar eventos y vender tickets para el microestadio. En ésta aparece el actor Martín Seefeld, amigo personal del presidente Macri".



Pero a partir de marzo de 2014 las cosas se ponen más extrañas: se constituye el fideicomiso Lugones Center, integrado por la empresa Lugones Center S.A. y se crea para administrarlo la empresa Arena Center SRL. Entre los directivos de esta última está Diego Enríquez –socio de Alza en otras empresas-, Miguel José Mancini y Rafael Mancini. Estos dos últimos son el padre y el hermano de la modelo Raquel Mancini. Una tercera empresa (Arena MKT) fue creada para comercializar eventos y vender tickets para el microestadio. En esta última aparece el actor Martín Seefeld, amigo personal del presidente Macri. Seefeld es ex marido de Raquel Mancini y hermano de un director de SBASE.

La construcción del microestadio de Atlanta esconde un negociado entre empresarios y ex funcionarios del PRO, donde son víctimas el Club Atlanta y los niños de la zona. Por el desinterés del Ministerio de Educación no se construyó la escuela inicial que según establece la ley se debía construir en ese terreno”, advirtió Del Gaiso, que presentó un amparo por ese motivo. En la causa que se abrió, el juez Mantaras intimó en tres oportunidades al Gobierno porteño. En la última, la semana pasada, ordenó que los planos, los pliegos y todo lo referente a la construcción de la escuela que nunca hicieron y que ya no pueden hacer porque el estadio ocupó ese terreno sobre la calle Humboldt. A pedido del auditor, el magistrado también requirió a la gestión PRO que informe “el número de solicitudes de vacantes en esa zona de la Ciudad, si todas esas peticiones tuvieron resultado favorable o si, por el contrario, cuál ha sido el porcentaje que ha sido necesario reubicar en otras zonas de la Ciudad por carencia de vacantes”. El juez estableció una multa diaria si no se responden esos interrogantes. Como es de 100 pesos por día, es probable que se tomen su tiempo para contestar.

COMENTARIOS



UBICACIÓN