La familia amarilla

El Gobierno de la Ciudad paga un subsidio a miles de familias para que vivan en hoteles o pensiones. Según el último dato disponible, de hace dos años, eran 13 mil personas las que residían en estas condiciones (unas 7200 familias). A lo largo de los años, incluso antes de la llegada del macrismo, se cuestionaban las condiciones en las que están los lugares a los que les paga el Gobierno porteño. Un caso permite ver con más claridad esto: la familia Amarilla, de 12 personas, reclama hace más de cuatro años que se los ubique en un lugar con condiciones mínimas de salubridad y habitabilidad. Son dos adultos y nueve menores. Viven en un hotel de Constitución sin baños, sin heladera, con instalaciones eléctricas peligrosas. Por los tres cuartos que ocupan, el dueño del hotel se lleva 13 mil pesos. En una inspección judicial se descubrió que el hotel estaba clausurado por el propio Gobierno porteño, que sigue pagando y se reúsa a acatar un fallo judicial que los obliga a reubicarlos. Las imágenes que acompañan esta columna muestran las condiciones en la que está el hotel y dejan en claro quién tiene razón en esta disputa.

La familia amarilla, de 12 personas, reclama hace años que se la ubique en un lugar que cumpla con las condiciones mínimas de salubridad. Vive en un hotel de Constitución sin baño, heladera y peligrosa instalación eléctrica, clausurado por el propio Gobierno porteño.

Un informe de la Auditoría General de la Ciudad, que preside Cecilia Segura, sobre el apoyo a familias en situación de calle indica que el Gobierno porteño tenía un presupuesto de 70 millones de pesos para los que vivían en hoteles y resguardaba a unas 13.875 personas. Ese informe, aprobado el año pasado, encontró las siguientes falencias:

* Ausencia de control y archivo de los recibos de alquileres presentados mensualmente por los titulares del beneficio no judicializados.

* Ausencia de información confiable respecto de la cantidad de personas que perciben el beneficio.

* Ausencia de estadísticas sobre familias que obtuvieron el beneficio bajo la forma de “salida estable”.

* Archivo incompleto de los legajos de los beneficiarios.

* Ausencia de registro de los casos denominados “pendientes”.

La Defensoría del Pueblo registró números similares en otro informe habitacional, aunque el Gobierno porteño dio respuestas distintas en cuanto a la cantidad de beneficiarios a los organismos de control y en las causas judiciales. El programa de ayuda a personas en situación de calle fue creado en 2006, fue modificado en diversas oportunidades por el macrismo y hasta fue objeto de un fallo del Tribunal Superior de Justicia que declaró inconstitucional algunas de las disposiciones. Por este programa, el Gobierno porteño otorga un subsidio de hasta 10.800 pesos en seis cuotas mensuales. Luego, las familias deben recurrir al Poder Judicial para no volver a quedar en la calle. La situación se repite sistemáticamente.

El Gobierno porteño paga 10.500 pesos al dueño del hotel para que vivan en esas condiciones. Además, el dueño le exige otros 2.500 pesos a la familia de cartoneros. En total, 13 mil pesos, que ronda el alquiler de un departamento en mejores condiciones.

En el caso de la familia Amarilla se puede ver con claridad cómo pasaron de la situación de calle a vivir en un hotel, pero todavía con condiciones deplorables. Se trata de una familia de 12 personas. Los padres sobreviven trabajando como cartoneros. Lo curioso (por usar alguna palabra) es que el Gobierno porteño paga 10.500 pesos al dueño del hotel para que vivan en esas condiciones. Además, el dueño le exige otros 2.500 pesos a la familia de cartoneros. En total, 13 mil pesos, que ronda el alquiler de un departamento en condiciones mucho mejores que lo que se puede apreciar en las imágenes. 

La semana pasada el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, fue multado con cinco mil pesos por cada día en el que no acate el fallo dispuesto por el juez Andrés Gallardo, a quien los macristas recusaron y apartaron de la causa. El magistrado había dispuesto que se reubicara a la familia para que no viviera en esas condiciones y que, mientras tanto, les dieran los elementos básicos: una heladera para que los alimentos que tienen no se pudran; camas para que no sigan durmiendo en colchones en el piso, el arreglo de las instalaciones eléctricas. El Gobierno porteño ofreció, por toda solución, trasladarlos a un lugar más pequeño. Luego apeló la orden de entregar los colchones y, pese a que la apelación no suspende la sentencia, no la acató. De allí, la multa a Larreta.

Mientras tanto María Inés Amarilla, su marido y los nueve menores que viven con ellos siguen en las mismas condiciones en el hotel de Constitución. El estado del lugar fue comprobado por el juez en una inspección ocular. Allí Gallardo descubrió una faja de clausura de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), que estaba oculta por un panel. Luego pudo comprobar que, en efecto, el sitio estaba violando una clausura de la AGC, que depende el Gobierno porteño. Pese a esto, la gestión PRO continúa pagando por las habitaciones y mantiene a esa familia en esas condiciones.

Horacio Rodríguez Larreta fue multado con cinco mil pesos por cada día en que no acate el fallo del juez Andrés Gallardo que ordena al Gobierno porteño que reubique a la familia Amarilla en un mejor lugar.

El lunes de la semana pasada, el juez volvió a ordenar que se constatara si el Gobierno porteño había cumplido la disposición de trasladarlos. Allí comprobó que la orden judicial seguía sin cumplirse. En el acta de la inspección judicial, se dejaron en claro las condiciones en las que están: “Las habitaciones siguen en el mismo estado, con colchones en muy malas condiciones, humedad en las paredes, falta de sábanas, ropa de abrigo. Las habitaciones están heladas. Es imposible acceder a artefactos que proporcionen calefacción, porque las deficientes instalaciones imposibilitarían su conexión. El baño sigue con el caño suelto de agua, sin conexión”. También, se consignó que una de las niñas estaba con mucha tos debido al frío.

En el fallo en el que multó a Larreta, antes de que lo recusen, Gallardo indicó que “el incumplimiento reviste extrema gravedad, dado que la señora María Inés Amarilla y su familia se encuentran viviendo en condiciones de extrema precariedad. Se trata de proveer de algunos elementos básicos para su subsistencia, tales como colchones, ropa de abrigo y una heladera”. Y dejó en claro sus sospechas de connivencia con el dueño del lugar, dado que pagan “una suma desmesurada y sugestivamente elevada al dueño del hotel, aún a sabiendas de que dicho hotel se encuentra clausurado por el propio Gobierno y a todas luces inhabitable”. El juez no dudó en calificar esto de corrupción, que tiene como responsables a “quienes pagan semejantes sumas de dinero público a un particular. Esa corrupción, obviamente, será denunciada para que la Justicia penal la investigue”.

Si bien es cierto que la situación de las familias en hoteles y pensiones precede al macrismo, también lo es que hace más de ocho años que gobiernan. Sería importante que, en lugar de apelar fallos y dilatar las decisiones, el Gobierno porteño se ocupe de una buena vez de que las personas a las que se busca ayudar a salir de una situación de calle no vivan en condiciones infrahumanas.