Violencia de género: el desafío de promover derechos

En nuestro país, a lo largo de muchas décadas y como consecuencia de la organización de miles de compañeras y compañeros que tomaron en sus manos la lucha por la ampliación y el reconocimiento de derechos de todas y todos, se ha logrado imponer como una de las principales prioridades la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género. Así es como en el plano legislativo se aprobaron importantes leyes como la Ley de Protección Integral a las Mujeres, que se ha convertido junto con la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en el marco jurídico desde donde las y los legisladores del país buscamos ampliar derechos negados a las mujeres.

Estos avances no han sido lineales, ni tampoco hemos dejado de ver cientos de casos en que mujeres son golpeadas, quemadas o asesinadas a manos de hombres que se sienten con el derecho de quitarles la vida por una convicción de superioridad y poder sobre otro género. Algo que lamentablemente es alimentado a diario por los medios de comunicación y por qué no decirlo, por sectores de la política argentina. Pero aquello que hace muchos años era visto con cierta normalidad o acompañado por un silencio cómplice, hoy es enfrentado por un repudio generalizado. Todo esto gracias a la gran movilización popular, principalmente de mujeres, que han puesto como eje de debate que una democracia no se puede construir sobre los principios del patriarcado.

La violencia de género tiene distintos niveles, y es fundamental para combatirla el apoyo de la sociedad en su conjunto, y de las instituciones estatales para que las víctimas puedan hacerle frente y salir de ese infierno.

Es con esta idea que hemos presentado un proyecto de Ley en la Legislatura Porteña para crear la Licencia Laboral por Violencia de Género destinada a las trabajadoras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se encuentren comprendidas en el régimen de empleo público. Entendemos que no puede ser exclusivo de un sector del Estado, y por lo tanto en la Ley se invita a adherir al Poder Judicial de la Ciudad, así como también a las trabajadoras del Poder Legislativo y al Sector Privado.

La propuesta intenta reglamentar una cuestión tan básica como permitirle justificar su licencia o las faltas de puntualidad en el horario de trabajo a las trabajadoras que sufran distintos episodios de violencia de género. El marco legal estipula que la licencia se otorgará por un plazo máximo de 90 días, y en todos los casos será con goce de haberes.

Algo fundamental es que ante este pedido el empleador procurará preservar el derecho a la intimidad de la trabajadora. Y dependiendo de la complejidad del caso y una vez cumplido el plazo, el empleador deberá prorrogar la licencia así como también analizar la posibilidad de una reducción en la jornada laboral, la readecuación del tiempo de trabajo o el lugar de prestación del mismo, sin que ello afecte los haberes que se perciben. A su vez la trabajadora podrá solicitar una reubicación de su puesto de trabajo en otra dependencia u oficina a fin de obtener una protección a su seguridad personal.

Asimismo, una vez otorgada esta licencia se dispondrán medidas para el acompañamiento, seguimiento y abordaje integral a través de los organismos competentes. Y si debiera mudarse la trabajadora podrá solicitar un aporte que se encontrará a cargo del empleador para afrontar gastos tales como alquiler o compra de elementos básicos para el funcionamiento normal de la vivienda y el grupo familiar. El aporte será otorgado por única vez y constará como mínimo de 2 salarios del mes más alto que la trabajadora recibe en el año.

Combatir la violencia de género es también otorgarles herramientas a sus víctimas para lograr salir de ella. No valen los discursos retóricos que no son apuntalados por medidas reales que ayuden a las víctimas. Nuestra labor como legisladores nos impone encontrar esas soluciones, e intentar conseguir el apoyo necesario para que se conviertan en Ley. Entendemos que los diversos bloques de la Ciudad acompañarán esta propuesta, dejando de lado las diferencias que puedan separarnos. Este flagelo necesita de una respuesta unida y contundente, que contemple las necesidades económicas de las trabajadoras que son víctimas de la violencia que impone este sistema patriarcal.