Quieren avanzar en la urbanización de la Villa 20 en Villa Lugano

Para los vecinos de la Villa 20, en Villa Lugano, el proyecto de urbanización que el Gobierno porteño tenía planeado ejecutar en el aledaño predio Papa Francisco, “era una solución inadecuada”. Objetaron el diseño presentado y el tipo de materiales previstos, y además reclamaron por no haber sido invitados a participar de la discusión.
 
Tras esos cuestionamientos, el Gobierno de la Ciudad decidió descartar la iniciativa pese a ya haber llamado a un concurso y elegido dos ganadores. También convocó a los vecinos a evaluar una nueva propuesta.
 
"Creemos que la solución ofrecida no era adecuada para nuestra realidad. Queremos materiales tradicionales: cemento y ladrillo. Nada de innovaciones o propuestas extrañas", dijo a La Nación Eric Campuzano, vecino y secretario de Tierra y Vivienda de la Mesa de Reurbanización. Y recordó que aquel proyecto nunca fue presentado a la junta de vecinos para que lo considerara.
 
El terreno de Pola y Fernández de la Cruz fue tomado en febrero de 2014 por 700 familias, que lo bautizaron como barrio Papa Francisco. La ocupación duró seis meses y concluyó con un desalojo compulsivo coordinado entre la Policía Metropolitana y la Gendarmería Nacional. Enseguida, la jueza federal Elena Liberatori ordenó la urbanización del predio de 12 hectáreas.
 
En rigor, la toma obedeció al reclamo por el incumplimiento de la ley 1770, que en 2005 ordenó urbanizar esa villa, donde se calcula que viven más de 40.000 personas.
 
Con el fin de construir 1000 viviendas sociales en Papa Francisco, el Gobierno porteño seleccionó dos proyectos, surgidos tras llamados a concursos. Allí se irían mudando las familias de la Villa 20 que no pudieran permanecer en sus casas durante las futuras tareas de urbanización del asentamiento, que aún no tienen fecha.
 
El plan oficial era ejecutar esas 1000 unidades en cuatro etapas de 250 cada una. El Gobierno porteño abrió junto con la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) cuatro concursos con el objetivo de seleccionar una propuesta para cada módulo.
 
Del primer concurso (al que se presentaron 50 participantes) resultó ganador el estudio Bares. El segundo concurso (con 77 participantes) fue ganado por los arquitectos Matías Beccar Varela y Miguel Altuna. Tras descartar la ejecución de ambos proyectos, el gobierno porteño canceló las dos convocatorias restantes.
 
Enrique Bares, asesor del proyecto de su estudio, explicó a La Nación que siguieron con rigor el master plan formulado por la Ciudad y que presentaron un sistema de construcción "muy tradicional": hormigón y mampostería. "La única innovación fue que incluimos techos verdes: una capa de tierra para lograr una optimización térmica y ahorrar energía". Para el interior de las viviendas propusieron un sistema de tabiques movibles que permiten distintas combinaciones.
 
Los proyectos descartados eran "muy buenos a nivel arquitectónico, pero tenían inconvenientes al momento de llevarlos al territorio", respondió a La Nación Franco Moccia, ministro de Desarrollo Urbano porteño, que supervisa el plan. Confirmó que existieron objeciones de los vecinos: "Probablemente se deba a un déficit de nuestra parte al momento de plantear las bases del concurso", admitió. Recordó que el resultado de los concursos no es vinculante, por lo que la Ciudad no está obligada a ejecutar las propuestas ganadoras.
 
El gobierno porteño respetó el pago de los premios correspondientes por un total cercano a $ l.000.000. "Todas las erogaciones fueron transferidas a la Sociedad Central de Arquitectos en octubre del año pasado. El segundo pago se realizará una vez que los ganadores presenten la documentación necesaria ante el ministerio", indicó Moccia. Este segundo desembolso superaría los $ 600.000.
 
Alejandro Amor, defensor del pueblo de la Ciudad, también criticó las características del master plan oficial: "Por la altura de las edificaciones y la densidad habitacional estipuladas en las bases de los concursos, la urbanización se iba a convertir en un gueto", advirtió.
 
La cancelación de los concursos tercero y cuarto originó que la legisladora Paula Oliveto (Coalición Cívica) presentara a principios de julio un pedido de informe para que el Poder Ejecutivo explique los motivos de la decisión y el futuro de las etapas 1 y 2. La Ciudad todavía no había anunciado que no los ejecutaría.
 
Para reemplazar los proyectos suspendidos, el Intituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) retomaría otro que había sido presentado en la Legislatura hace dos años, de los arquitectos Beatriz Pedro y Miguel Estrella, que asigna mucha participación a los vecinos, según explicó a La Nación la legisladora del Frente para la Victoria Paula Penacca, vicepresidenta de la Comisión de Vivienda.