- Opinion
- 11.09.2016
DERRUMBESRemedios de Escalada al 500
Derrumbes: Con Larreta también
Un nuevo derrumbe en una obra en construcción pone en debate el sistema de controles del Gobierno porteño ante los negocios inmobiliarios con pocos escrúpulos.
"Tenía 26 años. Se llamaba Richard Alcaraz. Vino de Paraguay a ganarse la vida. Trabajaba de albañil. Murió aplastado por escombros en una obra en construcción en Villa Crespo. Era una persona, que tenía una familia y una vida".
“Obra de demolición parcial y ampliación de obras con destino de garaje y canchas de Fútbol 5.” Así está inscripta en Catastro la construcción donde ayer murió Alcaraz. Queda en Remedios de Escalada al 500. El viernes venían socavando la medianera cuando una pared de 45 centímetros de espesor y 5 metros de alto se derrumbó. En los días previos, los vecinos habían denunciado grietas. Pero en este caso, lo más elocuente fue el testimonio de los albañiles, sin el filtro de los informes técnicos. Repasemos qué fue lo que dijeron:
*“Todos los días riesgos. Todos los días pasamos riesgo. El trabajo se tiene que terminar. Esta semana ya teníamos que terminar el hormigonado. Sabíamos que la medianera estaba mal. Nadie nos escuchó”.
*“Lo sabíamos. Capaz que los arquitectos mismos lo sabían”.
*“Richard tiene familia. Era mi amigo. Jugábamos al fútbol y todo. Lamentablemente se fue”.
*“Venían hasta el portón y después se iban. No hay controles. Hay seguridad que viene, pero no sé cuándo fue el último control. Se podía haber evitado, fácilmente”.
* “Control, control, así, estricto, no hay. Hay seguridad que viene, te dice que te cuides y uses arnés. Ni idea cuándo fue la última inspección”.
¿Cuál fue la respuesta articulada del Gobierno porteño ante esto? Desmentir todo. La AGC indicó en un comunicado que la obra “se encontraba registrada y no presentaba ninguna denuncia”. “Había sido verificada, sin observar irregularidades, en cinco ocasiones por la Agencia Gubernamental de Control y en seis oportunidades por la Subsecretaría de Trabajo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, aseguraron. Dieron precisiones de fechas: la primera inspección fue el 12 de marzo del año pasado, seguidas de otras dos cuando se hizo la demolición el 10 y 11 de junio de 2015. Hubo una cuarta el 21 de enero durante la excavación y una última el 16 de junio. Hace casi tres meses. Tenían otra prevista, sostuvieron, para el 21 de este mes. La Dirección General de Fiscalización y Control de Obras (DGFYCO) clausuró la obra después del derrumbe. Desde la subsecretaría de Trabajo indicaron que en una inspección el 13 de junio encontraron irregularidades en la seguridad, pero que en otra inspección el 29 del mismo mes se encontraron que ya habían sido subsanadas. La dirección de Protección del Trabajo tiene al frente a Fernando Cohen, el mismo que apareció en una cámara oculta difundida por C5N diciendo que no clausuraban obras por pedido de Macri. También fue cuestionado por el entonces auditor Eduardo Epszteyn por su actuación en el derrumbe de Iron Mountain.
¿Cuál fue la respuesta articulada del Gobierno porteño ante esto? Desmentir todo. La AGC indicó en un comunicado que la obra “se encontraba registrada y no presentaba ninguna denuncia”.
La Unión Obrera de la Construcción (Uocra), no obstante, aseguró que hizo tres denuncias por esta obra. La última fue el 26 de mayo de este año por siete irregularidades, una de ellas era que “faltaba apuntalar los muros medianeros”. Desde el Gobierno porteño sostuvieron que después de esa denuncia se hicieron dos inspecciones y en la última encontraron todo en orden. La Auditoría General de la Ciudad también salió al cruce de la información oficial. Indicó que la muerte del albañil “vuelve a poner en el centro de las miradas el control del Estado porteño sobre las obras en construcción”. La presidenta de la Auditoría, Cecilia Segura, indicó que hace años que alertan “respecto a ineficiencias y anomalías en la AGC sin una respuesta adecuada por parte del Gobierno de la Ciudad”. Sobre todo, pusieron el eje en la falta de un número adecuado de inspectores para hacer un control efectivo sobre las obras.
El problema es que la muerte y el derrumbe de ayer se inscriben en una historia demasiadas veces repetida que tiene como centro el debate sobre los controles ante la especulación inmobiliaria y las construcciones que se hacen sin los mínimos recaudos. Esto ha llevado a una extensa serie de hechos -algunos de ellos, por suerte, sin víctimas fatales- que hacen sistema. El más recordado fue el derrumbe del Gimnasio de Villa Urquiza en agosto de 2010, en el que murieron tres personas.
Algunas similitudes saltan a la vista: en la causa en la que se procesó al empresario y al ingeniero a cargo de la obra, quedó probado que no se cumplieron con los recaudos en la excavación y submuración; apenas reGresó de un viaje por Europa, el entonces jefe de Gobierno Mauricio Macri aseguró que “se hicieron todos los controles” y que no iba a remover a ninguno de sus funcionarios. Pero poco después echó al entonces titular de la AGC, Raúl Oscar Ríos. Lo desplazó porque se hizo público que mientras el Gobierno porteño estaba concentrado en el derrumbe, Ríos estaba participando de una reunión de la comisión directiva de Boca Juniors. Nadie le preguntó al entonces jefe de Gobierno y ahora presidente qué hacía un directivo de Boca manejando la AGC. Pero por más que haya cambiado las caras, las lógicas continuaron. En otro derrumbe en Villa Urquiza, en agosto de 2013 murió un obrero de 25 años. En los dos casos había habido denuncias previas. Al menos otros 35 derrumbes en obras en construcción se sucedieron después de ese, según los registros de la UOCRA, lo cual parece hablarnos de un sistema de controles que todavía sigue fallando. Y que hoy vuelve a estar en el centro del debate.
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