Doble o nada

La semana pasada el Gobierno de la Ciudad decidió subir a 750 pesos el costo del acarreo. Lo curioso es que el negocio sigue siendo hegemonizado por dos empresas que se llevan todo el dinero y le pagan al Estado un canon irrisorio. Más llamativo aún es que el Gobierno porteño le sigue pagando a las dos empresas un subsidio encubierto a través de la dirección de Concesiones, que este año va camino a duplicar el monto del año pasado. Los automovilistas porteños piden a gritos que venga Bombita Darín a reinvindicarlos, porque el negocio de las grúas salvajes sigue más vigente que nunca.

La concesión de las grúas es una de las más de 600 concesiones que tiene el Gobierno porteño, algunas de ellas un tanto inexplicables como contó Nueva Ciudad en este informe especial. Quizás una de las más irritantes es la de las grúas, que tuvo su propio lugar en la película Relatos salvajes. Como detallamos aquí mismo hace unos meses, las dos empresas de grúas Dakota y BRD tienen la concesión desde 1991, cuando el intendente era Carlos Grosso, recordado por su extenso prontuario. Las denuncias de corrupción le costaron el cargo Grosso, pero el negociado de las grúas sigue hasta hoy. El acuerdo fue redondo: el Estado bobo recibía las migajas y las empresas se llevaban la parte del león, es decir, todo el dinero del acarreo. La licitación se venció en 2001, pero no importó: continúa hasta estos días con el mismo esquema. Los dueños que figuran en los papeles oficiales de esas dos empresas son Marcelo Violante (Dakota) y Bernardo Pérez (BRD).

El año pasado recibieron 76 millones de pesos (Dakota obtuvo 39 millones de pesos y BRD, 37 millones). En tanto, las empresas pagan un canon de 55 mil pesos mensuales. Prácticamente, un chiste.

 

Durante el gobierno de Jorge Telerman consiguieron, además, un subsidio del Estado que tenía como argumento que la tarifa estaba congelada. Hoy lo siguen cobrando, pese a los aumentos constantes (contantes y sonantes) de la tarifa de acarreo. Hagamos un rápido repaso: la tarifa era de 190 pesos hasta febrero de 2012, cuando subió a 350. En 2014, lo incrementaron a 450 y en diciembre de 2014 volvió a trepar, hasta los 580 pesos. Por un amparo, ese aumento recién se implementó en diciembre del año pasado. Y, hace unos días, el Gobierno de la Ciudad anunció que la tarifa del acarreo se iría de 580 a 750 pesos. Y que, además, el costo del parquímetro se irá de 4 a 8 pesos. Esto ocurrirá, eso sí, luego de que se haga la audiencia pública correspondiente (en este aspecto, el PRO ya decidió curarse en salud tras el fallo adverso de la Corte por las tarifas del gas).

A este esquema menemista, muy beneficioso para las empresas y perjudicial para el Estado, hay que sumarle entonces que siguen cobrando ese subsidio, que se presenta como pagos de concesiones por alquiler de camiones. Como descubrió en su momento el auditor Eduardo Epszteyn, los montos son casi iguales para las dos empresas y se parecen más a una cuota mes a mes que a un pago puntual por un servicio de alquiler de vehículos, como figura en las órdenes de pago.

Entre 2008 y 2014, embolsaron 122 millones del Estado, además del dinero del acarreo. El año pasado, sin ir más lejos, recibieron 76 millones de pesos (Dakota obtuvo 39 millones de pesos y BRD, 37 millones). En tanto, las empresas pagan un canon de 55 mil pesos mensuales. Prácticamente, un chiste.

El negocio, no obstante, no para de superarse: este año, ese subsidio oculto va camino a duplicarse. Doble o me llevo tu auto. Según pudo constatar el auditor Facundo del Gaiso, el Gobierno porteño ya transfirió este año a las dos empresas 96 millones de pesos de una partida que tenía como presupuesto aprobado por la Legislatura para todo el año un total de 10 mil pesos. Esto lo hizo a través de tres requerimientos de modificación presupuestaria (por 23, 45 y 32 millones de pesos) por lo que aumentó esa partida hasta llegar a 100 millones de pesos: un incremento de un millón por ciento de la cuenta destinada a las empresas de grúas.

Según constató el auditor Facundo del Gaiso, "la dirección de Concesiones cobra 55 mil pesos y paga 100 millones en forma de subsidio encubierto" y "este año va camino a ser el doble".

Detengámonos un segundo en este dato: un aumento de un millón por ciento no es algo que se vea todos los días. Dos de esas modificaciones presupuestarias figuran publicadas en el Boletín Oficial porteño y la tercera, todavía no. Entre los fondos destinados a las dos empresas de grúas, aparece incluso un programa del ministerio de Hacienda destinado a salud. También hay órdenes de pago de la secretaría de Hábitat e Inclusión, el Ministerio de Desarrollo Económico y la subsecretaría de Trabajo, aunque el grueso del dinero proviene de la dirección de Concesiones. Desde esa oficina, habían señalado a Nueva Ciudad que ellos sólo firmaban los gastos que le giraban desde Transporte, lo cual suma opacidad al negocio de las empresas de grúas.

“La dirección de Concesiones cobra 55 mil pesos y paga 100 millones en forma de subsidio encubierto. Están pagado desde obligaciones del tesoro transferidos a Concesiones. Todo es irregular y muy poco claro”, consideró el auditor Del Gaiso. El año pasado ya se llevaron 76 millones con ese mecanismo. “Este año va camino a ser el doble”, señaló.

Además de esto, las empresas negociaron que el Estado les pague las multas impagas de autos acarreados. Esto lo negociaron con el entonces director de Concesiones, Gabriel Astarloa, que hoy es el procurador porteño. Paradójicamente, el macrismo impulsó una reforma del sistema de parquímetros que permite ampliar el estacionamiento medido a casi la mitad de la Ciudad de Buenos Aires, pero –a su vez- termina con el negocio de estas empresas y hace que el Estado sea el que empiece a recibir el dinero del acarreo. No obstante, la licitación para terminar con el monopolio de las dos empresas que vienen del menemismo profundo nunca se concretó y hasta hoy continúa el mismo esquema de la época de Grosso.